Datuk Seri Azalina Othman Said, ministra en el Departamento del primer ministro (Derecho y Reforma Institucional) de Malasia, ha contestado a Paul Cohen, el abogado británico de los siete herederos del sultán de Sulu, que no permitirán que el territorio de Sabah –donde se encontraba el desaparecido Sultanato– pueda ser arrendado a países como China o Filipinas.
Azalina ha dejado claro que, como nación soberana desde su independencia en 1957, se opondrán a esta reclamación porque Sabah es parte integral del país.
La ministra respondía así a un correo electrónico enviado por Paul Cohen, representante tanto de los siete herederos como de Therium, el fondo de financiación de litigios que ha pagado esta causa desde el minuto uno, al New Straits Times, de Kuala Lumpur, capital de Malasia, en el que el abogado afirmaba que la reciente victoria de Malasia en el Tribunal Supremo de Francia era un «espectacular gol en propia meta».
Desde el punto de vista de Cohen, la decisión de Tribunal Supremo galo de desestimar un recurso de los demandantes sobre un fallo anterior, que anulaba un «laudo final» de casi 15.000 millones de dólares del árbitro español, Gonzalo Stampa, ahora significaba que sus clientes eran libres de arrendar Sabah a otras naciones, incluyendo China y Filipinas.
«Que lo intente (en referencia a Cohen). Y que diga lo que quiera. Malasia ha sido una nación soberana e independiente desde 1957, y la Comisión Cobbold y el referéndum confirmaron el estatus de Sabah como parte de Malasia. Pero que tenga claro que lucharemos», declaró ayer la ministra a periodistas locales tras inaugurar el Foro de Kuala Lumpur sobre Arbitraje Internacional 2024.
Azalina dijo que, a estas alturas, pretender argumentar que Sabah aún «pertenece» al Sultanato y que los «herederos» son ahora libres de disponer del territorio y de poder arrendarlo a otros países es poco menos que una fantasía del abogado.
Y añadió: «Una vez que este caso se resuelva, tendremos que decidir si el gobierno de Malasia exigirá el reembolso de todos los gastos —el dinero del pueblo gastado en abogados, tasas judiciales y todo lo relacionado con el proceso judicial. No permitiremos que nos demanden libremente como les plazca. También decidiremos sobre eso».