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La Ley de Eficiencia, los MASC y el turno de oficio enfrentan a los cuatro partidos en el Foro Justicia ICAM

PP, PSOE, Vox y Frente Amplio confrontan sus propuestas ante el ICAM sobre la Ley de Eficiencia, los MASC y el turno de oficio.

18/11/2026 01:11

La independencia judicial, los retrasos de los tribunales, la obligatoriedad de los MASC y las deficiencias de la Justicia digital han marcado el debate celebrado este miércoles entre representantes del PP, PSOE, Vox y Frente Amplio en el Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), a once días de las elecciones generales del 29 de noviembre.

El encuentro, organizado dentro del ciclo Foro Justicia ICAM y moderado por la periodista Pilar Velasco, ha reunido a María Jesús Moro (PP), Rafael Simancas (PSOE), Marta Castro (Vox) y Miguel Montejo (Frente Amplio), para confrontar sus posiciones ante las 60 propuestas legislativas y organizativas que el Colegio ha presentado bajo el título «El momento de hacer Justicia».

El decano, Eugenio Ribón, ha reclamado compromisos concretos para resolver los problemas cotidianos de la Administración de Justicia, especialmente los retrasos judiciales, las insuficientes compensaciones del turno de oficio y las deficiencias tecnológicas.

«Necesitamos garantías efectivas del secreto profesional», ha reivindicado, además de recordar que «un abogado también tiene derecho a enfermar», en defensa de la conciliación profesional y familiar.

También ha exigido un plan de choque para la jurisdicción social, una solución para los mutualistas y la revisión de los resultados de los MASC obligatorios.

Rafael Simancas, secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y Asuntos Constitucionales, defendió la Ley de Eficiencia y las reformas judiciales impulsadas por el Gobierno. Foto: Confilegal.

PP y PSOE chocan por la Ley de Eficiencia

La Ley Orgánica 1/2025, de eficiencia del Servicio Público de Justicia, ha protagonizado uno de los principales enfrentamientos.

Simancas ha defendido la reforma como «una ley razonable que afronta el reto de la modernización, de la actualización organizativa de nuestro sistema de justicia». Según el representante socialista, los tribunales de instancia permiten distribuir mejor las cargas de trabajo, mientras que los MASC favorecen los acuerdos y evitan una judicialización excesiva.

Ha reconocido que una transformación de semejante magnitud «requiere de un tiempo para su implementación eficiente» y ha reivindicado el «esfuerzo ímprobo en materia de digitalización e incorporación de inteligencia artificial».

La respuesta de Moro ha sido contundente: «Es una mala ley. Siempre lo he dicho, siempre lo diré». La coordinadora de Justicia del PP ha acusado al Gobierno de impulsar una reforma sin consenso, cuyas consecuencias, según ha denunciado, están sufriendo ciudadanos y profesionales.

«Hubiera sido deseable un consenso. Ese consenso no se procuró por parte del Gobierno», ha reprochado.

María Jesús Moro, coordinadora de Justicia del Partido Popular, durante su intervención en el Foro Justicia ICAM. Foto: Confilegal.

Moro ha reclamado modificar urgentemente los MASC, especialmente en asuntos de familia y menores, y establecer criterios homogéneos para evitar los «reinos de taifas» entre territorios. No obstante, ha aclarado que el PP no pretende desmantelar los tribunales de instancia, sino corregir las deficiencias del modelo.

Castro ha coincidido en cuestionar los resultados prácticos de la reforma. «Yo recibo señalamientos ya del 2028», ha denunciado la representante de Vox, que ha advertido de la descoordinación de los equipos judiciales y de las dificultades para impulsar los procedimientos.

Sobre los MASC, ha asegurado que «se está obstaculizando la petición de justicia» y ha lanzado una crítica al legislador: «No se puede legislar al margen de los que sufrimos la legislación».

Frente a estas posiciones, Montejo ha defendido que «la ley de eficiencia no tiene vuelta atrás». El representante del Frente Amplio considera positiva la reorganización judicial, aunque propone evaluar sus resultados en 180 días e introducir correcciones. «La eficiencia es un paso adelante», ha afirmado.

Turno de oficio y mutualistas

La financiación de la asistencia jurídica gratuita ha abierto otro frente. El ICAM reclama un incremento real del 35 % de las compensaciones del turno de oficio en dos años, además del pago de todas las actuaciones profesionales.

Simancas ha reivindicado la reciente subida general del 8 % de los baremos en territorio ministerial y ha anunciado que la reforma integral de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita quedará para la próxima legislatura. «Lo haremos en la siguiente con mucho gusto», ha afirmado.

Moro ha cuestionado los retrasos del Ejecutivo. A su juicio, «el secreto mejor guardado de esta legislatura» es precisamente el proyecto de nueva Ley de Justicia Gratuita, cuyo contenido sigue sin conocerse. Ha defendido un estatuto específico para los abogados del turno de oficio y actualizaciones anuales vinculadas al IPC.

Más crítica se ha mostrado Castro, que ha respondido a Simancas que el incremento «llega tarde y mal». Para Vox, las compensaciones continúan siendo insuficientes y es necesario revisar las prioridades del gasto público.

Miguel Montejo, concejal de Más Madrid y representante del Frente Amplio, defendió la continuidad de la Ley de Eficiencia, aunque reclamó evaluar sus resultados e introducir mejoras. Foto: Confilegal.

Montejo ha calificado de «desastre histórico» las condiciones retributivas del turno de oficio y ha defendido mejorar su financiación para garantizar un derecho de defensa efectivo.

Las diferencias se han reproducido al abordar la pasarela de mutualidades alternativas al RETA. Simancas ha reivindicado la aprobación del marco legal y prometido su desarrollo reglamentario.

Moro ha denunciado los retrasos y reivindicado las mejoras introducidas durante la tramitación parlamentaria, mientras Castro ha pedido extender la solución a los mutualistas pasivos excluidos. Montejo, por su parte, ha reclamado resolver cuanto antes una situación que considera socialmente injusta.

Independencia judicial y violencia de género

La elección de los órganos de gobierno judicial también ha evidenciado discrepancias. El PP ha defendido un plan de regeneración institucional, mientras Vox ha reclamado que los doce vocales judiciales del CGPJ sean elegidos por jueces y magistrados.

Por el contrario, PSOE y Frente Amplio han reivindicado la legitimación democrática de los procedimientos de designación, aunque Montejo ha reclamado mayor transparencia.

En materia de violencia de género, Moro ha advertido de los problemas que provoca ampliar las competencias de los juzgados especializados sin suficientes jueces, fiscales y recursos. Castro ha defendido extender la protección a la denominada «violencia intrafamiliar», incluyendo a menores, ancianos y hombres.

Marta Castro, vicesecretaria nacional jurídica de Vox, denunció los retrasos judiciales y las dificultades que la Ley de Eficiencia está generando a los profesionales. Foto: Confilegal.

Montejo ha rechazado que esa ampliación diluya el carácter específico de una violencia contra las mujeres que ha definido como «estructural, histórica». Simancas, por su parte, ha defendido la especialización judicial y el incremento de las plantillas.

El ICAM ha cerrado el debate reclamando que las propuestas se conviertan en compromisos verificables. Entre ellas figuran reducir entre un 30 % y un 50 % los procedimientos laborales pendientes durante más de dos años, mejorar las condiciones profesionales y garantizar sistemas judiciales interoperables.

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