referéndum del 1-O

El no del Congreso a la ley de amnistía promueve que sigan activas las causas judiciales relacionadas con el 1-O aún pendientes de resolver.

La decisión lega tras la vista celebrada por el juez escocés para examinar la euroorden dictada por el Tribunal Supremo.

El Ayuntamiento de Sant Juliá de Ramis reclamaba 13.427,73 euros.

Frenó la impresión de carteles a menos de un mes del 1-O, tras el registro de la Guardia Civil a la empresa.

El magistrado del TS que instruye la causa del 'procés' soberanista ya cuenta con la documentación que exigió el pasado 18 de abril al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, con los datos en los que el ministro habría basado sus polémicas afirmaciones de que "ni un solo euro" de dinero público

La Guardia Civil está registrando la sede del Consejo de la Diplomacia Pública de Cataluña (Diplocat) por orden del juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona en busca de pagos relacionados con el referéndum del 1-O, en el marco de una operación sobre los pagos a observadores internacionales del 1-O.

El exjuez y ex senador de ERC Santi Vidal ha explicado ante el juez que investiga el 1-O que sus afirmaciones sobre que el Govern tenía datos fiscales de los catalanes de manera ilegal y que había una partida para el referéndum no eran ciertas, las dijo en el marco de un acto haciendo una interpelación dialéctica,

El Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona ha citado al exjuez y exsenador Santi Vidal y al jurista y exmagistrado del Tribunal Constitucional Carles Viver i Pi-Sunyer para este martes por la tarde, investigados dentro de la causa por los preparativos y la celebración del referéndum del 1-O.

Las asociaciones civiles independentistas Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Ómnium Cultural desembolsaron en el mes anterior a la celebración del referéndum del 1-O -concretamente entre el 7 de septiembre y el 11 de octubre pasados- 1,5 millones de euros en diferentes gastos (cartelería, publicidad y autobuses).

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha revelado este jueves que el "ataque desleal" a la Constitución y el Estatut del Gobierno de Carles Puigdemont , "con una desobediencia clamorosa" y con "absoluta pasividad" de los Mossos d'Esquadra el 1-O, generó un coste aproximado de 87 millones de euros.