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El INE cifra en 113.326 los nacionalizados por la «ley de nietos» que no podrán votar el 29-N

La decisión del Supremo sobre la Ley de Nietos afecta al voto, pero no supone la anulación de la nacionalidad española.

17/11/2026 01:11

Un total de 113.326 españoles nacionalizados al amparo de la denominada «ley de nietos» no podrán votar en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Es la cifra definitiva que el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha comunicado al Tribunal Supremo, después de depurar los registros electorales afectados por la suspensión cautelar acordada por el alto tribunal.

La información figura en un escrito remitido por la Abogacía del Estado a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo, al que ha tenido acceso Europa Press y que, según se precisa, ha sido supervisado por la Junta Electoral Central (JEC).

La suspensión afecta a los nacionalizados por la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática de 2022 que no han acreditado documentalmente su condición de descendientes de exiliados en los términos exigidos por las resoluciones judiciales.

La medida es cautelar y afecta al ejercicio del voto, no supone la anulación de la nacionalidad española de los afectados.

113.326 electores afectados por la Ley de Nietos

El INE ha explicado al Supremo cómo ha llegado a esa cifra.

El punto de partida fue un listado del Ministerio de Asuntos Exteriores con 163.355 personas que habían adquirido la nacionalidad mediante la denominada «ley de nietos» a fecha de 1 de agosto de 2026.

De ellas, 901 habían acreditado la condición de exilio exigida, por lo que quedaron exceptuadas de la suspensión cautelar.

El primer filtro descartó 9.707 registros correspondientes a menores de edad en la fecha electoral o a personas nacionalizadas después del cierre del censo, fijado el 1 de agosto.

Quedaron así 153.648 registros.

Sin embargo, al contrastarlos con el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), el INE identificó únicamente 117.723 inscripciones.

De estas, 729 correspondían a personas con certificación acreditativa del exilio, por lo que el número se redujo a 116.994.

Posteriormente, la eliminación de duplicidades dejó 114.799 electores.

Una nueva revisión permitió excluir 1.283 registros correspondientes a personas inscritas antes de la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática.

Finalmente, el informe del 11 de noviembre identificó otros 190 casos con inscripciones anteriores a la ley.

El resultado final comunicado al Supremo es de 113.326 electores afectados por la suspensión cautelar.

Iustitia Europa exige explicaciones sobre 35.925 registros

La controversia no termina con esta depuración.

El partido Iustitia Europa, presidido por el abogado Luis María Pardo y personado en el procedimiento, ha advertido de que existen 35.925 registros del listado inicial depurado que no aparecen identificados en el CERA.

La formación quiere conocer la situación censal individualizada de esas personas y comprobar si algunas han pasado al Censo Electoral de Residentes en España (CER).

Su preocupación es que puedan existir electores comprendidos en las medidas cautelares cuya situación no haya quedado suficientemente aclarada.

Por ello, solicitará al Tribunal Supremo que requiera al INE información sobre los posibles traslados entre ambos censos, las fechas en que se produjeron y el procedimiento utilizado para separar los votos afectados por la suspensión.

También reclamará que se acredite cómo se ejecutará efectivamente la exclusión electoral acordada.

El objetivo declarado por Iustitia Europa es que el Supremo pueda verificar el cumplimiento de sus resoluciones antes de las elecciones del 29 de noviembre.

La cifra de 35.925 registros no localizados en el CERA no significa, por sí sola, que esas personas estén habilitadas indebidamente para votar. Precisamente su situación censal es lo que el partido pide esclarecer.

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