La sede de FIDE se quedó pequeña ayer para la presentación de Justicia, ¿quién responde? El mundo cambia, la justicia no, el libro de Álvaro Lobato Lavín, magistrado de lo mercantil de Barcelona y durante 25 años abogado.
El autor debatió sobre la formación y la modernización de la justicia con la exjueza y exalcaldesa de Madrid Manuela Carmena y con el abogado y exministro de Justicia Rafael Catalá. Fue Carmena quien dejó la frase más dura de la tarde.
“Se trabaja muchísimo en la justicia”, reconoció Carmena, pero ese esfuerzo no se traduce en rendimiento. “La gente busca la jubilación anticipada en muchas ocasiones, porque efectivamente se trabaja mucho de una manera inútil”.
Lo explicó con un ejemplo que cualquier profesional conoce: la diligencia de ordenación que se limita a dar un escrito “por presentado”. “Eso significa una firma y eso es dinero, y eso es una manera absurda de emplear el tiempo”, dijo. Su diagnóstico de fondo: “Estamos trabajando con unos utensilios mentales absurdos”.
Para Carmena, la salida está en la gestión, una tarea que, a su juicio, no tiene nada que ver con juzgar y que debería confiarse a especialistas, como ocurre con los médicos gestores en la sanidad.
Tampoco se calló sobre los nombramientos: “Los partidos políticos se meten en un cuartito y dicen: ‘a mí este me gusta, a mí este no me gusta’”.
Asociaciones “secuestradas”
Lobato Lavín fue el más duro con las asociaciones judiciales, a las que describió como “correas de transmisión” de los partidos políticos.
Puso como ejemplo a Juezas y Jueces para la Democracia, que con en torno al 8% de la carrera tiene una representación muy superior en los órganos de gobierno. Su conclusión no dejó margen: las instituciones están “absolutamente secuestradas” por los partidos.
El autor describió la justicia como “una organización que no ha aprendido a cambiar” y criticó que no haya incentivos para quien trabaja más. Aun así, se desmarcó de quienes piden suprimir las oposiciones. Defendió que han abierto la carrera judicial y la han feminizado, aunque admitió que el sistema “tiene problemas”.

Catalá: “Hacemos lo mismo con tecnología”
Rafael Catalá compartió el diagnóstico, pero no la causa. Según sus datos, una asociación con el 8% de los afiliados obtiene el 25% de los cargos gubernativos, y la APM, con el 26%, llega al 50%. El 50% de la carrera que no está asociada solo accede al 18%.
El exministro rechazó, sin embargo, que exista un vínculo “lineal” entre asociaciones y partidos. A su juicio, la patología está en un sistema de nombramientos “no objetivado”, que permite al Consejo General del Poder Judicial “negociar cupos”.
Su propuesta es una selección más transparente, que evalúe capacidades y cuente con expertos en recursos humanos. “¿Qué competencias tienen, con todo respeto, los magistrados que forman parte del Consejo para evaluar candidatos?”, se preguntó.

Catalá reclamó también una carrera judicial ligada a la formación continua, que hoy depende de la voluntad de cada juez. En su opinión, quienes aspiren a cargos gubernativos deberían formarse en dirección de equipos, planificación y comunicación.
Sobre la modernización, fue autocrítico: “Hemos incorporado mucha tecnología, pero para hacer lo mismo”. Planteó además reordenar una estructura de cuerpos de funcionarios propia “de hace 50 años” y medir de verdad las cargas de trabajo para repartir los recursos.
Según Catalá, la justicia funciona mejor de lo que percibe la sociedad, pero lo comunica “bastante mal”. A su juicio, recuperar la confianza de los ciudadanos es tarea del CGPJ: no del Ministerio, “porque sea sospechoso”, ni de los profesionales, “porque no es su función”.
Carmena puso el cierre con una pregunta dirigida a la propia profesión: “¿Para quién escribimos las sentencias?”.