El Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en una sentencia de 4 de noviembre de 2026, ha declarado nula una resolución que denegaba una incapacidad permanente absoluta por no motivar suficientemente la capacidad laboral del trabajador.
La Sección Quinta de la Sala de lo Social considera que afirmar que el afectado puede realizar trabajos «sedentarios y livianos» no basta si no se explica cómo sus limitaciones son compatibles con esas actividades.
El caso corresponde a un orientador escolar con secuelas cognitivas derivadas de un ictus. La sentencia n.º 582/2026, dictada en el recurso de suplicación n.º 386/2026, califica la motivación de «absolutamente insuficiente» y ordena al juzgado dictar una nueva resolución debidamente fundamentada.
El TSJ no reconoce la incapacidad absoluta ni anticipa el resultado del procedimiento: exige que se expliquen las razones que sustentan la decisión sobre la capacidad laboral del demandante.
Para Abelardo Moreno, abogado del afectado y director de Neurolegal, especializado en la defensa de personas con daño cerebral y grandes lesiones, el caso refleja un problema que encuentra de forma recurrente en estos procedimientos: considerar que una persona puede realizar trabajos de escasa exigencia física sin analizar si sus secuelas cognitivas le permiten mantenerlos.
«Mi cliente puede levantar una caja sin problema. Lo que le falla es la atención, la memoria y la velocidad con la que procesa lo que le dicen, y eso lo necesita un conserje o un teleoperador igual que un orientador», explica.
El letrado advierte de que un trabajo físicamente ligero no es necesariamente un trabajo cognitivamente sencillo. Comprender instrucciones, recordar tareas, mantener la concentración o responder a interrupciones son exigencias presentes también en empleos que no requieren grandes esfuerzos físicos.
La sentencia debe conectar las secuelas con la capacidad para trabajar
El reproche del TSJM se centra en la falta de una explicación que relacione el cuadro clínico del trabajador con la posibilidad de desempeñar otras actividades.
La Sala señala que la resolución de instancia «se limita a reproducir dos informes», sin permitir conocer «las razones que han conducido al magistrado de instancia a fallar en la forma en que lo hizo».
Añade que, en estos procedimientos, «es absolutamente necesario que se fundamente la medida en que el cuadro clínico residual impide la realización de un trabajo».
No basta, por tanto, con enumerar diagnósticos o transcribir informes médicos. El órgano judicial debe explicar qué repercusión tienen las limitaciones acreditadas y por qué justifican reconocer o rechazar el grado de incapacidad solicitado.
Esta distinción es decisiva cuando se debate el paso de una incapacidad permanente total a una absoluta. La total impide realizar todas o las tareas fundamentales de la profesión habitual, pero permite dedicarse a otra distinta. La absoluta inhabilita para toda profesión u oficio.
Que el trabajador no pueda volver a su profesión no supone automáticamente que deba reconocérsele la absoluta. Pero la conclusión contraria —que conserva capacidad para otros empleos— también necesita una justificación vinculada a sus limitaciones concretas.
Desde la perspectiva de la defensa, la referencia a trabajos «sedentarios y livianos» resulta insuficiente cuando atiende únicamente al esfuerzo físico y deja fuera capacidades como la atención sostenida, la memoria, la velocidad de procesamiento o la resistencia a la fatiga mental.
Una falta de motivación que impide recurrir eficazmente
La fundamentación de las sentencias no es una mera formalidad. Permite a las partes comprender la decisión, identificar sus posibles errores y combatirla mediante un recurso. También hace posible que el tribunal superior controle el razonamiento seguido en la instancia.
El artículo 120.3 de la Constitución exige que las sentencias sean motivadas. Esta obligación se vincula al derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 24 y, en el ámbito laboral, al deber de fundamentación previsto en el artículo 97.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.
No se exige contestar exhaustivamente a cada alegación ni comentar uno por uno todos los documentos. Sí deben poder identificarse las razones esenciales del fallo. Reproducir la documentación clínica no sustituye la obligación de explicar cómo conduce a la conclusión adoptada.
La nulidad, además, es una medida excepcional: no procede por una simple discrepancia con el resultado ni porque la argumentación pudiera haber sido más extensa. En este caso, la Sala aprecia una insuficiencia relevante que impide conocer las razones de la decisión y produce indefensión.
El pronunciamiento tampoco invalida cualquier referencia a trabajos sedentarios o livianos. Cuestiona que esa fórmula se utilice sin explicar por qué resulta compatible con las secuelas del demandante.
Las exigencias cognitivas de los trabajos considerados sencillos
El trabajador sufrió un ictus en noviembre de 2021 y tenía reconocida una incapacidad permanente total para su profesión de orientador escolar. Solicitó la absoluta al considerar que sus secuelas también le impedían desarrollar otros empleos.
La documentación médica aportada describía alteraciones cognitivas y dificultades de procesamiento de información. Según la defensa, la prueba médica y neuropsicológica abordó también los problemas de atención, memoria y fatiga y su repercusión laboral.
Moreno señala que esas limitaciones pueden afectar a ocupaciones consideradas sencillas. Atender una recepción obliga a comprender solicitudes, recordar a quién debe avisarse y retomar una tarea después de una interrupción. Introducir datos requiere seguir instrucciones, mantener la concentración y detectar errores.
Para el abogado, la valoración debe distinguir entre realizar una tarea puntual y sostener una actividad con la continuidad, precisión y regularidad que exige un empleo. Una conversación breve o unos minutos de actividad pueden no reflejar las dificultades que aparecen cuando el esfuerzo mental se prolonga.
El diagnóstico de daño cerebral no determina por sí solo una incapacidad absoluta: la evaluación debe ser individualizada y atender a las secuelas acreditadas y a su repercusión funcional.
La decisión sobre el grado de incapacidad sigue pendiente. El juzgado deberá dictar una nueva sentencia y podrá estimar o desestimar la petición, pero tendrá que explicar por qué las limitaciones del trabajador le permiten —o le impiden— mantener una actividad laboral.
