La II Conferencia Internacional sobre Personas Desaparecidas, celebrada en Sevilla, cerró ayer viernes sus trabajos con la lectura del Manifiesto de Sevilla. En él, las familias de toda Europa reclaman a la Unión Europea «una respuesta más coordinada, eficaz y humana» ante las desapariciones.
Los firmantes sostienen que «las fronteras, las diferencias legislativas y la falta de coordinación» no pueden convertirse en un obstáculo para encontrar a una persona desaparecida, ni para garantizar sus derechos y los de sus familias.
Con ese objetivo proponen una agenda europea de trabajo, abierta a familias, organizaciones, profesionales e instituciones. Su propósito es elaborar propuestas legislativas, sociales y policiales, compartir buenas prácticas y crear mecanismos de seguimiento a escala europea.
En Europa desaparecen cada año más de 300.000 personas
El manifiesto puso fin a dos jornadas –jueves y viernes– que abrió Antonio Sanz, vicepresidente primero de la Junta de Andalucía y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias: «Tenemos que comprometernos a hacer más visibles y más permanentes estos debates para que el olvido nunca sea lo que se imponga», afirmó Sanz.
Y añadió: «Jamás cejar en el empeño de seguir avanzando junto a las familias».
El consejero se comprometió a trasladar las conclusiones al presidente andaluz, que preside actualmente el Comité de las Regiones de Europa, para que este las lleve a ese organismo.
Según Paco Lobatón, alma mater de la Fundación Quién Sabe Donde, organizadora de este evento, su implicación personal e institucional fue decisiva para que la Conferencia se celebrara en Sevilla.
Invertir en sistemas y capacidades
La conferencia se centró en cinco grandes problemas: la ausencia de estadísticas homogéneas sobre desapariciones en Europa, las dificultades de cooperación policial transfronteriza, los derechos de las familias, la utilización de nuevas tecnologías para localizar desaparecidos y la investigación de los casos que permanecen abiertos durante años.
Una de las mesas trató el papel de la identidad legal en la búsqueda e identificación de personas desaparecidas. Participaron Mariela Guajardo, del Missing Migrants Project de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM); Elena Girón, del Servicio de Restablecimiento del Contacto Familiar de Cruz Roja, y José Carlos Beltrán, coordinador nacional de la Policía Científica en la búsqueda de personas desaparecidas.
Guajardo defendió la necesidad de «invertir en sistemas y capacidades nacionales en países de origen» que permitan registrar casos, gestionar la información, apoyar la identificación y facilitar la cooperación transfronteriza.
Las desapariciones forzadas
Por videoconferencia intervino Gabriela Citroni, expresidenta-relatora y miembro del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, y profesora adjunta de Derecho Internacional de los Derechos Humanos en la Universidad de Milano-Bicocca.
Citroni se centró en la desaparición forzada. La definió como la privación de libertad de una persona por agentes del Estado, o con su aquiescencia o tolerancia, seguida de la negativa a reconocerla o del ocultamiento de su suerte o paradero.
Repasó el marco jurídico y la jurisprudencia sobre este fenómeno, las buenas prácticas y las lecciones aprendidas, y los retos pendientes en los derechos de las víctimas y en la cooperación entre países.
Un Estatuto con rango de ley
Clausuró la Conferencia Juan Ignacio Zoido, eurodiputado y exministro del Interior. Pidió que el futuro Estatuto de la Persona Desaparecida se inspire en el borrador de QSD Global, que propone búsqueda efectiva sin plazos arbitrarios, apoyo e información a las familias y coordinación entre Interior y Justicia.
Reclamó también que el Estatuto tenga rango de ley y cuente con medios y plazos.
Zoido pidió además a la UE que coordine los trámites entre países y refuerce el mandato de Europol. En Europa desaparecen cada año más de 300.000 personas, y el objetivo, dijo, es que «nadie sea buscado sin medios, ni esperar sin respuestas». En su opinión, Europa puede fijarse en España, «país a la vanguardia europea» en la lucha contra este problema social.
