La Comunidad de Madrid considera insuficiente la creación de 74 nuevas plazas de jueces para 2027, anunciada este viernes por el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y reclama que se alcance, como mínimo, la cifra de 158 plazas solicitadas con carácter urgente por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).
El Gobierno regional ha expresado su disconformidad con el reparto aprobado por el Consejo de Ministros extraordinario del 13 de noviembre, al entender que no responde a las necesidades de personal identificadas por el propio tribunal.
Además, recuerda que la planificación judicial contempla otras necesidades adicionales de 350 nuevas plazas de jueces para los próximos cuatro o cinco años, por lo que considera necesario abordar el incremento de efectivos desde una perspectiva plurianual.
El Ejecutivo autonómico advierte de que la ampliación anunciada no garantiza la cobertura efectiva de las plazas ni la disponibilidad de los medios personales y materiales necesarios para su puesta en funcionamiento.
Madrid reclama 2.400 funcionarios de Justicia durante los próximos tres años
Una de las principales reivindicaciones de la Comunidad de Madrid es que la creación de plazas judiciales vaya acompañada del correspondiente incremento de funcionarios.
En concreto, solicita una programación de ofertas de empleo público que permita incorporar aproximadamente 800 funcionarios anuales durante los próximos tres años, lo que supondría un total de 2.400 efectivos.
El Gobierno regional considera que el aumento de jueces debe coordinarse con las necesidades de los distintos cuerpos que intervienen en el funcionamiento de los órganos judiciales.
Por ello, reclama que se realice un estudio específico de las necesidades de los Cuerpos de Gestión Procesal, Tramitación Procesal y Auxilio Judicial, así como de los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) vinculados a cada nueva plaza.
La Comunidad sostiene que la creación de nuevos puestos judiciales debe acompañarse de una planificación del personal de apoyo para garantizar que puedan entrar efectivamente en funcionamiento.
En este sentido, critica que el anuncio ministerial no asegure la disponibilidad de los recursos necesarios y que difiera sustancialmente la puesta en marcha de las plazas.
Cuestiona los criterios de reparto territorial utilizados por Justicia
El Ejecutivo madrileño también pone en cuestión la justificación del reparto de las nuevas plazas entre las distintas comunidades autónomas.
Según señala, no se han acreditado suficientemente los criterios empleados para determinar la distribución territorial, pese a las necesidades de refuerzo identificadas por los órganos judiciales.
Esta crítica afecta especialmente a la diferencia entre las 74 plazas anunciadas para Madrid y las 158 que el TSJM había solicitado con urgencia.
La Comunidad considera que el Ministerio debería justificar la asignación de recursos atendiendo a las necesidades objetivas existentes en cada territorio.
Asimismo, denuncia que la ampliación de la planta judicial se está impulsando sin garantizar el cumplimiento de las obligaciones legales relativas a los jueces de adscripción territorial.
El Gobierno autonómico también cuestiona que se haya valorado adecuadamente el impacto organizativo que la medida tendrá sobre las comunidades autónomas que tienen transferidas las competencias en materia de medios materiales y personales de la Administración de Justicia.
Exige una memoria económica y garantías de financiación
Otro de los puntos centrales de la posición madrileña es la financiación de las nuevas plazas judiciales.
La Comunidad de Madrid reclama que el proyecto incorpore una memoria económica completa que permita conocer las consecuencias presupuestarias de la ampliación.
También solicita una evaluación individualizada de las necesidades de personal de apoyo asociadas a las plazas que se creen.
El Ejecutivo regional considera imprescindible establecer mecanismos efectivos de cooperación y financiación entre administraciones, con el objetivo de evitar que la medida implique nuevas obligaciones económicas para la Comunidad sin los recursos correspondientes.
En concreto, exige que no se trasladen a la Administración autonómica nuevas cargas presupuestarias sin una dotación económica suficiente para asumirlas.
La petición está vinculada al reparto de responsabilidades entre el Ministerio y las comunidades autónomas con competencias transferidas, que deberán disponer de los medios necesarios para el funcionamiento de los órganos judiciales.
Por ello, Madrid reclama que la ampliación de la planta judicial no se limite a la aprobación de nuevas plazas, sino que incorpore una planificación de su cobertura, los efectivos de apoyo y la financiación requerida.
La Comunidad mantiene así su exigencia de alcanzar las 158 plazas judiciales solicitadas por el TSJM, acompañadas de los recursos humanos, materiales y económicos que considera necesarios para su puesta en funcionamiento.
