El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, reivindicó la independencia judicial, la separación de poderes y el respeto al Estado de Derecho durante la clausura del II Congreso Nacional de IURIS España, celebrado ayer miércoles en Madrid.
En su intervención, García Martín defendió la necesidad de preservar la autonomía de los jueces y magistrados frente a las presiones políticas y expresó su preocupación por el clima de cuestionamiento que, a su juicio, rodea algunas decisiones judiciales. «El Poder Judicial lleva demasiado tiempo en el punto de mira», afirmó.
El consejero también se refirió a las reformas legislativas impulsadas por el Gobierno central y subrayó la importancia de que las instituciones respeten los límites establecidos por el ordenamiento constitucional. «La ley obliga a todos, también a quienes gobiernan», recordó.
Durante el acto, celebrado en el Auditorio Francisco Giner de los Ríos de Madrid, García Martín recogió el Premio IURIS 2026 concedido a la Comunidad de Madrid por la implantación de la figura del facilitador judicial, un servicio público y gratuito destinado a garantizar que las personas con discapacidad puedan comprender los procedimientos judiciales y participar en ellos en condiciones de igualdad.
El reconocimiento pone en valor una iniciativa que, según los datos facilitados por el consejero, cuenta ya con 135 facilitadores judiciales y ha prestado apoyo a 300 personas con discapacidad en la región.
Críticas a las reformas judiciales del Gobierno
Tras agradecer el reconocimiento, el consejero dedicó buena parte de su discurso de clausura a cuestionar las decisiones del Gobierno central en materia de Justicia.
En su opinión, España atraviesa un proceso de deterioro institucional que afecta a la separación de poderes y al funcionamiento de los mecanismos de control democrático. «El Poder Judicial lleva demasiado tiempo en el punto de mira», aseguró.
Criticó especialmente los intentos de modificar el sistema de acceso a las carreras judicial y fiscal, al considerar que ponen en cuestión los principios constitucionales de mérito y capacidad.
También cuestionó la Ley de Eficiencia de la Justicia, cuya elaboración, según sostuvo, no contó adecuadamente con el Poder Judicial ni con las comunidades autónomas.
Afirmó que esta reforma ha encarecido y retrasado el acceso a la Justicia y está provocando importantes dificultades organizativas en los órganos judiciales.
Su crítica se extendió a la utilización del real decreto-ley como instrumento legislativo. «El Gobierno ha abusado de la figura del real decreto-ley: lo que la Constitución reservó para situaciones excepcionales se ha convertido en una forma habitual de legislar, limitando el debate y el control de las Cortes», manifestó.
También censuró los indultos concedidos a los condenados por el procés, la eliminación del delito de sedición, la modificación de las penas por malversación y la aprobación de la Ley de Amnistía.
Acusaciones de utilización partidista de las instituciones
El consejero fue especialmente crítico con lo que considera una utilización política de las instituciones del Estado. «El Gobierno central ha ido colonizando sus principales instituciones hasta convertirlas en sucursales de La Moncloa», afirmó.
En ese contexto, mencionó al Tribunal Constitucional, la Fiscalía General del Estado, la Abogacía del Estado, RTVE y el Centro de Investigaciones Sociológicas.
El consejero sostuvo que, a su juicio, se ha consolidado una forma de ejercer el poder en la que las instituciones son respetadas cuando sus decisiones favorecen al Ejecutivo, pero cuestionadas cuando establecen límites o exigen responsabilidades.
También se refirió a distintas investigaciones judiciales relacionadas con personas vinculadas al Gobierno y al PSOE, que utilizó como argumento para reforzar sus críticas políticas.
La «ley de nietos» y el censo electoral
A once días de las elecciones generales del 29 de noviembre, García Martín abordó igualmente la controversia sobre la llamada «Ley de nietos» y sus efectos sobre el censo electoral. Cuestionó la interpretación administrativa de los requisitos establecidos para adquirir la nacionalidad española al amparo de la Ley de Memoria Democrática.
Según afirmó, de más de 163.000 expedientes examinados, únicamente 901 habrían acreditado la condición exigida.
También criticó la aprobación de distintas medidas y anuncios gubernamentales durante el periodo previo a los comicios, al considerar que responden a intereses electorales.
Una reivindicación del Estado de Derecho
García Martín concluyó su intervención con una defensa de los principios que, a su juicio, deben presidir el funcionamiento de las instituciones democráticas.
«En la ley frente a la arbitrariedad. En la verdad frente a la propaganda. En la libertad frente a la imposición. Y en el mérito frente al privilegio», proclamó.
El consejero apeló a la necesidad de recuperar el respeto institucional y garantizar unas reglas iguales para todos los ciudadanos.