El Consejo de Ministros ha aprobado este 13 de noviembre la creación de 500 nuevas plazas de jueces y 200 de fiscales para 2027, una medida que supondrá ampliar un 7,8% la planta judicial y un 6,6% la plantilla del Ministerio Fiscal, según ha informado el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.
La decisión se suma a las 700 plazas aprobadas el pasado mes de julio para 2026. De esta manera, el Ejecutivo habrá creado 1.400 plazas en dos años: 1.000 de jueces y 400 de fiscales.
El Ministerio destaca la magnitud de esta ampliación y asegura que supera las 930 plazas creadas durante los 15 años anteriores. El Gobierno vincula este incremento a la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, que ha permitido introducir cambios en la organización de los órganos judiciales.
La distribución se ha establecido atendiendo a tres criterios: carga de trabajo, litigiosidad y población. También se han tenido en cuenta las aportaciones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la Fiscalía, las comunidades autónomas con competencias transferidas y los tribunales superiores de justicia.
Las jurisdicciones civil y social concentran buena parte de las nuevas plazas
El refuerzo de la planta judicial tendrá especial incidencia en los órganos que conocen de asuntos civiles y laborales.
En concreto, la jurisdicción civil recibirá 142 nuevas plazas, de las cuales 81 se incorporarán a los Tribunales de Instancia y 61 a las Audiencias Provinciales.
Por su parte, la jurisdicción social contará con 104 nuevas plazas, mientras que la penal dispondrá de otras 96.
La ampliación también contempla 87 plazas para órganos mixtos, tanto en Audiencias Provinciales como en Tribunales de Instancia de provincias y localidades de menor tamaño.
A ellas se añaden 30 plazas de adscripción territorial, cuya particularidad es que, aunque están vinculadas a un determinado territorio, pueden desplazarse dentro de su ámbito de actuación en función de las necesidades derivadas de la carga de trabajo.
Esta fórmula introduce un componente de flexibilidad en la distribución de los efectivos judiciales, al permitir adaptar su destino a la evolución de los asuntos que deben resolver los órganos jurisdiccionales.
Violencia sobre la Mujer y Andalucía, las más beneficiadas
Otro de los ámbitos reforzados será el de las secciones de Violencia sobre la Mujer, a las que se destinarán 18 nuevas plazas.
Según los datos facilitados por el Ministerio, el número de plazas en estas secciones habrá pasado de 121 a 197 en dos años, lo que representa un incremento acumulado del 62,8%.
El acuerdo también contempla seis nuevas plazas para las secciones de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia, además de cuatro destinadas a la Audiencia Nacional y otras 19 para los Tribunales Superiores de Justicia.
Desde el punto de vista territorial, Andalucía y Cataluña serán las comunidades autónomas con mayor número de nuevas plazas de jueces, con 94 cada una.
Les seguirán la Comunidad de Madrid, con 74, y la Comunidad Valenciana, con 53.
El Ministerio señala que esta distribución responde a las necesidades de refuerzo detectadas en los distintos territorios y a los indicadores de actividad judicial utilizados para determinar las asignaciones.
Estas cuatro comunidades concentran así una parte destacada de la ampliación aprobada para 2027.
La Fiscalía aumentará su plantilla un 6,6%
En paralelo, el Gobierno ha autorizado la creación de 200 nuevas plazas de fiscales, que se repartirán entre las comunidades autónomas y los órganos centrales del Ministerio Fiscal.
Cataluña será el territorio que recibirá el mayor refuerzo, con 47 nuevas plazas, equivalentes a un incremento del 9,9% de su plantilla.
A continuación se situarán Andalucía, con 31 plazas adicionales y un crecimiento del 5,6%, y Madrid, con 26 nuevas plazas y un aumento del 6,9%.
Con esta ampliación, las plazas de fiscales creadas para los ejercicios 2026 y 2027 alcanzarán las 400, de acuerdo con el balance ofrecido por el Ejecutivo.
La medida se integra en el proceso de transformación del Servicio Público de Justicia impulsado por el Ministerio, que combina reformas procesales, organizativas y digitales.
El comunicado ministerial, sin embargo, no concreta el calendario de cobertura efectiva de las nuevas plazas ni los procedimientos previstos para su provisión.
Por tanto, el acuerdo establece la ampliación de la planta judicial y de la plantilla fiscal, mientras que su incorporación efectiva al funcionamiento de los órganos judiciales dependerá de los correspondientes procesos de provisión.
