La controversia sobre la denominada «Ley de nietos» ha dado un nuevo giro. Mediante dos Autos de 9 de noviembre de 2026, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo -en adelante, TS- ha rechazado las solicitudes de Vox e Iustitia Europa para ampliar la suspensión cautelar de determinados efectos electorales a los hijos mayores de edad de nacionalizados inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes -en adelante, CERA-.
El resultado es llamativo: mientras determinados progenitores tienen suspendidos cautelarmente los efectos electorales de sus inscripciones, sus hijos podrán participar en las elecciones generales del 29 de noviembre, siempre que cumplan los requisitos legales.
La cuestión verdaderamente relevante es procesal: hasta dónde puede extenderse una medida cautelar cuando su ejecución puede comprometer la seguridad jurídica, afectar a terceros y perturbar un proceso electoral en marcha.
DOS TÍTULOS DE ADQUISICIÓN DE LA NACIONALIDAD, UNA CONEXIÓN JURÍDICA
La disposición adicional octava de la Ley 20/2022, de Memoria Democrática, contempla diferentes supuestos de opción a la nacionalidad española.
Su inciso inicial se refiere a los nacidos fuera de España de padre, madre, abuelo o abuela originariamente españoles que perdieron o renunciaron a la nacionalidad como consecuencia del exilio, en los términos legalmente previstos.
La controversia judicial se centra especialmente en la interpretación de este supuesto mediante la Instrucción de 25 de octubre de 2022, que estableció una presunción de exilio para determinadas salidas de España.
Por su parte, el apartado 1.b) permite optar a la nacionalidad española a los hijos mayores de edad de quienes la hubieran adquirido previamente como nacionalidad de origen al amparo de la Ley 20/2022 o de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de Memoria Histórica.
Se trata de títulos jurídicos distintos, aunque relacionados: la adquisición de la nacionalidad por el hijo presupone la previa adquisición por su progenitor, pero constituye un título jurídico propio, cuya validez no puede confundirse automáticamente con la situación jurídica de aquel.
La ampliación cautelar examinada por el TS se refiere al colectivo del anexo III de la Instrucción de 2022, mientras que los descendientes vinculados al régimen de la Ley 52/2007 figuran en el anexo IV y quedan al margen de esta solicitud.
No obstante, no todos los incluidos en el anexo III tienen necesariamente progenitores afectados por la suspensión inicial, por lo que resulta imprescindible identificar individualmente a los destinatarios de la ampliación solicitada.
QUÉ HA RESUELTO EL TRIBUNAL SUPREMO
Los Autos dictados en los recursos 1013/2026 y 1015/2026 deniegan la ampliación de las medidas cautelares a un colectivo de 189.678 personas.
La mayoría de la Sala aprecia circunstancias sobrevenidas que permiten revisar las medidas iniciales conforme al artículo 132 LJCA, especialmente la información oficial sobre la dimensión del colectivo de descendientes, superior a los 162.454 electores afectados por la suspensión anterior.
También reconoce una conexión directa entre la ampliación solicitada y el objeto del proceso, pues la adquisición de la nacionalidad por los hijos tiene como presupuesto la previamente obtenida por sus progenitores, aunque responda a un título jurídico autónomo.
En este sentido, cita la STS 1688/2020, de 9 de diciembre, que admite extender la tutela cautelar a actuaciones vinculadas esencialmente con las impugnadas para preservar la eficacia de la futura sentencia.
Sin embargo, la Sala deniega la ampliación tras ponderar los intereses afectados y las dificultades de ejecución de la medida ante la proximidad de las elecciones.
EL TIEMPO TAMBIÉN CONDICIONA LA TUTELA CAUTELAR
Este es, a mi juicio, el aspecto procesal más relevante de los pronunciamientos. El artículo 130.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa -en adelante, LJCA- permite adoptar medidas cautelares cuando la ejecución del acto o la aplicación de la Disposición impugnada pudieran hacer perder su finalidad legítima al recurso, previa valoración de los intereses en conflicto.
Pero su apartado segundo permite denegarlas cuando de su adopción pudiera derivarse una perturbación grave de los intereses generales o de terceros.
No basta, por tanto, con identificar el riesgo que pretende evitarse. También deben ponderarse los perjuicios que la propia medida puede ocasionar.
La suspensión inicial se acordó el 10 de septiembre, antes de la convocatoria electoral. La ampliación se solicita, sin embargo, cuando ya ha transcurrido más de la mitad del período electoral y se aproxima el inicio de las operaciones de voto en los consulados.
Extender entonces la suspensión exigiría identificar a los afectados, completar las actuaciones censales y garantizar su intervención procesal. La Sala destaca, además, las dificultades todavía existentes para ejecutar íntegramente las medidas anteriores. En estas circunstancias, considera que una nueva revisión masiva del CERA podría comprometer la seguridad jurídica y la estabilidad electoral.
Una medida destinada a preservar la regularidad electoral podría terminar perturbándola si no existen condiciones materiales y temporales para ejecutarla con garantías. La mayoría fundamenta así su denegación en el artículo 130.2 LJCA.
LA MODIFICACIÓN DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y LA JURISPRUDENCIA DEL TS
El artículo 132 LJCA permite modificar o revocar medidas cautelares cuando cambien las circunstancias que determinaron su adopción, pero no por una mera modificación de los criterios judiciales de valoración. Esta distinción encuentra respaldo en la STS 1790/2018, de 18 de diciembre, que admite la relevancia de circunstancias sobrevenidas tanto fácticas como jurídicas.
Por su parte, la STS 173/2017, de 6 de febrero, recuerda la estabilidad de las medidas cautelares mientras permanezcan las circunstancias que justificaron su adopción, conforme al principio rebus sic stantibus.
Ambas sentencias permiten comprender que la aparición de circunstancias nuevas puede justificar la revisión de una medida cautelar, pero no determina necesariamente su modificación.
DOS VOTOS PARTICULARES QUE REVELAN EL DILEMA
La decisión no ha sido unánime. El magistrado Antonio Jesús Fonseca-Herrero formula un voto particular discrepante, favorable a extender la suspensión. Comparte que concurren circunstancias sobrevenidas y que la ampliación está conectada con el objeto del proceso, pero discrepa de la ponderación de intereses realizada por la mayoría.
A su juicio, las dificultades administrativas y la proximidad electoral no justifican suficientemente denegar una medida dirigida a preservar la eficacia de la futura sentencia. Una rectificación posterior del censo podría resultar insuficiente para reparar los efectos de sufragios ya emitidos.
La magistrada María Alicia Millán formula, por su parte, un voto concurrente. Comparte la denegación, pero cuestiona que concurran circunstancias sobrevenidas suficientes conforme al artículo 132 LJCA y que la ampliación pueda extenderse a los descendientes sin desbordar el ámbito objetivo y subjetivo del proceso.
Destaca la autonomía del título jurídico de adquisición de la nacionalidad de los hijos y la necesidad de respetar los principios de contradicción, congruencia y seguridad jurídica.
Los votos particulares reflejan dos preocupaciones procesales diferentes: preservar la eficacia de la futura sentencia y evitar que la tutela cautelar anticipe restricciones de derechos fundamentales respecto de situaciones jurídicas no comprendidas en su ámbito inicial.
LOS PROGENITORES NO HAN PERDIDO LA NACIONALIDAD
Otros dos Autos de 9 de noviembre, dictados en los mismos procedimientos, desestiman las alegaciones de los codemandados contra las medidas cautelares iniciales y mantienen su vigencia.
Estas resoluciones tampoco han sido unánimes. Conviene precisar que la suspensión cautelar de determinados efectos electorales de las inscripciones en el CERA no equivale a la anulación de la nacionalidad española.
Las adquisiciones de nacionalidad no han sido invalidadas por estos Autos, que tampoco constituyen un pronunciamiento definitivo sobre la legalidad de la interpretación administrativa controvertida. Del mismo modo, denegar la ampliación respecto de los hijos no significa declarar definitivamente conformes a Derecho todas sus inscripciones censales.
DOS RIESGOS DE IRREVERSIBILIDAD, UNA MISMA DECISIÓN CAUTELAR
La controversia revela un problema procesal de mayor alcance. La tutela cautelar pretende impedir que el transcurso del tiempo prive de eficacia a la futura sentencia. Sin embargo, cuando afecta al derecho fundamental de sufragio, el riesgo de irreversibilidad puede manifestarse en dos direcciones, aunque no con idéntica naturaleza ni intensidad.
Por una parte, permitir la participación electoral de personas cuyas inscripciones están cuestionadas podría producir consecuencias difícilmente reparables si posteriormente prosperase la impugnación. Se trata de un riesgo condicionado a la eventual estimación del recurso y a las consecuencias jurídicas que pudieran atribuirse a los sufragios emitidos.
Pero existe también el riesgo contrario. Suspender cautelarmente el voto de ciudadanos cuya situación jurídica todavía no ha sido invalidada les impide participar en unas elecciones concretas. Esa privación, si posteriormente se declara injustificada, constituye un perjuicio irreversible, pues ninguna sentencia posterior puede restituirles la oportunidad de votar en aquellos comicios.
Nos encontramos, por tanto, ante dos posibles perjuicios irreversibles, aunque de distinta naturaleza: uno eventual, vinculado al resultado del proceso principal; otro directamente derivado de la restricción cautelar del sufragio. Esta doble irreversibilidad constituye una lectura doctrinal del conflicto que reflejan los Autos y sus votos particulares.
La ponderación exigida por el art. 130 LJCA debe atender tanto a la probabilidad y gravedad de los riesgos que se pretenden evitar como a las consecuencias de la propia intervención judicial y a sus posibilidades reales de ejecución.
La tutela cautelar no consiste en anticipar el resultado del proceso, sino en proteger la eficacia de la futura sentencia sin ocasionar, en la medida de lo posible, un sacrificio desproporcionado de otros derechos e intereses jurídicamente protegidos.
LA CONTROVERSIA CONTINÚA ABIERTA
La decisión del TS no ha puesto fin al conflicto. Iustitia Europa interpuso el 10 de noviembre un recurso de reposición contra la negativa a ampliar la suspensión, cuestionando las dificultades de ejecución apreciadas por la Sala y defendiendo la necesidad de evitar que una eventual sentencia estimatoria llegue después de haberse computado los sufragios.
Pero el problema trasciende este procedimiento y pone de manifiesto las dificultades de administrar justicia cautelar cuando la efectividad de la futura sentencia depende de acontecimientos cuyas consecuencias pueden resultar irreversibles.
La «Ley de nietos», suma y sigue. Y lo hace planteando uno de los dilemas más complejos de la tutela cautelar: cuando tanto acordar como denegar una medida puede ocasionar perjuicios que una sentencia posterior difícilmente reparará, ¿cómo garantizar que la protección judicial no llegue demasiado tarde sin convertirla, al mismo tiempo, en una restricción anticipada e irreversible de derechos fundamentales?
