Gonzalo Boye, abogado del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, ha dirigido una carta al decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), Eugenio Ribón, en la que le propone revisar los criterios con los que la institución concede el amparo a sus colegiados.
La carta, fechada el 28 de octubre, llega un mes después de que la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional le absolviera “con todos los pronunciamientos favorables” de los delitos de blanqueo de capitales y falsedad documental en la llamada “Operación Mito”.
Boye adjunta la sentencia, del 23 de septiembre. Explica que se dirige al decano “como colegiado” para darle cuenta de una resolución que le afecta personalmente, “aunque su alcance excede de mi caso”.
La Fiscalía le acusaba de un delito de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico, cometido dentro de una organización criminal, y de otro continuado de falsificación de documento oficial. Pedía en total nueve años y nueve meses de prisión, una multa y la inhabilitación especial para ejercer la abogacía.
Un encargo profesional
La causa arranca con el dinero en efectivo que se intervino el 6 de febrero de 2017 en el aeropuerto de Barajas a varias personas que viajaban a Bogotá. Uno de los afectados contrató a Boye para recuperarlo. Como su abogado, presentó alegaciones en los expedientes sancionadores y aportó los contratos de compraventa de letras de cambio que el propio cliente le entregó para justificar el origen de los fondos.
Según el resumen que hace la carta, la Sala no consideró probado que el letrado presentara documentos distintos de los que recibió, ni que supiera que su contenido no era cierto, ni que conociera el verdadero origen del dinero.
El tribunal señala que la acusación se apoyaba “fundamentalmente” en la declaración de un coacusado que no consideró “totalmente veraz”. Concluye que no puede afirmarse “de un modo inequívoco, como precisa un pronunciamiento condenatorio”, que participara “en forma alguna” en la elaboración de esos contratos.
Sin ánimo de reproche
Boye recuerda que pidió el amparo colegial en varias ocasiones durante estos años y que no se le concedió. Aclara, sin embargo, que no pretende “reabrir aquellas decisiones ni pedir cuentas por ellas”. Lo menciona “sin ánimo de reproche”, porque a su juicio ayuda a entender cómo muchos compañeros afrontan solos situaciones parecidas.
También agradece el respaldo que recibió de abogados e instituciones de otros países. Entre ellos destaca a Diego García-Sayán, expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y antiguo relator especial de Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados.
Cuatro propuestas
El letrado se apoya en el Estatuto General de la Abogacía Española, que encomienda a los colegios amparar al profesional “cuando sea inquietado, perturbado o presionado en el ejercicio de su función”. Ese deber, sostiene, protege la función de defensa “con independencia de las ideas del abogado o de las de sus clientes”.
Con esa premisa, propone cuatro líneas de revisión “que el Colegio sabrá valorar mejor que yo”:
• que la decisión atienda a si el abogado sufre presiones por actos propios de la defensa, sea quien sea el cliente;
• que un proceso penal no baste por sí solo para denegar el amparo cuando lo que se atribuye al abogado son actuaciones profesionales;
• que las resoluciones estén mejor motivadas y puedan revisarse si una decisión judicial posterior aporta datos nuevos;
• que se haga un seguimiento de los casos en que se deniega.
“Para mí no pido nada, porque lo peor ya ha pasado”, concluye. Lo que desea es que el próximo compañero en una situación similar encuentre esa protección en su propio Colegio. Boye se pone a disposición del decano y de la Junta de Gobierno para ampliar cualquiera de los puntos.