El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, que dirige Félix Bolaños, ha anunciado este viernes el nombramiento de seis nuevas vocales de la Comisión General de Codificación, el órgano asesor encargado de colaborar en la elaboración y revisión de textos legislativos y reglamentarios.
Las incorporaciones corresponden a Ana Fernández-Tresguerres, Isabel Fernández, Ángeles Sánchez Conde, Paz Andrés, Consuelo Castro y María Luisa Balaguer, seis juristas procedentes de distintos ámbitos del Derecho, entre ellos la judicatura constitucional, el Ministerio Fiscal, la Abogacía del Estado, el notariado y la universidad.
Según ha informado el departamento ministerial, las nuevas integrantes cuentan con una sólida trayectoria académica y profesional, además de una reconocida experiencia en sus respectivas especialidades jurídicas.
Con estos nombramientos, la Comisión General de Codificación pasa a estar integrada por 152 vocales, de los cuales 73 son mujeres, lo que supone una representación femenina del 48%.
El Ministerio destaca que esta composición permite avanzar hacia una mayor presencia equilibrada de hombres y mujeres en el órgano consultivo. Asimismo, recuerda que sus integrantes desarrollan esta actividad sin recibir remuneración.
Dos nuevas incorporaciones a la sección de Derecho Mercantil
En la sección segunda, especializada en Derecho Mercantil, se incorporan dos juristas con una amplia experiencia académica y profesional.
La primera es Ana Fernández-Tresguerres, doctora en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, notaria en la capital y especialista en Derecho de la Unión Europea.
Entre los hitos de su trayectoria destaca haber sido la primera mujer en presidir un tribunal de oposiciones para obtener el título de notario, durante la convocatoria correspondiente a la promoción de 2017-2018.
Junto a ella se incorpora Isabel Fernández, catedrática de Derecho Mercantil de la Universidad Complutense de Madrid y exconsejera del Tribunal de Cuentas.
Desde enero de 2026 también forma parte de la sección de Derecho Mercantil de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Además, es consejera académica de Aranzadi-La Ley y autora de numerosas publicaciones especializadas.
Cuatro juristas se incorporan a la sección de Derecho Público
La sección tercera de la Comisión, dedicada al Derecho Público, incorpora a otras cuatro profesionales con experiencia en instituciones fundamentales del sistema jurídico español.
Entre ellas figura María de los Ángeles Sánchez Conde, actual teniente fiscal de la Fiscalía del Tribunal Supremo, uno de los cargos de mayor responsabilidad dentro de la carrera fiscal.
También se incorpora Paz Andrés, consejera permanente del Consejo de Estado desde diciembre de 2020 y catedrática de Derecho Internacional Público de la Universidad de Oviedo desde 1988.
A lo largo de su trayectoria profesional, Andrés ha ejercido igualmente como jueza ad hoc del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Otra de las designadas es Consuelo Castro, quien desempeñó el cargo de abogada general del Estado entre 2018 y 2024 y actualmente ejerce como abogada del Estado ante el Tribunal Supremo.
Completa los nombramientos María Luisa Balaguer, catedrática de Derecho Constitucional y magistrada del Tribunal Constitucional desde marzo de 2017.
Un órgano asesor creado en 1843 para elaborar y revisar leyes
La Comisión General de Codificación fue creada en 1843 y constituye uno de los órganos consultivos históricos de la Administración española en materia legislativa.
Entre sus principales funciones se encuentran la preparación de anteproyectos normativos, la revisión de leyes y disposiciones reglamentarias vigentes y la elaboración de dictámenes jurídicos a petición del Gobierno.
Su trabajo permite incorporar conocimientos especializados al proceso de elaboración normativa, mediante la participación de profesionales de distintas disciplinas jurídicas.
Los seis nombramientos anunciados por Justicia refuerzan especialmente las secciones de Derecho Mercantil y Derecho Público, dos ámbitos relevantes para el análisis de las reformas legislativas y la adaptación del ordenamiento jurídico.