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Enrique López, autor del libro «El estado del Estado»: «Hay que devolver al juez el control de su propio trabajo»

21/11/2026 01:11

Enrique López, magistrado de la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional y exmagistrado del Tribunal Constitucional, lleva veinte años analizando semanalmente la actualidad política y judicial desde las páginas de La Razón. Ahora ha reunido buena parte de esas reflexiones en su libro «El estado del Estado», una obra en la que examina lo que considera una España «desordenada», unas instituciones deterioradas y un poder político que ha sobrepasado sus límites.

En esta entrevista con Confilegal, López advierte del peligro de confundir la crítica legítima a las resoluciones judiciales con la deslegitimación de los jueces. Una práctica que considera inadmisible en democracia y que, a su juicio, se ha intensificado en los últimos años.

Especialmente contundente se muestra con el ministro de Justicia, Félix Bolaños, por sus declaraciones sobre la conveniencia de que los tribunales «se tomen unas vacaciones» durante las campañas electorales. López considera que pedir a los jueces que dejen de investigar posibles delitos por razones electorales equivale a «exigirles que cometan un delito».

También cuestiona los argumentos jurídicos con los que el Tribunal Constitucional avaló la ley de amnistía, defiende una reforma del Código Civil para revisar la transmisión de la nacionalidad española entre generaciones de descendientes de emigrantes y reclama devolver a los jueces el control de su trabajo tras las últimas reformas de eficiencia judicial.

Sin embargo, su diagnóstico no está exento de optimismo. López sostiene que los intentos de desacreditar a los tribunales han terminado produciendo el efecto contrario: «Hoy la sociedad española cada vez confía más en el Poder Judicial y menos en el Poder Ejecutivo».

Pregunta: ¿Quién le propuso escribir este libro, «El estado del Estado«?

La idea de escribir este libro surgió como un reto personal, después de veinte años publicando artículos todas las semanas sobre distintos asuntos de actualidad. Ese ejercicio constante me permitió comprobar algo: la actualidad pasa, pero muchas de las reflexiones que provoca permanecen y siguen siendo relevantes años después.

Entonces me pregunté: «¿Por qué no reúno todo lo que he escrito durante este tiempo, lo organizo, le doy una perspectiva más personal y, además, planteo propuestas?».

Así nació el proyecto. Escribí el libro y se lo presenté a la editorial, Ediciones Deusto, que me propuso diferentes títulos. Finalmente, entre la editorial y yo, desde una relación de confianza mutua, acordamos llamarlo «El estado del Estado».

Hay un detalle que me gustaría aclarar. Aunque por razones tipográficas el título aparece escrito en mayúsculas, la idea original era jugar con el doble significado de la palabra «estado»: el primero, en minúscula, referido a la situación en la que nos encontramos; y el segundo, con mayúscula, referido al Estado como organización política e institucional.

Pregunta: ¿En qué estado se encuentra el Estado español, desde su punto de vista?

Cuando hablo del Estado no me refiero exclusivamente a su significado jurídico o institucional. Hablo de España en un sentido mucho más amplio: como Estado, como sociedad, como nación y como realidad colectiva.

Una de las razones que me llevaron a escribir este libro fue la preocupación por la situación que atraviesa nuestro país. Considero que España vive un momento de desorden; se ha producido un deterioro en el funcionamiento y en la utilización de sus instituciones, lo que ha contribuido a agravar esa situación.

Sin embargo, creo que España está mucho mejor de lo que a veces pensamos, a pesar de los intentos de algunos por deteriorar esa realidad. Por eso, aunque el libro nace de la preocupación por lo sucedido en los últimos años, también está escrito desde la ilusión y, sobre todo, desde la esperanza.

Porque, si algo ha demostrado España a lo largo de su historia, es su capacidad para superar situaciones extraordinariamente difíciles. Hemos atravesado etapas en las que las decisiones políticas han provocado graves crisis y, pese a ello, la sociedad española ha sabido encontrar una salida.

Es verdad que, en determinados momentos de nuestra historia, esas soluciones llegaron de forma cruenta. Pero hoy vivimos en democracia y confío en que cualquier situación de crisis o deterioro pueda resolverse por los cauces democráticos, mediante la expresión de la voluntad del pueblo español. Esa es, en el fondo, la esperanza que también quiero transmitir con este libro.

Enrique López, magistrado de la Audiencia Nacional, sonríe con El estado del Estado en las manos. Un libro en el que, tras veinte años analizando la actualidad, pasa del diagnóstico a las propuestas para poner orden en una España que considera cada vez más desorganizada. Foto: Confilegal.

Pregunta: ¿En su libro dice que la Ley de Memoria Histórica de 2007 y la Ley de Memoria Democrática de 2022 son, en sí mismas, ilegítimas.

Fundamentalmente, lo que se pretende es imponer una determinada interpretación de la memoria y de la historia de España. Y eso supone, en mi opinión, cuestionar una de las grandes lecciones que nos dejó la Transición: la capacidad de los españoles para alcanzar un pacto democrático basado en el entendimiento y la reconciliación.

Ese pacto se ha puesto en cuestión en los últimos años, especialmente por la actuación del Gobierno actual y de algunos de sus socios, que no comparten el espíritu de aquella etapa.

Además, creo que hay algo de lo que se habla muy poco: el papel de nuestros padres, de la generación que hizo posible la Transición. Fueron ellos quienes construyeron una España democrática, facilitaron la reconciliación entre los españoles y sentaron las bases para que el país pudiera avanzar. Merecen un reconocimiento que no siempre reciben.

Y considero que esas dos leyes no contribuyen precisamente a preservar ese espíritu de reconciliación.

Hay una cuestión fundamental que conviene tener presente: la historia corresponde a los historiadores y los juicios a los jueces. Son ámbitos diferentes que no deberían confundirse. La historia siempre puede estudiarse, revisarse y debatirse, pero los delitos están sometidos a plazos legales de prescripción.

Por eso, no podemos pretender analizar toda nuestra historia exclusivamente desde una perspectiva jurídica, porque acabaríamos trasladando a los tribunales conflictos históricos que deberían abordarse desde el conocimiento y el debate. Y creo que eso es precisamente lo que algunos han intentado hacer.

En definitiva, no debemos convertir la historia en un obstáculo para nuestro futuro. Tenemos que conocerla, estudiarla y aprender de ella, pero sin perder el espíritu de reconciliación que los españoles fueron capaces de alcanzar hace cincuenta años. Ese es uno de los grandes legados de la Transición que considero necesario preservar.

Pregunta: También aborda en varias ocasiones la diferencia entre la justicia real y la justicia mediática, una cuestión que parece preocuparle especialmente. ¿Por qué?

Sí, porque muchas veces lo importante no es tanto lo que realmente se hace, sino lo que la sociedad cree que se está haciendo. Y ahí es donde surge el problema.

Cuando las cosas no se explican adecuadamente, ya sea porque el propio sistema no sabe comunicarlas, porque algunos no quieren hacerlo o porque otros tienen interés en ofrecer una versión distorsionada, la sociedad acaba formándose una opinión que no siempre se corresponde con la realidad.

Por eso me preocupa especialmente el tratamiento mediático de determinados asuntos judiciales. En ocasiones, la imagen que se transmite a la opinión pública está tan distorsionada que poco tiene que ver con lo que realmente ha sucedido. Y eso puede llevar a la sociedad a emitir juicios basados en una percepción equivocada de los hechos.

Dice usted que la relación entre el juez y el poder político es, por definición, una relación de tensión equilibrada. Personalmente no veo que la tensión sea, hoy día, equilibrada.

Creo que la tensión entre los poderes del Estado es inevitable. Ya lo planteó Montesquieu al desarrollar la teoría de la separación de poderes, una idea que después profundizaron los juristas de los siglos XIX y XX.

Los poderes del Estado están llamados a controlarse mutuamente, y el poder judicial desempeña un papel especialmente importante, porque debe garantizar que se respeten la ley, el principio de igualdad y los demás derechos y garantías de nuestro sistema jurídico.

Por eso, es normal que existan tensiones. El poder tiende, por naturaleza, a ampliar su ámbito de actuación, especialmente el poder ejecutivo. Esto sucede en España y en cualquier democracia del mundo. En los regímenes no democráticos, esa tendencia va todavía más lejos, porque el poder acaba ocupándolo prácticamente todo.

Ahora bien, que existan tensiones entre los poderes no significa que puedan actuar sin límites. Hay unas normas, unas reglas del juego democrático, que todos están obligados a respetar.

Y ahí es donde, a mi juicio, reside el verdadero problema: creo que en los últimos años esas reglas básicas no siempre se han respetado.

«Ninguna constitución puede protegernos por completo de los abusos de los que ejercen el poder»

Pregunta: Ampararse en la libertad de expresión para criticar desde el Gobierno las decisiones judiciales deja de ser una tensión equilibrada, ¿no le parece?

Si se trata de criticar, bienvenido sea. Las decisiones de cualquier poder del Estado pueden ser objeto de crítica, y el poder judicial no es una excepción. Creo que esa crítica es buena, positiva y saludable, porque forma parte del funcionamiento normal de una democracia. Eso es, precisamente, la democracia en la práctica.

Pregunta: Pero…, ¿desde el Gobierno?

La crítica puede venir del Gobierno o de cualquier otro poder del Estado. Siempre que sea una crítica razonada, fundamentada en argumentos y, cuando corresponda, en criterios jurídicos, hay que aceptarla. Es algo perfectamente legítimo en democracia.

El problema surge cuando se deja de criticar una resolución judicial y se pasa a deslegitimar a quienes la han dictado. Y eso es lo que, a mi juicio, está ocurriendo en los últimos años. Ya no se cuestiona a los jueces por el contenido de sus decisiones, sino que se les atribuyen intenciones ocultas o motivaciones políticas para desacreditarlos. Eso me parece extraordinariamente grave.

Por supuesto, se puede discrepar de una resolución judicial. Se puede considerar que determinados hechos constituyen un delito o, por el contrario, que no encajan en ninguno de los delitos previstos en el Código Penal. Y se puede argumentar por qué, con razones jurídicas concretas. Esa es una crítica perfectamente legítima.

Lo que no se puede hacer es afirmar, sin fundamento, que un juez adopta una decisión porque está al servicio de la oposición, porque sigue una determinada agenda política o porque pretende favorecer una ideología. Eso ya no es criticar una resolución, sino cuestionar la independencia de quien la dicta.

Lo hemos visto recientemente con una resolución de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que acordó suspender cautelarmente la aplicación de una disposición de rango inferior a la ley.

Conviene aclarar una cuestión: el Tribunal Supremo no estaba suspendiendo una ley ni pronunciándose sobre su constitucionalidad, una competencia que corresponde al Tribunal Constitucional. Lo que hizo fue adoptar una medida cautelar sobre una disposición de rango inferior, explicando jurídicamente los motivos de su decisión.

Se puede estar de acuerdo o en desacuerdo con esa resolución. Se pueden discutir sus fundamentos y sus consecuencias. Todo eso es legítimo.

Pero afirmar que los magistrados de la Sala Tercera del Tribunal Supremo actúan al servicio de la agenda política de la oposición es algo sumamente grave. Porque supone pasar de la crítica jurídica a la deslegitimación de quienes tienen la responsabilidad de impartir justicia.

Enrique López cree que España necesita recuperar el orden institucional y la lealtad constitucional. Foto: Confilegal.

Pregunta: ¿No le parece a usted que la libertad de expresión se ha convertido en un disolvente de la democracia?

Como sucede con todos los derechos, cuando se abusa de ellos o se llevan al extremo, se corre el riesgo de desvirtuarlos y de provocar situaciones que pueden llegar a ser auténticos disparates.

Yo mismo soy juez y llevo muchos años ejerciendo mi derecho a la libertad de expresión. Este libro es una muestra de ello, como también lo son los artículos que publico todas las semanas. Pero soy consciente de que mi condición de juez me exige una especial prudencia a la hora de expresar determinadas opiniones.

No existe necesariamente una norma legal que me imponga todos esos límites, más allá de los principios recogidos en los códigos éticos de la carrera judicial. Sin embargo, yo mismo me impongo esa contención. Podría decir muchas más cosas de las que digo, pero considero que tengo una responsabilidad institucional que debo respetar.

Y creo que esa misma prudencia debería exigirse a quienes forman parte del poder ejecutivo, especialmente cuando se pronuncian sobre las decisiones de los tribunales.

No es solo una opinión personal. En el ámbito europeo existen normas que establecen límites a determinadas declaraciones de los poderes públicos, especialmente cuando pueden poner en cuestión la independencia judicial.

Por eso, una cosa es criticar una resolución judicial y otra muy distinta es intentar desacreditar a los jueces que la han dictado. La crítica es legítima, pero cuando se convierte en deslegitimación del poder judicial, en democracia es inadmisible.

En los últimos años hemos presenciado situaciones que nunca deberíamos haber visto y que espero que no vuelvan a repetirse.

El ejemplo más reciente es, a mi juicio, especialmente preocupante: que el propio ministro de Justicia llegue a afirmar que la justicia debería tomarse unas vacaciones como consecuencia de un proceso electoral.

Creo que una afirmación de ese tipo revela una confusión profunda sobre el papel de la justicia, su independencia y su relación con los procesos políticos.

«Pedir que los jueces suspendan las investigaciones durante un periodo electoral supone, en mi opinión, exigir a los jueces que cometen un delito».

Pregunta: En su libro dice que el poder político está descontrolado.

Totalmente. No voy a entrar a valorar qué pretende el ministro de Justicia con esas declaraciones. Pero si hay alguien que debe actuar con especial prudencia y contención cuando habla del poder judicial, es precisamente el ministro de Justicia, aunque también tenga otras responsabilidades, como la de Presidencia.

Creo que en sus declaraciones confunde cuestiones muy diferentes.

Es cierto que existe una tradición no escrita según la cual, cuando un tribunal está a punto de dictar una sentencia que puede tener importantes consecuencias políticas durante un proceso electoral, puede optar por esperar a que pasen las elecciones. Es una práctica que considero razonable.

Pero una cosa es retrasar una sentencia por prudencia institucional y otra muy distinta es pretender que la justicia penal deje de investigar durante una campaña electoral.

Los jueces de instrucción tienen la obligación legal de investigar los posibles delitos de los que tengan conocimiento. Es una responsabilidad que deben cumplir todos los días, con independencia de que haya elecciones o no.

Por eso, pedir que los jueces suspendan esas investigaciones durante un periodo electoral supone, en mi opinión, exigir a los jueces que cometen un delito.

Pregunta: ¿Qué supone la Ley de Nietos para usted?

Creo que existe un problema que va mucho más allá de la conocida como Ley de Nietos. Como ciudadano, comparto su filosofía: reconocer los derechos de quienes tuvieron que abandonar España por miedo a perder su vida o su libertad. Sin embargo, considero que su aplicación se ha ampliado más allá de esos supuestos iniciales. Corresponde ahora al Tribunal Supremo determinar el alcance de esa extensión.

Pero hay una cuestión de fondo que apenas se ha abordado: la necesidad de revisar nuestro Código Civil en materia de nacionalidad. Nuestra legislación contempla mecanismos que permiten transmitir la nacionalidad española a generaciones de descendientes de emigrantes, incluso cuando sus vínculos con España son muy reducidos o inexistentes.

Creo que debemos reformar nuestra legislación o, como mínimo, estudiar seriamente esa posibilidad. Italia acaba de modificar su normativa para limitar el reconocimiento de la nacionalidad por descendencia a dos generaciones.

Alemania está limitando la ley para aquellos ciudadanos que viven fuera durante más de 15 años y no tienen ningún contacto también ha establecido restricciones al derecho de voto de determinados ciudadanos que llevan muchos años residiendo en el extranjero y han perdido su vinculación con el país. En Gran Bretaña también se ha debatido esta cuestión.

En España, el artículo 68 de la Constitución establece que el Estado debe facilitar el ejercicio del derecho de voto a los españoles residentes en el extranjero. Pero creo que esa disposición debe interpretarse teniendo en cuenta la realidad actual.

Por eso, considero necesario que un futuro Gobierno y el Parlamento se planteen una reforma de la legislación electoral y del Código Civil, para adaptarlos a una sociedad muy diferente de la que existía en los siglos XIX y XX.

Enrique López defiende con vehemencia la independencia judicial y advierte del peligro de convertir la crítica a las sentencias en ataques personales contra los jueces. Foto: Confilegal.

Pregunta: Usted sabe que, pase lo que pase, salga lo que salga de la decisión del Tribunal Supremo, unos y otros la utilizarán para impugnar o deslegitimar el proceso electoral.

Soy defensor a ultranza desde hace ya muchos años —no me toca de otra manera por ser juez— de nuestro sistema electoral. España tiene uno de los mejores sistemas electorales del mundo, de los más garantistas.

Hay que recordar que todas las juntas electorales —desde la Junta Electoral Central, pasando por las provinciales y las de zona— tienen jueces entre sus miembros. Jueces elegidos al azar, por puro sorteo. Y son los que controlan la legalidad de los procesos electorales.

Y en España algo hemos tenido hasta ahora claro que los procesos electorales han obedecido a la auténtica voluntad del pueblo español. Y esperamos que esto ocurra el próximo 29 de noviembre.

Pregunta: ¿Puede una ley ser constitucional y, al mismo tiempo, debilitar el Estado de derecho?

Bueno, yo creo que en ese sentido hay un juego de palabras que yo, evidentemente, denuncio. Hay opciones legales que son constitucionales, pero luego pueden ser inoportunas, inmorales; todo eso depende de cada concepto que tenga cada uno. Y, desde luego, opciones legales que sean absolutamente inapropiadas y, desde luego, muy tristes.

No podemos confundir lo que cabe en la Constitución con lo que se debe hacer. Y precisamente los políticos tienen que explicar lo que hacen para que encaje lo que se debe hacer y que luego el pueblo español es el que ha de decidir.

Que algo quepa en la Constitución, en sí mismo, no lo convierte ni en eficaz ni en eficiente, ni mucho menos en apropiado.

Pregunta: ¿Cuál es la reforma más urgente que necesita la justicia española?

La Justicia española tiene un grave problema de organización. Comparto la filosofía de los tribunales de instancia de la Ley Orgánica 1/2025, pero su implantación ha sido muy deficiente.

Se ha aprovechado la reforma para apartar a los jueces del control de sus procedimientos, sin proporcionarles el apoyo necesario. Además, considero un error incluir la jurisdicción penal en este modelo, porque cada investigación tiene características propias y requiere una organización específica.

Pregunta: No considera, por lo tanto, que las reformas de eficiencia de la Justicia hayan cumplido sus objetivos…

No. Hay que reformar el modelo de organización judicial que comenzó a implantarse con las reformas de eficiencia de 2011 y culminó en 2025. Lo primero es devolver al juez el control de su trabajo. Lo segundo, sacar la jurisdicción penal de ese modelo y mejorar profundamente la gestión de los procedimientos.

Hoy hay numerosos pleitos prácticamente idénticos que no se gestionan bien y que inflan artificialmente la litigiosidad, es decir, el número de asuntos que llegan a los tribunales. Es un problema que tenemos que resolver.

Creo firmemente en la mediación y el arbitraje como fórmulas para resolver conflictos sin acudir a un juez. Pero la mediación debe servir de verdad para alcanzar acuerdos. Hoy, en muchos casos, se ha convertido en un mero requisito formal antes de presentar una demanda, sin voluntad real de acercar posiciones. Ahí se han cometido errores importantes.

Por eso es necesaria una reforma inmediata que mejore la organización de la Justicia y devuelva a los jueces la confianza y el protagonismo.

«Lo que no se puede hacer es afirmar, sin fundamento, que un juez adopta una decisión porque está al servicio de la oposición, porque sigue una determinada agenda política o porque pretende favorecer una ideología. Eso ya no es criticar una resolución, sino cuestionar la independencia de quien la dicta».

Pregunta: ¿Qué España tendremos dentro de 20 años si no corregimos los problemas que denuncia en su libro?

Si seguimos por este camino, tendremos una España más desorganizada, más fragmentada y con menos peso internacional. España necesita ser una nación fuerte, cohesionada y bien organizada, que ponga el acento en lo que nos une y no en lo que nos separa.

En los últimos años, el Gobierno ha tenido que alcanzar acuerdos con otras fuerzas políticas para mantenerse en el poder. Es algo perfectamente legítimo en democracia. El problema, a mi juicio, es que algunos de esos partidos tienen una agenda política que no comparte el principio constitucional de unidad de España.

Esto está provocando una fragmentación que debilita nuestra competitividad, nuestro prestigio y nuestra influencia internacional.

Y ocurre, además, en un momento especialmente delicado. El orden internacional está cambiando, la cooperación entre países se debilita y las grandes potencias, como Estados Unidos, China y Rusia, vuelven a marcar las reglas del juego.

Ante desafíos de esta magnitud, nuestras disputas territoriales pueden parecer menores. España necesita mantenerse unida para conservar su relevancia internacional, sin renunciar por ello a su diversidad cultural, territorial y social.

Porque reconocer nuestras diferencias es perfectamente compatible con defender lo que tenemos en común. Si permanecemos unidos, seremos más fuertes; si seguimos fragmentándonos, corremos el riesgo de convertirnos en un país irrelevante.

Pregunta: ¿No cree usted que uno de los problemas de España está en que la Constitución de 1978 dejó demasiado abierto el modelo territorial y su financiación, lo que ha favorecido las tensiones y las aspiraciones independentistas de determinados territorios?

No creo que las leyes tengan la capacidad de resolverlo todo. El problema no está tanto en la Constitución como en la voluntad de determinados políticos a la hora de aplicarla y respetarla.

Por ejemplo, cuando se aceptan fórmulas para jurar o prometer un cargo que se alejan del compromiso expreso con la Constitución, estamos debilitando el respeto a sus principios y, sobre todo, la lealtad constitucional.

La cuestión no es si la Constitución de 1978 acertó o no con el modelo territorial, sino que hay fuerzas políticas que pretenden acabar con ese modelo. Es legítimo que determinados partidos defiendan la independencia de un territorio. El problema surge cuando partidos de ámbito estatal, que deberían defender el marco constitucional, asumen sus planteamientos. Eso debilita la cohesión del Estado.

Y ninguna Constitución puede protegernos por completo de los abusos de quienes ejercen el poder.

¿Tenemos que reformarla para establecer que un Gobierno convoque elecciones si no consigue aprobar los Presupuestos Generales del Estado durante dos años? No lo creo. Los constituyentes difícilmente podían imaginar que un Gobierno pudiera mantenerse toda una legislatura sin aprobar presupuestos.

Al final, no todo puede resolverse introduciendo nuevas obligaciones en la Constitución. Lo fundamental es la responsabilidad política, la moderación en el ejercicio del poder y, sobre todo, la lealtad constitucional.

Enrique López considera que la Ley de Amnistía ha supuesto un cuestionamiento del Poder Judicial y discrepa de los argumentos del Tribunal Constitucional que avalaron su constitucionalidad, aunque respeta y acata la sentencia. Foto: Confilegal.

Pregunta: ¿La aprobación de la Ley de Amnistía ha debilitado al Poder Judicial?

Creo que la amnistía ha supuesto un cuestionamiento del Poder Judicial. Respeto la sentencia del Tribunal Constitucional, aunque discrepo de los argumentos jurídicos de la mayoría de sus magistrados. Lo que no voy a hacer es atribuirles motivaciones políticas ni afirmar que han decidido así para favorecer al Gobierno. Han adoptado una decisión que respeto, aunque no comparta.

Mi discrepancia es jurídica. La Constitución española no reconoce expresamente la facultad de conceder amnistías. La sentencia parte de la idea de que lo que no está prohibido está permitido, pero considero que ese principio se aplica a los ciudadanos, no a los poderes públicos.

La diferencia es fundamental: los ciudadanos pueden hacer todo aquello que la ley no prohíbe, mientras que los poderes públicos solo pueden ejercer las competencias que el ordenamiento jurídico les atribuye.

Por tanto, no basta con decir que, como la Constitución no prohíbe la amnistía, esta puede aprobarse. A mi juicio, debería existir una habilitación constitucional expresa.

Y es que la amnistía no es una ley cualquiera: supone dejar sin efecto las consecuencias jurídicas de determinadas actuaciones del Poder Judicial. Por eso considero que necesita una previsión constitucional específica.

Otras constituciones españolas del pasado y algunas constituciones europeas actuales contemplan expresamente esta facultad. La nuestra no lo hace. Además, durante el proceso constituyente se debatió su inclusión y finalmente no se incorporó.

El Tribunal Constitucional ha interpretado que la amnistía tiene cabida en nuestro ordenamiento. Discrepo jurídicamente de esa conclusión, pero, por supuesto, acato su decisión.

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