A once días de las elecciones generales del 29 de noviembre, el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) ha reunido en un documento las medidas sobre justicia y las que afectan a la abogacía en los programas de PP, PSOE, Vox y Frente Amplio.
El PP y Vox proponen que los jueces elijan a los doce vocales jueces del CGPJ. Frente Amplio, en cambio, quiere que las Cámaras puedan nombrarlos por mayoría absoluta si hay bloqueo.
PP y PSOE coinciden en dar al fiscal general un mandato de cinco años que no dependa del Gobierno. El PSOE quiere además una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal que deje la instrucción en manos de los fiscales y poner fin al carácter alternativo de las mutualidades.
Frente Amplio propone que los ciudadanos puedan demandar directamente a los jueces por dolo o culpa grave y subir lo que se paga al turno de oficio.
Vox promete desalojar a los okupas en menos de 24 horas. Más plazas judiciales, justicia digital y justicia gratuita aparecen en casi todos los programas, aunque con fórmulas muy distintas.
Estas son sus promesas, que hay que guardar y tener muy presentes una vez que el ganador o ganadores se alce con la victoria.

PARTIDO POPULAR
9. EL CIUDADANO SERÁ ATENDIDO Y DECIDIRÁ CÓMO. Garantizaremos atención presencial, telefónica y digital. La cita previa servirá para organizar la atención, no para impedirla. Se extenderá la asistencia digital las 24 horas a todos los servicios para resolver las consultas más habituales. Las personas mayores, con discapacidad o sin medios digitales tendrán más ayuda para completar sus gestiones.
16. LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO EJERCERÁ SUS COMPETENCIAS EN TODA ESPAÑA. Defendemos el Estado de las Autonomías y el autogobierno de las Comunidades Autónomas en el marco de la Constitución. Cada Administración debe ejercer sus competencias y responder por ellas. El Estado ejercerá por sí mismo, en todo el territorio, las competencias exclusivas que la Constitución le atribuye. En las competencias que ya gestionan las Comunidades Autónomas, impulsaremos estándares comunes y sistemas digitales que se comuniquen entre sí.
33. CREAREMOS LAS PLAZAS DE JUECES, FISCALES, LETRADOS Y FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA NECESARIAS PARA QUE RESPONDA A TIEMPO. Planificaremos con continuidad y previsibilidad las convocatorias de nuevas plazas a lo largo de la legislatura y los requisitos de mérito y capacidad serán esenciales. Agilizaremos la gestión mediante los sistemas de oposición y contaremos con personal de refuerzo y medios materiales de forma prioritaria en los órganos colapsados. Publicaremos los tiempos de respuesta y, cada trimestre, las plazas cubiertas por sus titulares. Estableceremos incentivos para los destinos de difícil cobertura. Impulsaremos el proceso de digitalización y la implantación del expediente electrónico en todo el territorio y en todas las jurisdicciones.
34. UNA JUSTICIA PENAL MÁS ÁGIL Y ESPECIALIZADA. Eliminaremos las disfunciones y problemas generados en la implantación de los tribunales de instancia y la oficina judicial. Ampliaremos las competencias de la Audiencia Nacional frente al narcotráfico, el blanqueo y el crimen organizado. Especializaremos órganos en ciberdelincuencia, con especial atención a las estafas digitales, y en delitos fiscales y medioambientales. Se regularán con urgencia los procesos de especialización de jueces y magistrados prioritariamente en materia de violencia sobre la mujer, familia, infancia y capacidad.
67. LA INDEPENDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ES UNA PRIORIDAD DEMOCRÁTICA. El Tribunal Constitucional debe ser percibido y funcionar como una institución jurídica independiente, no como una prolongación de las mayorías políticas. Ningún candidato podrá haber ocupado cargos políticos durante los cinco años anteriores y estableceremos un régimen estricto de incompatibilidades. Reforzar la independencia, la autoridad y la legitimidad del Tribunal Constitucional es esencial para que los límites al poder sean creíbles y las reglas constitucionales sean respetadas por todos. Ningún magistrado participará en la decisión sobre la constitucionalidad de una norma en cuya elaboración o impulso haya participado desde el Gobierno o la Administración.
68. LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL DEBE LLEGAR A TIEMPO. La protección de la Constitución pierde eficacia cuando las decisiones llegan después de que el daño institucional se haya producido. Los recursos de inconstitucionalidad contra leyes que afecten a derechos fundamentales se resolverán en noventa días. Ampliaremos el recurso previo de inconstitucionalidad a las leyes orgánicas sobre los poderes del Estado y las instituciones de relevancia constitucional. Se publicarán los asuntos pendientes, las normas de reparto y el sentido del voto de cada magistrado una vez resuelto el asunto. El Tribunal aprobará en seis meses un código ético que proteja el secreto de sus deliberaciones y fije consecuencias para las filtraciones. Ampliaremos en la ley las causas de abstención y recusación de los magistrados.
69. EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL NO SERÁ UNA SEGUNDA INSTANCIA SOBRE EL TRIBUNAL SUPREMO. El recurso de amparo protegerá los derechos fundamentales, pero no servirá para volver a revisar la interpretación de la legalidad ordinaria que corresponde al Tribunal Supremo. Reformaremos la legislación procesal y la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional para delimitar con claridad qué recursos de amparo admite y qué efectos tienen sus decisiones.
70. EL FISCAL GENERAL DEL ESTADO NO DEPENDERÁ DEL GOBIERNO. La Fiscalía debe defender la legalidad, no los intereses políticos de quien ocupa el poder. Aprobaremos un nuevo Estatuto del Ministerio Fiscal. El fiscal general tendrá un mandato único de cinco años y, como recomienda la Comisión Europea, no cesará con el Gobierno que lo propuso. El informe del Consejo General del Poder Judicial sobre su idoneidad será preceptivo y vinculante para su nombramiento. Su procesamiento conllevará el cese inmediato y automático.
71. LA IMPARCIALIDAD DE LA FISCALÍA PROTEGERÁ A CADA FISCAL. Reforzaremos el Consejo Fiscal para revisar las órdenes controvertidas y proteger la autonomía profesional. Regularemos el reparto de asuntos y la resolución de discrepancias. Los nombramientos y ascensos responderán a criterios objetivos y necesitarán el respaldo del Consejo Fiscal. La Fiscalía gestionará su presupuesto y su organización interna con autonomía. Sus comunicaciones con el Gobierno serán escritas y públicas, salvo las materias legalmente reservadas.
72. LOS JUECES ELEGIRÁN A LOS JUECES. Los jueces y magistrados de todas las categorías elegirán a los doce vocales judiciales del Consejo General del Poder Judicial. Mantendremos la evaluación pública de méritos de los ocho juristas que designan las Cortes. Extenderemos a todos los vocales la incompatibilidad por haber ocupado cargos políticos en los cinco años anteriores a su elección. Adaptaremos el sistema de
renovación para impedir que el bloqueo parlamentario paralice el Consejo. Las plazas del Tribunal Supremo se cubrirán por concurso reglado de méritos, con decisiones motivadas y públicas, exigiendo que en la antigüedad mínima de veinte años en la carrera judicial que ya exige la ley no se compute el tiempo en servicios especiales por el desempeño de cargos políticos. Los jueces y fiscales que hayan ocupado cargos políticos no podrán volver a juzgar ni a ejercer la acusación hasta cinco años después de su cese.
73. PROTEGEREMOS LA INDEPENDENCIA DE LOS JUECES. Reforzaremos en la Ley Orgánica del Poder Judicial su amparo frente a las presiones políticas y mejoraremos los medios materiales y tecnológicos de juzgados y tribunales. Fortaleceremos la protección penal frente a amenazas, coacciones e injurias graves y estableceremos sanciones administrativas para intimidaciones que no constituyan delito. Los Reglamentos
de las Cámaras impedirán citarlos para responder por sus actuaciones judiciales.
79. EL CONSEJO DE ESTADO SERVIRÁ AL ESTADO, NO A LOS PARTIDOS POLÍTICOS. Modificaremos los requisitos para nombrar a su presidente: no podrán ser elegidos aquellos candidatos que en los últimos cinco años hayan ocupado puestos como cargo electo, miembro de gobiernos o cargo orgánico en un partido político u organización sindical o empresarial. El candidato a presidente comparecerá en el Congreso de los Diputados con carácter previo a su nombramiento, y se emitirá un dictamen sobre su idoneidad y la ausencia de conflictos de intereses. Además, potenciaremos su papel: el Consejo de Estado dictaminará antes de su aprobación todos los anteproyectos de ley orgánica y publicará sus dictámenes.
87. LAS LEYES SE DEBATIRÁN SIN TRAMPAS NI ATAJOS. Reformaremos los Reglamentos del Congreso y del Senado para limitar las prórrogas sucesivas de los plazos, de modo que sus Mesas no puedan bloquear una ley alargándolos injustificadamente ni vaciar el debate acortándolos a conveniencia. No se admitirán enmiendas ajenas al contenido de las leyes. Cada ley explicará el coste que impone a ciudadanos y empresas. Las que no cumplan su objetivo se corregirán o se derogarán. Las decisiones de las Mesas serán públicas. Reforzaremos los servicios jurídicos de las Cámaras y exigiremos que las Mesas motiven cualquier decisión que se aparte de sus informes. Las solicitudes de reconsideración deberán resolverse antes de la finalización de la tramitación de la ley a la que afecten. Fijaremos, además, plazos máximos para tramitar, debatir y votar en el Congreso las proposiciones de ley remitidas por el Senado.
88. LA EXCEPCIÓN VOLVERÁ A SER SÓLO UNA EXCEPCIÓN. Reservaremos el decreto-ley a situaciones verdaderamente extraordinarias y urgentes. No podrá aprobarse otro con el contenido sustancial de uno rechazado por el Congreso durante el mismo periodo de sesiones. Limitaremos también el recurso a la urgencia, la lectura única y los procedimientos excepcionales que reducen el debate parlamentario. La falta de apoyos o la conveniencia del Gobierno no justificarán eludir la deliberación de las Cortes.

PSOE
69. Ofrecer un servicio de justicia gratuita para víctimas de abusos inmobiliarios, priorizando aquellas familias que residen en zonas declaradas tensionadas. Se protegerá en particular a los inquilinos de viviendas procedentes de alquiler asequible adquiridas por fondos de inversión.
116. Garantizar la protección social de los profesionales autónomos. Desarrollar reglamentariamente la pasarela al RETA prevista en la Ley 2/2026, garantizando el reconocimiento de los recursos acumulados en las mutualidades alternativas para acceder a pensiones suficientes y mejorar las prestaciones futuras. Asimismo, poner fin progresivamente a la alternatividad de las mutualidades, reservándolas a la previsión social complementaria.
117. Actualizar el Estatuto del Trabajo Autónomo para adaptarlo a los cambios tecnológicos y las nuevas profesiones; seguir mejorando la protección social de las personas autónomas, atendiendo también a la conciliación de los cuidados, avanzando en la cotización por ingresos reales; simplificar el acceso a la prestación por cese de actividad; adaptar la prevención de riesgos laborales al trabajo autónomo y a sus necesidades; y garantizar la transición justa al RETA para profesionales de mutualidades alternativas.
433. Aprobar una nueva ley de justicia gratuita que amplíe su cobertura a colectivos como las víctimas de abusos inmobiliarios y mejore las condiciones del turno de oficio, y reforzar las Oficinas de Atención a las Víctimas y la formación especializada en violencia de género para evitar la revictimización.
434. Ampliar las plantillas judiciales y fiscales y acabar con el abuso de la temporalidad mediante un proceso de regularización de jueces y fiscales sustitutos, respetando los principios de mérito y capacidad.
435. Reformar el acceso a las carreras judicial y fiscal con pruebas anonimizadas y casos prácticos, un sistema público y opcional de preparación y el blindaje de las Becas Seré, y reforzar la transparencia con un registro público de preparadores, autorización de compatibilidad para quienes preparen oposiciones y la prohibición de la financiación privada de las asociaciones judiciales y fiscales.
436. Reforzar la autonomía del Ministerio Fiscal, con un mandato de cinco años para la Fiscalía General del Estado desvinculado de la legislatura y la prohibición de instrucciones del Gobierno sobre casos concretos, y aprobar una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal que sustituya a la de 1882 y atribuya la investigación a la Fiscalía bajo supervisión judicial.
437. Modernizar la Administración de Justicia con la digitalización y la inteligencia artificial para agilizar los procedimientos y las reclamaciones frecuentes, extender el lenguaje claro en las resoluciones y actualizar el Derecho de familia y sucesiones, incluida la regulación del legado digital.

VOX
31. Mano dura contra la okupación y la inquiocupación. Desalojo de la vivienda okupada en menos de 24 horas y recuperación inmediata de la posesión por su legítimo titular, el propietario. Asistencia jurídica gratuita para los afectados y exención de impuestos y de las cargas fiscales y de suministros del inmueble mientras dure la okupación. Endurecimiento del Código penal. Tipificación de la inquiocupación como delito de estafa.
39. Fin de la cita previa. Derecho a ser atendido presencialmente en cualquier oficina pública de forma inmediata sin necesidad de solicitar turno por internet.
40. Derogar tres normas por cada una que se apruebe. Cada ley nueva tendrá que identificar, en su propio texto, qué tres normas vigentes deroga. Sin esa identificación, no se tramita ni se aprueba. Basta ya de legislaturas que añaden miles de normas y no retiran ninguna. Los españoles no pueden seguir cargando con un Boletín Oficial que crece sin parar mientras su libertad mengua.
100. Independencia y despolitización de la Justicia. Modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial para que los doce vocales de procedencia judicial del Consejo General del Poder Judicial sean elegidos mediante voto personal, directo y secreto por y entre los propios jueces y magistrados, terminando con el sistema de cuotas partidistas. Acabar con la colonización partidista de cualquier institución judicial. Garantizar la idoneidad, imparcialidad, competencia profesional e independencia del Fiscal General del Estado.
101. Liberar el Tribunal Constitucional de las manos de los políticos. El control de la constitucionalidad de las leyes no puede depender de un órgano político. Velar por el respeto del papel funcional del Tribunal Supremo y evitar que el Tribunal Constitucional actúe como un tribunal extraordinario por encima del mismo.
102. Administración de Justicia rápida, eficiente para los españoles. Reforma integral del sistema judicial que deje atrás los desvaríos ideológicos de este Gobierno y permita que los españoles puedan contar con una Administración de Justicia rápida y eficiente. Aumento de las inversiones en sedes judiciales y profesionales de la justicia.

FRENTE AMPLIO
18.7. Modernización, renovación y democratización del acceso al sistema judicial
• Reformaremos la Ley Orgánica del Poder Judicial para que ningún partido pueda volver a bloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Los vocales del turno judicial se seguirán eligiendo por mayoría de tres quintos, pero si en dos meses no hay acuerdo, las Cámaras podrán elegirlos en segunda votación por mayoría absoluta. Además, el nuevo Consejo podrá constituirse con los vocales ya elegidos, aunque falten los del turno de juristas.
• Responsabilidad de jueces por dolo o culpa grave: Recuperaremos el derecho de las personas perjudicadas a reclamar directamente al juez o magistrado que les haya causado daños por dolo o culpa grave, un derecho que suprimió la reforma de la LOPJ de 2015 del PP, al igual que esa posibilidad existe para cualquier otra profesión en nuestro país. La demanda solo podrá presentarse cuando la resolución sea firme, el Ministerio Fiscal intervendrá siempre como garante de la independencia judicial y la sentencia nunca alterará el fallo original.
• Juzgados de violencia sobre la mujer especializados: Garantizaremos la especialización de los juzgados de violencia sobre la mujer, que estarán en manos de profesionales con formación y experiencia real en esta materia. Si no hay especialistas para una plaza, tendrá preferencia quien haya servido al menos tres de los últimos cinco años en estos órganos, o seis de los últimos diez en el caso de las Audiencias. Los años trabajados en violencia sobre la mujer contarán como orden penal a efectos de carrera. Además, abriremos por una sola vez una vía extraordinaria para que quienes acrediten dos años de experiencia obtengan el título de especialista, con curso y evaluación.
• Incompatibilidad total de jueces y magistrados: Estableceremos la incompatibilidad total de jueces y magistrados con cualquier actividad remunerada ajena a la carrera judicial, porque la Constitución exige que su régimen de incompatibilidades asegure «la total independencia» de quienes juzgan (art. 127.2 CE). Eliminaremos la excepción que hoy permite cobrar de universidades privadas, academias, empresas, despachos o fundaciones por dar clases, conferencias o preparar opositores. La única formación que podrán impartir será en el sistema público que asumirá la preparación de futuros jueces.
• Más jueces y fiscales: Aprobaremos un plan plurianual de plazas para que España alcance en dos legislaturas la media europea de jueces y fiscales por habitante, de modo que el refuerzo de la justicia no dependa de la voluntad del gobierno de turno. Hoy tenemos menos de 12 jueces por cada 100.000 habitantes, frente a una media europea de más de 17. Priorizaremos las especialidades más saturadas: violencia sobre la mujer, menores, social, mercantil, medio ambiente y delitos económicos y de corrupción. También cubriremos con plazas fijas los equipos que hoy no llegan, como forenses, equipos psicosociales y unidades de valoración integral de la violencia de género. Convocaremos cada año las plazas de letrados de la Administración de Justicia y de los cuerpos de gestión, estabilizaremos al personal interino e incentivaremos los destinos de difícil cobertura para que ningún juzgado funcione a medio gas.
• Sustituiremos el sistema memorístico judicial por acceso becado según renta a través de la Escuela Judicial.
• Justicia digital. Modernizaremos de una vez los juzgados. Acabaremos con el papel en los juzgados y con los sistemas informáticos incomunicados mediante una ley estatal de justicia digital con plazos obligatorios y financiación finalista para las comunidades autónomas. El Estado fijará estándares comunes y obligatorios de interoperabilidad, de forma que un expediente pase de un juzgado a otro en un clic. Los fondos irán vinculados a resultados medibles: expediente judicial electrónico en todos los órdenes, sedes judiciales accesibles, salas de videoconferencia y salas Gesell para declaraciones de menores y víctimas, espacios separados para víctimas de violencia machista y ciberseguridad.
• Justicia gratuita y turno de oficio: Ampliaremos el derecho a la asistencia jurídica gratuita y reforzaremos el turno de oficio, para que defenderse ante un tribunal no dependa de lo que cada persona tenga en la cuenta corriente. Subiremos los umbrales de renta que dan acceso al derecho y extenderemos el derecho a más colectivos: personas amenazadas de desahucio, víctimas de violencia sexual y vicaria, y personas migrantes en todos los procedimientos que afecten a sus derechos fundamentales. Aumentaremos la financiación del turno de oficio y actualizaremos los baremos para que la abogacía de oficio cobre lo que vale su trabajo. En las comunidades donde la gestión corresponde al Estado y en los asuntos ante la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, agilizaremos la tramitación y estableceremos pagos con un plazo máximo legal para acabar con meses de retraso.
• Ampliaremos el uso de las penas no privativas de libertad y el medio abierto para los delitos de mediana gravedad.
• Introduciremos servicios de justicia restaurativa de carácter público y universal para todo el territorio, y en todas las fases del proceso penal y penitenciario. Para ello el Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas deberán impulsar una legislación que así lo disponga y disponer la dotación de los medios materiales y personales adecuados.