La inteligencia artificial se ha convertido en una herramienta cada vez más habitual en los despachos de abogados. Permite analizar documentos, resumir expedientes, preparar escritos y ahorrar horas de trabajo. Pero hay una cuestión relevante: la información confidencial de los clientes puede acabar en manos de empresas tecnológicas ajenas al despacho.
No se trata de renunciar a la inteligencia artificial, sino de utilizarla sin poner en peligro una de las obligaciones más importantes de la abogacía: proteger los datos, las comunicaciones y las estrategias jurídicas que los clientes confían a sus abogados.
Alberto Gil de la Guardia, profesor de inteligencia artificial en el ICAM, y Álex Rodríguez, cofundador de la plataforma de inteligencia artificial jurídica Maite.ai, explican cuáles son los principales riesgos y qué precauciones deben adoptar los profesionales para aprovechar esta tecnología sin comprometer la confidencialidad.
El principal riesgo es desconocer qué ocurre con los datos
Para Alberto Gil, el problema comienza con el desconocimiento tecnológico de numerosos profesionales. «Si la gente no entiende la tecnología, ¿cómo va a entender que un dato es lo más valioso que hay?», plantea.
El profesor advierte de que muchos abogados utilizan herramientas sin examinar sus condiciones de privacidad, especialmente cuando permiten almacenar o reutilizar la información introducida.
Esto resulta particularmente delicado cuando se incorporan estrategias procesales, comunicaciones privadas, documentación médica o datos de menores.
Gil insiste en que la protección debe comenzar antes de utilizar cualquier aplicación: «Lo primero que vais a hacer es tratar el dato. Y una vez tenéis el dato, poneos a jugar con los bichos».

¿Se vulnera el secreto profesional al utilizar IA?
Introducir documentación confidencial en una inteligencia artificial no constituye automáticamente un delito ni supone necesariamente una vulneración del secreto profesional. Todo depende de las características del servicio, la información compartida y las garantías existentes.
El artículo 16 de la Ley Orgánica 5/2024 del Derecho de Defensa protege la confidencialidad de las comunicaciones entre abogados y clientes. A esta garantía se suman los artículos 21 y 22 del Estatuto General de la Abogacía Española y las obligaciones del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).
En particular, el artículo 28 del RGPD exige determinadas garantías cuando un proveedor externo trata datos personales por cuenta del despacho.
Alberto Gil recomienda eliminar los datos identificativos de los expedientes antes de introducirlos en herramientas de inteligencia artificial. El objetivo es que estas puedan analizar documentos o preparar borradores sin recibir información personal innecesaria.
Sin embargo, quitar nombres y apellidos no siempre garantiza el anonimato. Fechas, domicilios, referencias judiciales o circunstancias particulares también pueden permitir identificar a una persona.
Por eso distingue entre anonimización efectiva y seudonimización, y recomienda reincorporar los datos identificativos únicamente dentro del entorno seguro del despacho.

El peligro de las herramientas gratuitas
Rodríguez advierte especialmente sobre las condiciones de privacidad de determinadas herramientas generalistas, incluidas algunas modalidades gratuitas que permiten utilizar contenidos para mejorar sus modelos.
«El profesional legal tiene este secreto profesional y la confidencialidad de la información de sus clientes. Es algo que tiene que tener muy en cuenta y mantener», señala. No obstante, el riesgo no depende exclusivamente de que una plataforma sea gratuita o de pago.
Existen servicios empresariales que ofrecen garantías específicas, mientras que las aplicaciones jurídicas especializadas también deben someterse al examen de sus condiciones contractuales.
Además, considera fundamental comprobar si los documentos pueden utilizarse para entrenamiento, qué proveedores intervienen y dónde se procesan.
«Sobre las herramientas generalistas de pago hay que asegurarse muy bien dónde se almacena esa información, dónde va y bajo qué legislación se trata, porque no es lo mismo que vaya a Estados Unidos o que se quede en Europa», afirma.
Maite.ai no utiliza los documentos para entrenar sus modelos
El cofundador defiende el sistema de protección de datos de Maite.ai, plataforma especializada en inteligencia artificial jurídica. «No utilizamos los datos de los clientes para entrenar modelos», afirma.
Según explica, la compañía procesa la información exclusivamente para responder a las consultas y realizar las tareas solicitadas por los profesionales. También asegura que sus sistemas operan en la Unión Europea y que dispone de infraestructuras dedicadas.
Sin embargo, la documentación de Doctrine, grupo al que pertenece Maite.ai, identifica proveedores tecnológicos como Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud, Mistral y Snowflake, que participan en diferentes funciones de alojamiento y procesamiento.
La intervención de terceros no implica automáticamente una vulneración de la confidencialidad, pero exige conocer sus funciones y garantías. Rodríguez señala asimismo que Maite.ai está tramitando su certificación en el Esquema Nacional de Seguridad (ENS).
El 39% de los juristas trabaja sin directrices sobre IA
La expansión de estas herramientas está superando la implantación de protocolos internos en numerosos despachos.
Según el informe Inside the Legal Mind 2026, elaborado por Karnov Group mediante una encuesta a 3.129 profesionales jurídicos europeos, el 31 % utiliza inteligencia artificial diariamente y otro 28 % semanalmente. Sin embargo, el 39 % afirma que no dispone de directrices sobre su utilización.
La preocupación también alcanza a la soberanía digital europea. La Comisión Europea ha desarrollado un marco de evaluación de servicios en la nube que analiza aspectos como la jurisdicción, la seguridad y el control de los datos.
Gil considera fundamental que los abogados mejoren sus conocimientos tecnológicos para comprender los riesgos de la inteligencia artificial, mientras que Rodríguez insiste en la necesidad de elegir herramientas que ofrezcan garantías de seguridad y confidencialidad comprobables.