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Reducir la factura eléctrica, objetivo del Gobierno y preocupación creciente de consumidores y familias

| | Actualizado: 22/09/2018 18:39

Suprimir el impuesto específico sobre la electricidad tendría un efecto de un ahorro entre 50 a 100 euros de la factura de la luz

De insuficiente ha sido catalogado tanto por asociaciones de consumidores y grupos políticos el anuncio de la ministra de Transición Energética, Teresa Ribera, de suspender en unas semanas el impuesto del 7 % a la generación eléctrica para aliviar la factura eléctrica de los consumidores en un momento excepcional como el que vivimos de subidas contínuas de la luz.

Este impuesto grava los ingresos de las empresas por la producción de toda la energía eléctrica desde 2012 por la reforma eléctrica del gobierno Rajoy para contener el déficit de tarifa.

Se aplica un tipo del 7%. Si se suspende eso debería reducirse un 7% el precio del kilovatio/hora en el mercado mayorista

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Ribera explicaba que el precio de la energía, del kilovatio/hora, equivale al 28% del recibo de la luz de los pequeños consumidores y al 51% de los grandes, por tanto, el recibo debería bajar un 2% para los primeros y un 3,5% para los segundos.

La ministra dijo también que la medida se aprobará en uno de los próximos Consejos de Ministros, pero en este último no ha ido.

Al parecer la suspensión de dicho impuesto está compensada por otros que han crecido en los últimos meses.

Al impuesto del 7% se le atribuyen unos ingresos de 1.700 millones de euros anuales, que el Gobierno revierte en el recibo de la luz para ayudar a cubrir sus costes.

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Sin embargo los ingresos del Estado vinculados a la electricidad están aumentando, porque han subido los derechos de emisión de CO2, que gravan la energía en cuya producción se emite este gas, y se esperan 1.000 millones de euros más. Y también se ingresa más por IVA, por la propia subida de la luz y por otros impuestos, como el de hidrocarburos, que grava la luz producida con carbón y gas natural.

Los consumidores no quieren parches

Las organizaciones de consumidores creen que la suspensión del impuesto a la generación eléctrica anunciada por el Gobierno es una solución coyuntural y un “parche” para remediar la subida puntual de la luz, y consideran necesario revisar todo el sistema energético y aclarar cada concepto de la factura.

Piden una revisión del sistema, en el que los diferentes agentes que participan reciban una remuneración “razonable”, pero también en el que los consumidores tengan unas tarifas “transparentes, justas y accesibles” para todos los hogares.

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Esta es la opinión de organizaciones como la OCU, cuyo portavoz, Enrique García, quien indica  que la eliminación del impuesto del 7% a la generación, que rebajaría el recibo de la luz entre un 2% y un 3% “solo beneficia a la industria y no supondrá una rebaja en el precio de la energía para los consumidores”.

El mercado mayorista acumula desde marzo seis meses de continuas subidas, según subraya la OCU, que estima que septiembre se podría cerrar con un precio en torno a los 70 euros por megavatio hora, lo que supondrá un nuevo incremento en la factura de la luz en otro 3,3%.

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Desde Facua-Consumidores en Acción se hacen cálculos y señalan que un hogar medio acumula durante 2018 una factura de 598 euros, 16 euros más que en el mismo periodo del pasado año y 80 euros más que en el de 2016.  Advierten que la medida no vale para nada porque la subida del precio del kilovatio por hora en septiembre superará por sí sola esta rebaja.

Facua trasladó al Gobierno sus reivindicaciones para reducir la factura eléctrica, entre las que se incluían la bajada del IVA de la electricidad al 4% y la creación de una tarifa regulada para todas las familias que no superen los 10 kilovatios de potencia contratada.

Mientras, para Fernando Moner, presidente de la Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU), estas medidas son “un gesto importante”, aunque espera que el Gobierno “no se quede ahí y encuentre soluciones a cada uno de los diferentes conceptos que están en la factura, que en este momento es opaca para los usuarios”.

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A su juicio, se debe oir a los consumidores y creen que es una buena idea que el Ejecutivo vaya a potenciar los bonos sociales.

Una medida que se queda corta

Por su parte, José Luis Sancha, profesor de Comillas ICAI y autor del libro “Presume de entender (a fondo) las facturas de la luz y del gas” reconoce que es positivo que “el Gobierno tenga la sensibilidad de intentar bajar el precio de la luz y también por el bono social que debe proteger a los consumidores más vulnerables. Sería bueno que impulsase más medidas para proteger a muchos ciudadanos españoles que están en dicha situación”.

A nivel de medidas tomadas por el Gobierno, Sancha señala que “la medida que van a tomar de rebajar el impuesto sobre la producción eléctrica es bastante débil e insuficiente. El impacto real sobre la factura será de 15 a 20 euros anuales

Este experto recuerda que una factura de la luz tiene cinco áreas “el primero es la parte fija y ahí parece que no se va a tocar nada. En la parte variable, habla de una reducción del citado impuesto en un 7%., pero eso no significa que haya una bajada directa de los precios. Además ese 7% no repercute directamente sobre la factura, sino sobre el coste de la producción que va al mercado diario. Al final su impacto real es de una reducción de la factura del 2,5%

Sobre esos costes fijos recuerda que ahí “están las redes y su financiación, ahí se podría reducir algo. Por otro lado, la deuda de todos los déficits acumulados desde el 2000 al 2014, hablamos de 2000 millones al año. Eso igual podría asumirlo al Estado. Junto a ello hay una compensación a territorios no peninsulares, Ceuta, Melilla y Canarias donde la generación es más cara, unos 600 millones al año que se dan para que las tarifas no se disparen. Esto también lo podría el Estado asumir».

Otro dato que nos indica este experto es que hay cerca de 7000 millones que van a financiar a las renovables “siempre lo que se plantea es porque esa ayuda a las renovables la tiene que asumir el consumidor eléctrico de forma exclusiva. Podrían contribuir los consumidores de petróleo también”, señala Sancha.

Sancha recuerda que dicho impuesto que se va a suspender iba a compensar los llamados peajes o costes fijos de la factura, con lo cual “ si reducimos por ahí es posible que los costes fijos si no están bien financiados pueden generar un déficit tarifario importante, como el que teníamos hace unos años. La medida es reducida y a medio plazo no tendrá una efectividad grande”, apunta.

En esta parte variable considera que hay otros temas de debate a revisar “el pago por capacidad, el servicio de interrumpibilidad que también no está muy claro deberían pagarlo de forma exclusiva los consumidores eléctricos”, indica.

Para este experto  «se podría quitar el impuesto específico de la electricidad, es un impuesto del 5,5%. Ese si que influye en la factura, con un 6%, porque el IVA va sobre ello. Y el efecto sería inmediato. Este impuesto va a financiar las CCAA y no tiene nada que ver con el mundo eléctrico. Estamos hablando de un ahorro entre 50 y 100 euros al año”.

Se podría crear un IVA reducido para lo consumidores más vulnerables. Pero generalizar la medida es peligroso. Cualquier impuesto que se quite necesitamos saber como se va a recuperar ese ingreso

Sin embargo no es partidario del IVA reducido al 4%  “siempre tenemos que saber si suprimimos algo cómo lo vamos a financiar luego”, comenta.

Otra cosa es que “ e pudiera plantear un IVA específico para consumidores vulnerables, pero reducirlo de forma generalizada no soy partidario”.

Respecto al bono social, reconoce que su nuevo formato es más lógico porque tiene en cuenta los niveles de renta de los españoles “ el problema es que lo ha pedido muy poca gente. Es fundamental que hagan una campaña de difusión para que la gente conozca bien el bono social. El trámite no es fácil, debes ir con la Declaración de la Renta por delante y hay gente que este extremo le supera. Hay un cuello de botella importante. De 2,4 millones de ben eficiarios solo lo han pedido 600.000”.

Para este experto, lo lógico es que “el bono social afectara tanto a la electricidad como al gas y fuera algo conjunto. Parece que el Gobierno ha insinuado que hará un complemento sobre la calefacción. Esperemos que al final lo haga. Cualquier medida que se vaya a poner en marcha debe ponerse antes del 31 de diciembre para evitar que llegue el invierno frio”.

Recuerda que ahora lo pagan las comercializadoras de las eléctricas

Unidos Podemos se moviliza

A nivel político, el primer partido que ha movido ficha ha sido Unidos Podemos que  este viernes, tanto en Congreso como en Senado, una batería de preguntas al Gobierno sobre las subidas consecutivas del precio de la luz de los últimos meses y la medida anunciada por el mismo de la supresión del Impuesto a la Generación.

Esta medida ha sido tachada por parte de los colectivos de consumidores y consumidoras como insuficiente, y orientada a contentar a la industria que se beneficiaría de la mayor bajada.

Y es que se calcula que, para las familias, sólo supondrá una rebaja de máximo un 4% en el recibo final.

La iniciativa legislativa del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Mareas registrada  retende establecer los requisitos que debería cumplir la reforma del Bono Social Eléctrico para proteger a los consumidores y consumidoras. Las dos condiciones imprescindibles: blindar por encima de todo al consumidor vulnerable y formular un sistema de financiación que sea a cargo íntegro de las empresas del sector eléctrico.

Unidos Podemos exige una reforma que blinde los derechos de las de las personas.

Por ello la propuesta prioriza que se garantice en todo momento el suministro eléctrico a las personas acogidas al Bono Social, a través de la participación necesaria de los servicios sociales de las administraciones públicas.

Además, en cuanto al sistema de solicitud de este Bono Social que tantos problemas ha generado, es necesario automatizar este proceso y, sobre todo, que pueda realizarse de forma presencial, además de telemática, para que puedan realizarla las personas que no tengan medios o conocimientos ofimáticos.