En los últimos años, la regulación financiera europea y española ha ido evolucionando hacia un enfoque cada vez más basado en el principio de proporcionalidad. La idea es razonable: no tiene sentido exigir a una pequeña empresa de servicios de inversión o a una gestora de reducidas dimensiones la misma estructura organizativa, los mismos recursos y las mismas cargas de información que a una gran entidad financiera.
La proporcionalidad persigue adaptar las obligaciones regulatorias a la naturaleza, escala y complejidad de cada entidad.
Sin embargo, existe un riesgo que merece ser destacado. Con frecuencia, la proporcionalidad se interpreta como una simplificación de las exigencias de control interno. Y ambas cosas no son equivalentes.
Reducir cargas administrativas, eliminar duplicidades o flexibilizar determinadas obligaciones de reporte puede resultar positivo para el sector. Permite que las entidades dediquen más recursos a su actividad principal y evita estructuras burocráticas que aportan escaso valor.
El problema aparece cuando la simplificación regulatoria se percibe como una simplificación del control interno.
Las funciones de cumplimiento normativo, gestión de riesgos y auditoría interna nacieron, en buena medida, para satisfacer expectativas supervisoras, pero su utilidad va mucho más allá.
Su verdadera finalidad es ayudar a los órganos de administración a comprender los riesgos a los que está expuesta la entidad, detectar debilidades antes de que se materialicen y garantizar que los procesos funcionan de forma adecuada.
Por ello, la reducción de determinadas obligaciones de información no debería conducir a una reducción automática de la intensidad del control interno. El hecho de que una entidad deba remitir menos informes al supervisor no significa que deba realizar menos análisis, identificar menos riesgos o revisar con menor profundidad sus procedimientos.
De hecho, las entidades de menor tamaño suelen concentrar riesgos especialmente relevantes. En muchos casos existe una elevada dependencia de personas concretas, una menor segregación de funciones y una estructura organizativa más reducida. Estas características justifican precisamente la necesidad de contar con mecanismos de control proporcionados, pero suficientemente sólidos y eficaces.
La proporcionalidad no significa controlar menos, sino controlar mejor
La clave está en comprender qué significa realmente proporcionalidad. No se trata de controlar menos. Se trata de hacer un control mejor, con mecanismos adaptados al tamaño, la complejidad y los riesgos específicos de cada entidad.
Una gran entidad financiera puede necesitar departamentos especializados, equipos numerosos y metodologías complejas. Una entidad más pequeña probablemente no requiera estructuras tan sofisticadas. Pero sigue necesitando identificar conflictos de interés, evaluar riesgos operacionales, supervisar el cumplimiento normativo y garantizar que existen procedimientos adecuados para la protección de sus clientes.
La calidad de una función de control no depende únicamente de los recursos asignados, sino también de su capacidad para aportar valor. En ocasiones, un informe breve, claro y centrado en los riesgos verdaderamente relevantes resulta más útil para un consejo de administración que un documento extenso elaborado únicamente para satisfacer una obligación formal.
Desde esta perspectiva, las recientes tendencias hacia una supervisión más proporcional pueden representar una excelente oportunidad para el sector financiero.
Al reducirse determinadas cargas formales, las entidades tienen la posibilidad de reorientar esfuerzos hacia actividades de mayor valor añadido: análisis de riesgos emergentes, revisión de procesos críticos, evaluación de dependencias operativas o fortalecimiento de la cultura de cumplimiento.
Sin embargo, también existe un peligro. Algunas organizaciones pueden interpretar la simplificación regulatoria como una señal de que las funciones de control han perdido importancia. Nada más lejos de la realidad. La experiencia demuestra que los mayores problemas de cumplimiento suelen aparecer precisamente en entidades que consideran que sus riesgos son reducidos o que sus procesos son demasiado sencillos para requerir una supervisión estructurada.
La confianza excesiva, uno de los riesgos más infravalorados
La confianza excesiva constituye uno de los riesgos más infravalorados del sector financiero. Cuando una entidad lleva años sin incidencias relevantes, resulta fácil asumir que los controles existentes son suficientes.
Pero es precisamente en esos momentos cuando las funciones de cumplimiento normativo, gestión de riesgos y auditoría interna pueden aportar más valor. Su misión no es reaccionar ante los problemas, sino anticiparse a ellos e identificarlos.
Por ello, el debate no debería centrarse únicamente en cuántos informes deben remitirse al supervisor, sino en cómo garantizar que las funciones de control siguen siendo efectivas y aportan valor. La proporcionalidad debe servir para construir sistemas más eficientes, no sistemas más débiles.
En definitiva, la simplificación regulatoria y la proporcionalidad son objetivos legítimos y necesarios. Pero conviene recordar que la reducción de cargas administrativas no equivale a una reducción de responsabilidades.
Las entidades financieras siguen estando obligadas a gestionar adecuadamente sus riesgos, proteger a sus clientes y mantener mecanismos de control sólidos. La mejor interpretación del principio de proporcionalidad no consiste en hacer menos, sino en hacerlo mejor.
Porque, en materia de control interno, la verdadera calidad no se mide por el número de informes emitidos, sino por la capacidad de anticipar riesgos, detectar debilidades y proteger la sostenibilidad de la entidad a largo plazo.