Confilegal https://confilegal.com Información jurídica, legal y judicial Sat, 25 Jun 2022 00:51:24 +0000 es hourly 1 https://confilegal.com/wp-content/uploads/2021/10/Opcion-2-icono-confilegal-positivo.png Confilegal https://confilegal.com 32 32 Los diferentes sistemas de gestión procesal de la Justicia por fin «hablan» entre ellos https://confilegal.com/20220625-los-diferentes-sistemas-de-gestion-procesal-de-la-justicia-por-fin-hablan-entre-ellos/ Sat, 25 Jun 2022 04:51:00 +0000 https://confilegal.com/?p=337334 El 15 de junio pasado se convirtió en un día histórico para la justicia española. Ese día los sistemas de gestión procesal de todas las Comunidades Autónomas (CC.AA.) y los del Ministerio «hablaron», se comunicaron entre ellos, sin ningún problema.

«Desde el pasado día 15 de junio, la Administración de Justicia ha alcanzado la interoperabilidad efectiva entre todos los sistemas de gestión procesal de las diferentes CC.AA.», según confirmaron a Confilegal fuentes oficiales del Ministerio de Justicia.

En esa fecha el Tribunal Supremo recibió correctamente un expediente judicial electrónico, enviado desde Navarra, a través de su sistema de gestión procesal Avantius (utilizado en Navarra, Cantabria, Aragón y País Vasco).

Fue la última de las pruebas realizadas desde todas las Comunidades Autónomas con diferentes sistemas de gestión procesal.

«Todos los sistemas de gestión procesal de las diferentes Comunidades Autónomas han conseguido enviar con éxito expedientes judiciales electrónicos a este tribunal, lo que supone una interoperabilidad efectiva», añadieron.

Este era uno de los objetivos del Plan Justicia 2030. En la actualidad hay 9 sistemas de gestión procesal distintos que, hasta el pasado 15 de junio, no eran compatibles entre sí: En el área Ministerio de Justicia, que comprende las Comunidades Autónomas de Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla-León, Murcia, Islas Baleares, Ceuta, Melilla, Audiencia Nacional y Tribunal Supremo, opera el Minerva. También en Galicia.

En Andalucía, el Adriano; en Canarias, el Atlante; en la Comunidad de Valencia, el Cicerone; en el País Vasco, el Justicia.bat; en Madrid, el Libra; en Cataluña, el e.justicia.cat; en Navarra, el Avantius.

En la Fiscalía General del Estado, el Fortuny.

Sobre estas líneas, los 9 sistemas de gestión procesal de la Administración de Justicia que ahora hablan entre ellos gracias a la interoperabilidad.

EN 2023 SERÁ LO NORMAL

Todo este proceso se ha concebido por fases. Está previsto que en 2023 se haya logado el funcionamiento del proyecto completo.

La primera de esas fases consistía en la exportación del expediente judicial desde un sistema de gestión procesal, mediante la remisión por medios electrónicos a otro sistema distinto, que lo recibe e incorpora.

El proyecto se inició con el primer envío al Tribunal Supremo, desde la Comunidad Autónoma de Canarias, en verano de 2021, a través de su sistema de gestión procesal Atlante.

Le siguió Madrid, con el sistema IusMadrid, Andalucía con su sistema Adriano, Cataluña con eJusticia.cat y Valencia con el sistema Cicerone.

Así, todas estas CCAA ya envían con regularidad sus expedientes judiciales, ampliando el uso a todos los posibles órganos judiciales. Además, la funcionalidad está disponible para el resto de comunidades que utilizan el sistema Minerva.

Las siguientes fases del proyecto incluirán el intercambio totalmente automático de documentos y exhortos entre distintos sistemas de gestión procesal; el procesamiento automático de estas peticiones; y la remisión automática del expediente judicial electrónico de un sistema de gestión a otro.

LA «COGOBERNANZA», EL SECRETO DEL ÉXITO

La interoperabilidad ha sido fruto de la llamada «cogobernanza» entre el Ministerio y las 12 Comunidades Autónomas con competencias transferidas, por los acuerdos alcanzados, con pleno consenso, en el seno del Comité Técnico Estatal de la Administración Judicial Electrónica (CTEAJE) y en las Conferencias Sectoriales.

Y de forma especial, por el impulso que ha supuesto la dotación presupuestaria específica proveniente de los fondos de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

El pasado 8 de junio, Aitor Cubo, director general de Transformación Digital de Justicia, el «cerebro» de la arquitectura de la transformación tecnológica del Ministerio, aseguró en el curso del desayuno que tuvo lugar en la sede central del Consejo General de Colegios de Graduados Sociales, que la Administración de Justicia iba «a funcionar mejor que la Agencia Tributaria».

Ese día ya avanzó que la interoperabilidad no solo iba a producirse entre las diferentes Adminisraciones de Justicia sino que también tendría lugar también con el resto de las Administraciones.

«Ya estamos integrando 305.000 expedientes administrativos en el ámbito judicial de forma completamente automática. El Tribunal Económico Administrativo Central transmitió por primera vez, el pasado lunes, un expediente a la Audiencia Nacional y fue todo un éxito. Estos expedientes a veces tienen decenas o cientos de miles de páginas. No es que vayamos a funcionar como la Agencia Tributaria. Vamos a funcionar mejor que la Agencia Tributaria», aseguró.

Según las mismas fuentes del Ministerio de Justicia, el objetivo final es una interoperabilidad automática orientada al dato.

Para que un funcionario de un territorio, como Galicia, pueda enviar un expediente judicial electrónico, trabajando con su sistema de gestión procesal, a cualquier otro territorio nacional con otro sistema diferente, como Cataluña, Madrid o Andalucía.

«Esto permite no solo un intercambio completo y automatizado de los expedientes entre los distintos territorios, sino también que se desarrolle un procesamiento automático de los metadatos, redundando en una mejora de la gestión y la eficiencia de la Administración de Justicia», precisaron las mismas fuentes.

Lo que ya es una realidad.

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El 30 de junio, el mismo día que se aprueba la nueva Ley Concursal se celebra el II Congreso Mercantil de Madrid sobre esa Ley https://confilegal.com/20220625-el-30-de-junio-el-mismo-dia-que-se-aprueba-la-nueva-ley-concursal-se-celebra-el-ii-congreso-mercantil-de-madrid-sobre-esa-ley/ Sat, 25 Jun 2022 04:48:00 +0000 https://confilegal.com/?p=337356 «Ha sido una coincidencia. La verdad es que no lo hemos buscado», explica el magistrado titular del Juzgado Mercantil 11 de Madrid, Manuel Ruiz de Lara, director del II Congreso Mercantil de Madrid, que lleva por título «La reforma concursal», y que se celebrará en el Casino de la capital de España, en el nacimiento de la calle de Alcalá, entre el 30 de junio y el 1 de julio; jueves y viernes.

La reforma lleva por título oficial: Proyecto de Ley de reforma del texto refundido de la Ley Concursal, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, para la transposición de la Directiva (UE) 2019/1023 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, sobre marcos de reestructuración preventiva, exoneración de deudas e inhabilitaciones, y sobre medidas para aumentar la eficiencia de los procedimientos de reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas, y por la que se modifica la Directiva (UE) 2017/1132 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre determinados aspectos del Derecho de sociedades (Directiva sobre reestructuración e insolvencia).

El objetivo de este Congreso es analizar ese nuevo texto que el Parlamento tiene que «parir» obligatoriamente para recibir parte de los Fondos Europeos de ayuda.

De acuerdo con Ruiz de Lara, ha sido pensado para que se desarrolle en diez paneles diferentes en los que la característrica principal es que la mayoría de los ponentes son mayormente magistrados o magistrados en excedencia y abogados; un total de 33.

SIETE MESAS DE DEBATE EN LA PRIMERA JORNADA

El primer día ha sido repartido en siete mesas diferentes.

La primera arranca con Andrés Sánchez Magro, titular del Juzgado de lo Mercantil 2 de Madrid, José María Tapia López, compañero del anterior en el Mercantil 3 de Bilbao y Rafael Abril Manso, titular del Mercantil 3 de Gijón, y versará sobre el «Estatuto del administrador concursal».

La segunda lleva por título, «Responsabilidad penal de personas jurídicas. Responsabilidad de administradores societarios», sobre la insolvencia punible, los problemas de coordinación entre la jurisdiccion penal y mercantil y la calificación concursal, entre otras cosas. Con Eloy Velasco, magistrado de la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional, Beatriz Saura Alberdi, abogada especialista en derecho penal y Alejandro Abascal Junquera, magistrado del Juzgado Central de Instrucción 1 de la Audiencia Nacional.

En la tercera mesa se abordará el acuerdo extrajudicial de pagos. «Análisis de la ley 5/2012 de Mediación de la jurisdicción mercantil». Agustín Azparren Lucas, magistrado en excedencia y abogado de la firma Ontier, intervendrá junto con Teresa Vázquez Suárez, magistrada del Juzgado de lo Mercantil 9 de Madrid y Marcos Bermúdez Ávila, del Juzgado de lo Mercantil 1 de Bilbao.

La cuarta mesa, en la hora fatídica de después del almuerzo, entre las 16 y las 17 horas, versará sobre la «Venta de unidad productiva. Fase de liquidación». Una temática sobre la que hablarán Francisco Javier Vaquer Martín, del Juzgado de lo Mercantil 6 de Madrid, Francisco Soriano Guzmán, de la Audiencia Provincial de Alicante, Ana María Gallego Sánchez, del Mercantil 12 de Madrid y Olga Ahedo Peña, del Mercantil 4 de Madrid.

El «Concurso consecutivo. Beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho. Control de oficio de cláusulas abusivas en el concuso consecutivo y análisis jurisprudencial de su tipología» le corresponde abordarlo a Amagola Serrano Barrientos, del Mercantil 1 de Madrid, a Guillermo Fernández García, del Mercantil 2 de Las Palmas, a Moisés Guillamón Ruiz, del Mercantil 5 de Madrid y a Graciela Hermoso Belmonte del Juzgado especializado en materia de cláusulas abusivas de Madrid.

El «Procedimiento especial de microempresas» le toca «torearlo» a Sofía Gil García, del 17 de lo Mercantil de Madrid, a Roberto Niño Estébanez, magistrado de la Audiencia Provincial de Tarragona, especialista en jurisdicción mercantil», a Jorge Montull Urquijo, del 3 de lo Mercantil de Madrid, y a Juan Carlos Picazo Menéndez, del 7 de lo Mercantil de Madrid.

Cierran el día Manuel Ruiz de Lara, Jesús Álvarez, periodista de Radio Televisión Española, y Diego Rivas, secretario general de la Asociación de futbolistas españoles, para debatir sobre «Derecho concursal/mercantil, interrelación con el derecho deportivo».

TRES EN LA SEGUNDA JORNADA

El segundo día, comenzará con el panel sobre «Jurisdicción social y merecantil», procedimientos de extinción colectiva de relaciones laborales, ERE y ERTE. Delimitación de competencias entre los juzgados mercantiles y la jurisdicción social.

Con Fátima Beardo Olivares, del Juzgado de lo Social 18 de Madrid, Sara Alonso Fernández, del Juzgado de lo Social 20 de Madrid, y Leandro Blanco García Lomas, del Mercantil 3 de Murcia.

Después del café, intervendrán Carlos Nieto Delgado, del Mercantil 15 de Madrid, Manuel Ruiz de Lara y Víctor Casaleiro Ríos, del 3 de Palma de Mallorca, sobre «Planes de reestructuración».

Cerrarán el evento Carlos Marigorta, magistrado del Juzgado de lo Mercantil Único de Santander, Elena de Oro Garnacho, del Mercantil 1 de Tarragona, y Ángela Sanz Rubio, del Mercantil de Guadalajara, quienes abordarán la «Calificación del concurso».

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Las criptomonedas atraen a inversores jóvenes, volcados a la tecnología y que asumen riesgos https://confilegal.com/20220625-las-criptomonedas-atraen-a-inversores-jovenes-volcados-a-la-tecnologia-y-que-asumen-riesgos/ Sat, 25 Jun 2022 04:48:00 +0000 https://confilegal.com/?p=337321 Seis meses después de que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la Autoridad del sector, lanzara su circular sobre publicidad, el regulador financiero ha dado a conocer una encuesta sobre el impacto de las criptomonedas en la sociedad y definir el papel del inversor en este producto financiero.

En dicha encuesta se ha comprobado que un 75,8 % de la población, es decir tres cuartas partes, ha oído hablar o sabe en alguna medida qué es una criptomoneda, pero solo un 1,4 % el total de personas con conocimientos altos en criptoactivos. Un 82,9 % dice que nunca invertirá en este producto financiero.

En el informe se incluye el tipo de perfil asociado al inversor en criptomonedas. Se corresponde con un hombre con una edad media de en torno a los 40 años, aunque con un peso especial de edades entre 25 y 44 años, en tanto que hace un uso más intensivo de las redes sociales y de las tecnologías de la información.

En lo que respecta a su formación académica el 43,3 % tiene estudios universitarios y el 41 % tiene ingresos de más de 3.000 euros al mes. El 49,1 % de estos invierte menos del 5 % de su capital, mientras que un 18,9 % destina entre el 5 % y el 10 %. Solo el 4,5 % de los encuestados invierte más del 50 % en criptoactivos.

Respecto a los riesgos asociados, un 88 % recuerda advertencias relacionadas con el riesgo, especialmente sobre volatilidad y posibilidad de pérdida de toda la inversión. Un 24 % recuerda haber visto anuncios con advertencias en su contenido y un 88 % considera que los mensajes de las advertencias son comprensibles.

Los inversores son prudentes

Para Jaime Bofill, socio responsable de seguros y reaseguros de CMS Albiñana & Suárez de Lezo, uno de los impulsores del sandbox financiero en nuestro país, “solo ha habido tres proyectos en la última edición. Los supervisores no pueden apretar tanto las clavijas a las empresas”.

Respecto a esta encuesta sobre criptomonedas “mientras hay cierta psicosis de miedo en la sociedad, hay un 82 que dice que nunca va a invertir en criptomonedas, a nivel de inversor parece que el perfil es otro, como se desprende de la lectura de la misma”.

Este experto está convencido que cuando se implemente MiCA como reglamento comunitario que regule las criptomonedas en Europa es previsible que ese porcentaje se reduzca de forma notable. No hay razón para entrar en pánico. Hay empresas serias que gestionan muy bien estos temas. El problema es la volatilidad de la moneda en sí”.

Así, este experto aclara que “uno de los datos que llaman la atención es que la gran mayoría de estos inversores tienen estudios universitarios. Eso significa que los profesionales que invierten en criptomonedas no lo hacen a lo lo loco. Lo hacen porque realmente ha estudiado la evolución de estos productos financieros, como tendencia actual”.

Otro dato que destaca Bofill es que “estos profesionales cuentan con ingresos superiores a 3000 euros al mes. Esto significa que no invierten su dinero o ahorro de toda la vida, para eso van a su entidad bancaria y buscan otros productos, sino que invierten ese remanente de su capital que les sobra. Se trata de saber qué va a pasar con esa inversión”.

Jaime Bofill, socio responsable de seguros y reaseguros de CMS Albiñana & Suárez de Lezo.

El publico en general y los inversores “son consciente de la volatilidad de las inversiones en criptomonedas. De ahí que se haga un estudio previo a la hora de invertir en este tipo de productos. Otro dato revela que el 62% de esos inversores son conscientes que las criptomonedas tienen más riesgos financieros que otro tipo de productos financieros”.

Bofill cree que esta encuesta busca conocer los efectos de la circular de publicidad que la CNMV lanzó al mercado en enero del 2022 y que era bastante garantista a nivel de publicidad y su control de las campañas “ha tenido un efecto real y ha influido mucho en los inversores que han tomado muchas precauciones a la hora de invertir en estos activos financieros”.

En cuanto a los datos a nivel de población española, la sensación de miedo parece que se ha instalado a nivel general “es posible que haya que hacer otra campaña más divulgativa explicando lo que son las criptomonedas y qué rentabilidad tienen”.

“Hay muchos tipos de criptomonedas, entre ellas las ‘stablecoins’, que hacen referencia a la Bolsa de Nueva York o al IBEX. Se sabe cuando van a subir o bajar. Ya es el nivel de riesgo que cada uno quiero adoptar. Al final es una forma de invertir como cualquier otra y tiene los niveles de corrupción que hay en cualquier negocio”, apunta.

Un fenómeno que no debe demonizarse

Por su parte, Fernando Zunzunegui, abogado y profesor de Derecho del mercado financiero en la Universidad Carlos III, destaca que “según la encuesta cerca del 20 % ha invertido o piensa invertir en criptomonedas. Es un fenómeno preocupante desde la perspectiva de la protección del inversor. El desconocimiento sobre regulación es casi absoluto, aunque se perciba su riesgo, asociado al fraude o la volatilidad”.

Otra cuestión que destaca es que “el perfil del inversor en criptomonedas es un hombre, joven, universitario, urbano de alta renta, adicto a las redes sociales que invierte una pequeña parte de su patrimonio financiero cuando se producen caídas en el precio y que no cambia su conducta ante los avisos de riesgo de los supervisores. Una verdadera caricatura”.

“Con estos datos, el presidente de la CNMV perfila a este tipo de inversor como un apostante o jugador que conoce que son activos de riesgo sin regulación y que se une a la moda viendo el resultado aparentemente prometedor”, indica.

En ese contexto considera “que las advertencias de riesgos son entendibles, visibles y cumplen su función. Es una curiosa interpretación de los datos para seguir advirtiendo, informando, educando y apelando a la responsabilidad individual de los ciudadanos”.

Fernando Zunzunegui, abogado y profesor de Derecho del mercado financiero en la Universidad Carlos III.

Zunzunegui cree que “para el presidente de la CNMV, la inversión en criptomonedas es una moda que tiene mucho que ver con la expectativa de obtener ganancias rápidas. Relativiza la dimensión del fenómeno comparándolo con la capitalización de las bolsas. Perder todo sería como una mala jornada en la bolsa”.

“En su opinión, las criptomonedas no son activos. No contienen derechos ni ofrecen rendimientos. Las equipara a un negocio piramidal en el que su precio depende de que entren nuevos inversores. Es la historia de una burbuja financiera”.

Para este experto, “con esta demonización poco se contribuye a la cultura financiera. Hay que tratar al inversor como un adulto. Las criptomonedas son fruto de la libertad de empresa y de la autonomía de la voluntad. No están prohibidas. Pronto estarán reguladas por un reglamento europeo. Son productos de alto riesgo que pretenden convertirse en una alternativa a la moneda oficial. Son algo más que un juego.”

Zunzunegui considera que “son una apuesta contra la soberanía monetaria. De ahí que proliferen las iniciativas de crear dinero digital por los bancos centrales. Es un fenómeno vivo y en desarrollo que merece ser respetado y disciplinado”.

Necesidad de regulación específica

Por su parte, Miguel Prado, socio de mercantil financiero de Andersen, señala que “no se trata que exista miedo, sino sobre todo desconocimiento. Eso genera una tendencia a esperar como evolucionan este tipo de productos. Hay que tener en cuenta que estos productos no tienen una regulación clara de ahí el miedo a invertir”.

En este sentido cree que la CNMV “para frenar esa ola de inversiones en criptomonedas publico la circular sobre publicidad del pasado mes de enero. De alguna forma era la primera llamada de aviso que nos encontrábamos ante un producto financiero distintos y peculiar al resto”.

Para este jurista muchos intermediarios financieros se mueven también con falta de certidumbre ante la falta de regulación clara “un elemento clave es la banca privada que no está colocando este tipo de productos, por el momento, ya que al no tener una regulación concreta no quieren asumir ningún riesgo. En algún momento han dicho que no quieren comercializar algo que no pueden explicar”, destaca.

Miguel Prado, socio de mercantil financiero de Andersen.

En cuanto al perfil del inversor en criptomonedas, Prado incide en que “hay que darse cuenta que estos inversores, de edad joven y estudios universitarios han crecido en un ecosistema no tanto de las criptomonedas, sino sobre todo de la tecnología ‘Blockchain’ y todo lo que ello conlleva. Hay que darse cuenta que el bitcoin lleva quince años rodando. Es un sistema tecnológico que lo está cambiando todo”.

Sobre la existencia del riesgo “es evidente que todos los productos financieros lo tienen, en mayor o menor medida. Es un producto que responde a una oferta y demanda que se esta generando de forma progresiva. En este contexto la entrada en vigor del Reglamento MICA será clave para acabar con esta situación de incertidumbre y de desconocimiento”.

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El camino hacia la igualdad en la diversidad https://confilegal.com/20220625-el-camino-hacia-la-igualdad-en-la-diversidad/ Sat, 25 Jun 2022 04:47:09 +0000 https://confilegal.com/?p=337310  El camino ha sido arduo y complejo, y, aún a día de hoy, todavía queda mucho que andar. Parafraseando al gran poeta Antonio Machado “caminante no hay camino, se hace camino al andar”.

Está claro que en materia de Derechos LGTBIQ+ no existen unas instrucciones claras y definidas que permitan la igualdad real, pero, lo que sí se debe poner de relieve son los avances conseguidos, sin olvidar nunca las dificultades que han existido y siguen existiendo a nivel nacional.

El ámbito internacional, claramente, es un camino mucho más arduo si cabe en el que, por dar un mero dato, la homosexualidad sigue siendo perseguida penalmente en 75 países. 

LA DESPENALIZACIÓN DE LA HOMOSEXUALIDAD

Destaca en el ámbito nacional la Ley, de 5 de agosto de 1933, de Vagos y Maleantes, que desde la modificación de 1954 pasó a condenar expresamente la homosexualidad en el listado de individuos que eran considerados “desviados” y, en consecuencia, con potencial “conducta antisocial”, circunstancia que acarreaba de 1 a 3 años de privación de libertad.

Esta legislación fue sustituida por la Ley 16/1970, de 4 de agosto, sobre peligrosidad y rehabilitación social, que seguía contemplando en su artículo 2 que “serán declarados en estado peligroso, y se les aplicarán las correspondientes medidas de seguridad y rehabilitación quienes: a) resulten probadamente incluidos en alguno de los supuestos de este artículo, y b) se aprecie en ellos una peligrosidad social”.

El precepto incluía dentro de los “supuestos de peligrosidad” a los “que realicen actos de homosexualidad.

Entre las medidas de seguridad, el artículo 8 preveía “el internamiento en un establecimiento de reeducación” y la “prohibición de residir en el lugar o territorio que se designe o de visitar ciertos lugares o establecimientos públicos”.

No será hasta el 26 de diciembre de 1978, bajo el gobierno de Adolfo Suárez, cuando se eliminaron los preceptos relativos a la homosexualidad en una votación que contó con 278 votos a favor y 6 abstenciones, si bien la persecución indirecta con leyes como la Ley de Escándalo Público siguió persiguiendo las conductas homosexuales hasta la modificación operada en 1983. 

EL MATRIMONIO HOMOSEXUAL

 Se trata de uno de los Derechos más relevantes para cualquier colectivo y, en especial, para el colectivo LGTBIQ+.

A día de hoy sigue siendo una compleja lucha porque tan solo se reconoce en 31 países a nivel mundial, siendo Chile el último en aprobarlo el 7 de diciembre de 2021.

En el ámbito de la Unión Europea solo 16 países de los 27 reconocen legalmente y celebran matrimonios entre personas del mismo sexo. Se trata, en todo caso, de matrimonios a efectos civiles, porque en el ámbito del Derecho canónico o de otras religiones siguen estando, casi totalmente, prohibidos.

Destacar en este punto que la Iglesia protestante de Escocia, el 24 de mayo de este mismo año, ha aprobado por 174 votos a favor y 136 en contra la posibilidad de que los homosexuales puedan contraer matrimonio en los templos escoceses. 

En este punto España es uno de los países pioneros en permitir el matrimonio entre parejas del mismo sexo.

Fue la Ley 13/2005, de 1 de julio, por la que se modifica el Código Civil en materia de Derecho a contraer matrimonio, que, introduciendo un apartado 2 en el artículo 44 contempla que “el matrimonio tendrá los mismos efectos cuando ambos contrayentes sean del mismo o diferente sexo”. En este momento histórico para la igualdad en la diversidad tan sólo Bélgica y Países Bajos en 2004 se habían adelantado al Estado español. 

Debemos señalar que la legislación española fue recurrida ante el Tribunal Constitucional por considerar que era contraria a la Constitución de 1978.

En la histórica sentencia 198/2012, de 6 de noviembre de 2012, del Tribunal Constitucional, se concluyó que la Constitución es “un árbol vivo” y, atendiendo al artículo 32 de la Constitución Española (CE) que prevé que “el hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica” el Tribunal sostiene que “desde el punto de vista de la garantía institucional del matrimonio no cabe realizar reproche de inconstitucionalidad a la opción escogida por el legislador en este caso, dentro del margen de apreciación que la Constitución le reconoce, porque es una opción no excluida por el constituyente, y que puede tener cabida en el artículo 32 de la CE interpretado de acuerdo con una noción institucional de matrimonio cada vez más extendida en la sociedad española y en la sociedad internacional, aunque no sea unánimemente aceptada”.

A NIVEL LABORAL

Cada vez son más las compañías que a nivel internacional hacen bandera de la igualdad que se puede ejercitar en sus corporaciones.

Siendo, fuera de lo que puedan ser apreciaciones de puro marketing, que las habrá, una importante apuesta por la diversidad y la normalización en todos los estamentos sociales y en países en los que a día de hoy sigue siendo un tema tabú e ilegal.

Destacamos en este punto el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social que proscribe en su artículo 8.12 que serán consideradas infracciones muy graves las “decisiones unilaterales de la empresa que impliquen discriminaciones directas o indirectas desfavorables por razón –entre otras– de la orientación sexual”. 

REFLEXIÓN

Este breve análisis jurídico de algunos de los puntos que pueden ser más relevantes para el colectivo LGTBIQ+, no pueden perder de vista que, como comenzábamos este artículo, siguen quedando muchos pasos por dar.

En los últimos tiempos han vuelto a surgir voces que cargan contra la legalidad del matrimonio homosexual, contra la educación basada en el respeto y la igualdad en los centros educativos, o que los delitos de odio -tipificados o contemplados como agravantes en nuestro Código Penal- han aumentado dramáticamente en los últimos años.

Sorprenden además las polémicas suscitadas como con la reciente película de Disney «Lightyear» que ha sido vetada en diversos países a nivel internacional e impulsado campañas en contra del filme por un beso entre una pareja de mujeres. 

Solo queda decir que, hoy más que nunca, en un panorama internacional convulso, los Derechos no se presumen, sino que se defienden, y que la igualdad del artículo 14 de la Constitución Española -que, por cierto, no recoge expresamente la diversidad sexual- debe ser impulsada y promovida por todos los sectores de la sociedad.

Me despido con una nueva frase célebre, en este caso del poeta Federico García Lorca, con la que me atrevo a realizar una apología por la lucha por los Derechos LGTBIQ+ “callar y quemarse es el castigo más grande que nos podemos echar encima”. 

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Condenado el «youtuber» ReSet a 5 años sin utilizar esa red social por dar galletas con dentrífico a un mendigo para reírse de él https://confilegal.com/20220625-condenado-el-youtuber-reset-a-5-anos-sin-utilizar-esa-red-social-por-dar-galletas-con-dentrifico-a-un-mendigo-para-reirse-de-el/ Sat, 25 Jun 2022 04:47:00 +0000 https://confilegal.com/?p=337375 Su nombre real es Kanghua Ren pero en «Youtube», donde hasta ahora era una celebridad, es conocido por su nombre artístico, ReSet. Una celebridad que va a dejar de serlo después de que el Pleno de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, los 16 magistrados que lo componen, lo haya condenado por un delito contra la integridad moral a 15 meses de cárcel y a 5 años de prohibición de utilizar dicha red social.

Kanghua Ren se grabó ofreciendo galletas rellenas de pasta de dientes a un mendigo para reírse de él y lo subió a su canal de Youtube. Para monetizarlo.

Con su sentencia, la 547/2022, de 2 de junio, los magistrados Manuel Marchena Gómez (presidente y ponente), Andrés Martínez Arrieta, Julián Sánchez Melgar, Miguel Colmenero Menéndez de Luarca, Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre, Antonio del Moral García, Andrés Palomo Del Arco, Ana María Ferrer García, Pablo Llarena Conde, Vicente Magro Servet, Susana Polo García, Carmen Lamela Díaz, Eduardo de Porres Ortiz de Urbina, Ángel Luis Hurtado Adrián, Leopoldo Puente Segura y Javier Hernández García admiten el recurso de casación de la Fiscalía que solicitó la prohibición de 5 años de utilizar Youtube.

El tribunal de la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Barcelona, en funciones de apelación, derogó ese castigo específico impuesto por el Juzgado de lo Penal 9 de Barcelona, en primera instancia donde, además, fue condeno a pagar al indigente una indemnización de 20.000 eruos.

El Pleno del Supremo da la razón al Juzgado de lo Penal.

Esta «privación de derechos» se impone «de forma limitada y ceñida al lugar de comisión del delito» que, entienden, es Youtube.

«La limitación a su acceso», afirman «no supone una afectación desproporcionada a las facultades del individuo, como podría resultar de la imposición general de una pena que consista en la prohibición de acceso a internet, bien de forma genérica o bien en forma de prohibición de contratar con empresas proveedoras de acceso a internet».

LOS HECHOS

Según relata la sentencia, «El acusado, en fecha 10 de diciembre de 2014 creó su propio canal de Youtube con el nombre de ‘Reset’ y se convirtió en un conocido «Youtuber», nombre con el que coloquialmente se designa a persones que comparte vídeos en su canal de la red social y hacen del mismo un medio de vida con la obtención de cuantiosos ingresos derivados de la publicidad que se inserta en el mismo por la empresa que administra la red social y que se calculan en función del número de seguidores y del número de visualizaciones que tienen los contenidos audiovisuales difundidos».

El acusado en su canal «Reset» disponía el 6 de marzo de 2017, fecha en que fue analizado policialmente, de un total de 82 vídeos públicos, 1.161.989 suscriptores y 124.410.846 visualizaciones de sus contenidos, «por tanto con una difusión masiva e indiscriminada de los mismos y convirtiéndose con ello en un ‘Influencer’ nombre
con el que se atribuye a jóvenes que con este medio de comunicación tienen la capacidad de movilizar y crear reacciones de todo tipo entre sus seguidores»-

«En este contexto el acusado en fecha 1 de noviembre de 2016 recibió de uno de sus seguidores, cuya identidad se desconoce y que usaba como nombre de usuario en la red social el de ‘Luis Feik’, la propuesta de llevar a cabo un «reto» consistente en rellenar galletas de la marca Oreo, retirarles la capa de crema que tienen en su interior sustituirla por pasta de limpieza dental y entregarlas a personas en la vía pública. Esta propuesta aparecía publicada en el canal con la siguiente leyenda:
Luis Feik: ‘T reto a que compres galletas oreos y le quites la cremita y luego le eches parta dental :U y se la das a alguien en la calle Disney XD Latinoamérica 1 nov. A las 20.34 Me gusta 2 responder», prosigue la sentencia.

Kanghua Ren aceptó el reto propuesto y, para captar de forma más efectiva la atención morbosa de sus seguidores con el correlativo y apetitoso incremento de ingresos que ello le comportaría.

Se observa en el vídeo como extrae de una galleta de la marca Oreo, la crema de nata de su interior con un tenedor y la rellena con pasta dentífrica, realizando esta operación al menos con cinco unidades que introduce en su envoltorio. «Dirigiéndose a la vía pública, localizando a una persona sin hogar que se encontraba en ese momento sentado en el suelo pidiendo limosna, persona que posteriormente fue identificada como G.L., de nacionalidad rumana y entabló con el mismo conversación con el siguiente contenido:

Reset: Hola Señor.

Indigente: Hola.

Reset: ¿Necesitas ayuda?

Indigente: Sí.

Reset: Cuando le han dado lo máximo una persona, ¿cuanto le ha dado lo máximo?

Indigente: No se.

Reset: ¿No lo sabes? Bueno, te doy esto.

«Inmediatamente después, el acusado le entrega un billete de 20 euros, le pregunta si tiene hambre, y al contestar afirmativamente, le hace entrega esta vez del paquete conteniendo las cinco galletas rellenas de pasta dental anteriormente descritas», prosigue la sentencia.

«La víctima, G.L., llegó a ingerir las galletas recibidas y como consecuencia de ello tuvo vómitos y molestias digestivas sin llegar a precisar asistencia facultativa. Además, el Sr. L. a raíz de esta acción del acusado, ‘se sintió triste, preocupado y con temor'», añade.

Kanghua Ren se grabó en todo eso y después se dirigó a sus seguidores: «La verdad es que se siente bien no cuando ayudas a una persona? Obviamente la parte del oreo con pasta dental, a lo mejor me habré pasado un poco, pero mira el lado positivo, esto le ayudará a limpiarse los dientes que creo que no se limpiará los dientes en un par de días o desde que se volvió pobre».

La difusión de estos vídeos tuvo una gran repercusión en las redes sociales y en medios de comunicación social (prensa escrita, digital, televisión, radio etc… … ) con quejas de los propios usuarios de Youtube y del público en general.

El «youtuber» borró el vídeo después. El 24 de enero de 2017 fue a buscar al mendigo con sacos de dormir y mantas, le ofreció 300 euros para que no le denunciara y le propuso pasar la noche con él para hacer un nuevo vídeo «para tratar de congraciarse con la opinión pública», aunque fue interceptado por la Guardia Urbana.

ESPACIO DEL DELITO

En su argumentación el Alto Tribunal hace una reflexión acerca de lo que puede considerarse como «espacio del delito» en un caso de estas características.

A este respecto, aseguran, «la experiencia más reciente» ha demostrado «que las redes sociales no son sólo el instrumento para la comisión de algunos delitos de muy distinta naturaleza».

«Pueden ser también el escenario en el que el delito se comete, ya sea durante todo su desarrollo, ya en la ejecución de sólo algunos de los elementos del tipo», argumentan.

Y es que, añaden, «podría incluso decirse que existen fórmulas alternativas (…) para demostrar que el lugar del delito no tiene que identificarse con un espacio necesariamente ubicable en una realidad física».

Según el criterio de los magistrados, «tampoco es descartable, una vez verificado el oportuno juicio de proporcionalidad, considerar que el canal de Youtube, mediante el que se hacía posible la difusión de las lacerantes imágenes captadas por el acusado, pueda ser considerado como un instrumento del delito y, por tanto, sometido al decomiso previsto» en el Código Penal.

Entendiendo por tanto Youtube como el sitio donde se incurrió en la falta, los magistrados establecen la «prohibición de acudir al lugar del delito por 5 años, lo que implica el cierre por este tiempo del canal creado» por ReSet, lo que también implica que éste no pueda «crear otros durante este tiempo».

DOS VOTOS DISIDENTES

Los magistrados Antonio del Moral y Javier Hernández, ponen en duda «el esfuerzo argumentativo» desplegado por la Fiscalía para entender que Youtube puede ser considerado como un lugar físico.

Desde su punto de vista el Ministerio Público hace uso de un «arsenal argumentativo, con auténticas filigranas y malabarismos filológicos, que llegan incluso a evocar cómo el legislador usa en sede de injurias y calumnias el término espacio».

Con todo, sendos magistrados eluden «deliberadamente» enzarzarse en lo que consideran «un debate lingüístico y semántico». «Nos parece que eso desenfoca lo que está en juego en la decisión», añaden.

Pese a ello, el voto particular lanza un aviso: «Cuando se trata de determinar el alcance de la norma penal, no deberían descuidarse los límites que tenemos los jueces a la hora de atribuir significados a los significantes utilizados por el legislador. Y no solo el del tenor literal posible sino el que viene marcado por el significado que se obtiene del concreto juego del lenguaje donde actúa el significante».

Desde su punto de vista la red no «es un lugar donde se haya cometido el delito –es el medio utilizado para cometerlo– ni, desde luego, es un lugar donde resida la víctima o sus familiares».

A su juicio «la pena de prohibición de residir o acudir a determinados lugares afecta a la libertad deambulatoria de forma muy limitada, apenas invasiva». Sin embargo, continúan, «utilizar esa pena para incidir en otros derechos –en este caso, libertad de expresión– comporta un fraude de etiquetas».

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Artá Capital compra Gesdocument a Cuatrecasas para acelerar su crecimiento https://confilegal.com/20220625-arta-capital-compra-gesdocument-a-cuatrecasas-para-acelerar-su-crecimiento/ Sat, 25 Jun 2022 04:47:00 +0000 https://confilegal.com/?p=337366 La gestora de capital desarrollo especializada en la Península Ibérica, Artá Capital, ha completado la adquisición de Gesdocument, hasta ahora empresa participada del reconocido despacho de abogados Cuatrecasas.

Aldgate Capital Partners, Eversheds Sutherland, EY y Simon-Kucher han asesorado a Artá Capital en esta operación.

Gesdocument es una compañía del sector de los servicios de asesoramiento empresarial en los ámbitos contable-fiscal, mercantil y laboral, así como de otros servicios complementarios. Fue fundada en 1989 por Cuatrecasas. En la actualidad, más de 200 profesionales prestan servicios en las oficinas de Barcelona, Madrid, Bilbao, Valencia y Zaragoza a sus más de 5.000 clientes.

Esta compañía facturó cerca de 15 millones de euros en 2021; su crecimiento fue del 8 % con respecto a 2020.

Con la entrada de Artá Capital, Gesdocument desarrollará un nuevo plan estratégico, que incluirá un ambicioso plan de inversiones para promover el desarrollo y la innovación de los servicios y de los procesos para impulsar el crecimiento de la compañía. Dicho plan incluye también el crecimiento a través de adquisiciones selectivas, que permitirán a Gesdocument convertirse en uno de los consolidadores del sector de asesorías en España.

Para Artá Capital y Gesdocument es prioritario mantener un alto nivel de calidad y la dedicación a sus clientes heredada de Cuatrecasas.

Tras la operación, Gesdocument seguirá siendo el proveedor de referencia para Cuatrecasas.

La trayectoria inversora de Artá Capital y su capacidad para aportar valor en las compañías en las que participa han sido claves en su elección como nuevo accionista de Gesdocument.

Aldgate Capital Partners, Eversheds Sutherland, EY y Simon-Kucher han intervenido en la transacción en calidad de asesores de Artá Capital.

Desde 2008, Artá Capital ha sido uno de los inversores más activos, habiendo invertido más de 850 millones de euros en 18 compañías líderes en su sector.

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Al menos 7.564 agresiones en España a funcionarios de prisiones desde el 2000 hasta mayo de 2022 https://confilegal.com/20220625-al-menos-7-564-agresiones-en-espana-a-funcionarios-de-prisiones-desde-el-2000-hasta-mayo-de-este-ano/ Fri, 24 Jun 2022 23:30:00 +0000 https://confilegal.com/?p=336504 Desde el año 2000 hasta mayo de 2022 los funcionarios de prisiones han sufrido al menos «7.564 agresiones» en su actividad laboral diaria – según los datos aportados por la administración penitenciaria- cuya consecuencia inmediata son daños físicos y psicológicos de los servidores públicos agredidos.  

Son cifras que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (SGIIPP) ha facilitado al Portal Transparencia a petición de la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP), sindicato exclusivo en el ámbito penitenciario.

«Muchas de estas agresiones se producen como consecuencia de la intervención en los diferentes incidentes regimentales, en la obligación del funcionario de garantizar la seguridad, la vida y la convivencia pacífica en el interior de los centros penitenciarios», explica a Confilegal el presidente de este sindicato, Francisco Llamazares, y destaca que son el colectivo profesional de la Administración Pública que más agresiones sufren al año.

Advierte que pese a que estas cifras son elevadas, «no reflejan el número real de todas las dificultades a las que se enfrentan los funcionarios de prisiones». «Ni siquiera estamos hablando del número de funcionarios agredidos, sino de agresiones, de incidentes o incidencias regimentales y solo de aquellos que suponen una lesión física al trabajador penitenciario. No recoge las miles de agresiones verbales que diariamente se vierten contra estos profesionales, al no estar reconocidas por la Administración en el protocolo específico de actuación frente a las agresiones en los centros penitenciarios (PEAFA)», indica Llamazares.

Más de 4.659 amenazas o coacciones contra los trabajadores penitenciarios, según los datos correspondientes a 2020.

Francisco Llamazares, de 58 años, trabaja en la prisión de Navalcarnero (Madrid) desde hace 12 años.

Hasta hace un par de años se encargaba del módulo 5, que alberga a los internos más peligrosos de la cárcel, “60 internos conflictivos con graves delitos y muchos años de condena en algunos casos”. Actualmente, ya no está en trato directo con los internos, está en segunda actividad en el departamento de alimentación.

Llamazares tiene la fortuna de no haber sido atacado, hasta el momento. “Gracias a Dios no he tenido ningún incidente. Y eso que soy el más bajito de todos”, comenta con orgullo. Ha trabajado en cárceles de Cataluña, Sevilla, Villabona (Asturias) y en la también madrileña de Aranjuez.

VIOLENCIA FÍSICA Y VERBAL, ‘LA MAYORÍA SIN CONSECUENCIAS LEGALES’

«Estamos hablando de que no se contabiliza la violencia física y verbal, la mayoría de ella sin consecuencias legales para sus responsables al no tener los funcionarios de prisiones reconocida todavía la condición legal de agentes de la autoridad«, destaca este sindicato.

Y en otras muchas ocasiones, según explica, «por tener un sistema sancionador para los internos caduco, extemporáneo y ajeno a la realidad penitenciaria actual y de imposible cumplimiento para determinados perfiles». «El funcionario de prisiones tiene que elevar un parte de hechos informando de la incidencia a la dirección, entonces la dirección pregunta al interno, que tiene derecho a un pliego de descargo, y la junta de tratamiento del centro penitenciario valora todas las alegaciones y las pruebas y en función de ello, impone o no una sanción», explica Llamazares.

Afirma que este sistema es caduco porque «la sanción no conlleva ninguna restricción de derechos, sino que, por lo general, sólo acarrea la privación de paseos regimentales», y esto, según manifiesta, lo que supone es que «en la mayoría de los casos, haya internos que buscan o utilizan estas situaciones simplemente para poder quedarse en sus celdas descansando, viendo la televisión, hasta la hora de la cena, cuando tienen que bajar a recoger el racionado, en vez de estar en el patio pasando calor o frío».

Según este sindicato, los 15.000 funcionarios de prisiones que actualmente hay en España, preferentemente dedicados a la custodia, seguridad y vigilancia de la población reclusa, «sufrirán alguna agresión física contra su persona a lo largo de su vida laboral». 

ADEMÁS DE LAS LESIONES FÍSICAS, SUFREN ESTRÉS, ANSIEDAD, INSOMNIO Y BAJA AUTOESTIMA POR ESTAS ACCIONES VIOLENTAS

El presidente de la APPF señala que estas acciones violentas, verbales o físicas conllevan en el profesional una situación de estrés, ansiedad, insomnio, baja autoestima, conmoción, sufrimiento, lesiones psicológicas o físicas «que afectan, sin duda, a su actividad laboral, haciendo que en muchas ocasiones no pueda seguir prestando su servicio y, en otras, conllevando un tiempo de baja psicológica para su recuperación». 

A mayores, indica que la violencia en prisión no solo afecta la integridad de sus profesionales, sino también «en forma de daños colaterales a la salud psíquica de sus familias, que ven día a día su sufrimiento, un desgaste profesional y un deterioro emocional constante».

Además, subraya que «debemos ser conscientes que un ataque a estos profesionales es un ataque a la sociedad en sí y conlleva una merma de este servicio público esencial».

Francisco Llamazares (APFP): 'Siguen sin tomarse medidas para combatir las agresiones a funcionarios de prisiones'
Una de las concentraciones del sindicato APFP a las puertas de la Secretaría General de Instituciones Penitetenciarias para reclamar soluciones; Llamazares, segundo por la derecha portando la pancarta.

En España hay 71 centros penitenciarios para unos 46.500 internos, el 7,2% de población femenina -datos a 6 de mayo de 2022-, sin contar los de las comunidades autónomas que tienen las competencias transferidas, como son Cataluña y País Vasco, esta última desde junio de 2021.

La tasa de encarcelamiento es de algo más de 120 reclusos por 100.000 habitantes, la edad media de los internos en nuestro país es de 40 años, mientras que la de los funcionarios de prisiones es de 54, y la duración media de la permanencia en prisión está en tres años y siete meses. Los delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico lideran el ranking, seguidos de los delitos contra la salud pública, y luego los homicidios y los delitos contra la libertad sexual.

LAS REIVINDICACIONES DE LA APFP 

Para reducir la conflictividad de las prisiones, «donde se producen una media de cuatro incidentes regimentales graves cada hora que pueden acabar en agresión contra los funcionarios», la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones reivindica la consideración de agente de la autoridad a los trabajadores penitenciarios en el ejercicio de sus funciones.

También ve necesario un nuevo régimen sancionador «contundente» para erradicar cualquier tipo de conducta violenta, ya sea ejercida contra funcionarios y/o internos, «imprescindible para un proceso de reinserción conductual y de convivencia en sociedad». 

Un preso agrede a cuatro funcionarios de prisiones en 11 días
Una muestra de las armas incautadas a internos.

Este sindicato también reivindica que se dote de «seguridad legal» a los funcionarios de prisiones en la utilización preventiva de medios coercitivos, como es la utilización preventiva de esposas durante los desplazamientos de internos dentro de la prisión. «Su trayectoria conflictiva en las cárceles españolas es más que suficiente para tomar medidas preventivas”, afirma.

«Supongamos que tengo que trasladar a un interno de primer grado conflictivo, con varios partes, desde un departamento a otro. Lo normal sería que fuera esposado para minimizar el riesgo de cualquier posible altercado, como se hacía hace años, pero esto se ha restringido, una situación que puede provocar mayor conflictividad ante cualquier actitud agresiva», explica Llamazares.

Además, reclama la derogación de las órdenes de servicios de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias que actualmente sólo recoge que se puede poner esposas a los internos peligrosos y multireincidentes en agresiones e incidentes regimentales, clasificados en primer grado» (artículo 91.3 del Reglamento Penitenciario).

«Serán destinados a departamentos especiales aquellos penados clasificados en primer grado que hayan sido protagonistas o inductores de alteraciones regimentales muy graves, que hayan puesto en peligro la vida o integridad de los funcionarios, autoridades, otros internos o personas ajenas a la institución, tanto dentro como fuera de los establecimientos y en las que se evidencie una peligrosidad extrema», dispone dicho artículo. 

LA APFP HA DENUNCIADO ANTE EL DEFENSOR DEL PUEBLO ESTA ‘PRECARIA SITUACIÓN’

La APFP ha denunciado recientemente ante el Defensor del Pueblo la «precaria» situación en la que se encuentran los funcionarios de prisiones. Ha presentado a la adjunta primera, Teresa Jiménez-Becerril, una batería de quejas y ha reivindicado mejoras normativas y salariales que «reconozcan y valoren adecuadamente» esta profesión y permitan al colectivo «mantener dignamente» a sus familias. 

Quejas como la «escasez» de funcionarios, ya que no se han cubierto alrededor de 3.000 plazas vacantes, y que las agresiones continúan hacia los trabajadores penitenciarios por parte de la población reclusa «sin que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias haya tomado medidas».

Como señaló a Confilegal Llamares entonces, la APFP valora positivamente la reunión y espera que se den los pasos necesarios para ir actualizando todas estas reivindicaciones.

Este sindicato denuncia que las agresiones contra el personal penitenciario son «una pandemia que no se ha querido abordar por parte de los diferentes Gobiernos». 

Llamazares explica que esta realidad «inapelable» se ha tratado de «ocultar» con la firma en 2017 del Protocolo de actuación frente a las agresiones en los centros penitenciarios, con la intención de «reducir» la estadística de las agresiones e «intentar vender un modelo penitenciario de éxito, donde el 80% de los presos no vuelve a delinquir», pero asegura que «se cimenta en la manipulación de las cifras».

Y lo peor, añade, «en concesiones de beneficios penitenciarios” no sólo a los internos que lo merecen y han trabajado por su reinserción, como establece y fija la ley orgánica penitenciaria, sino «a muchos que no lo merecen y han continuado sin respetar las normas de convivencia» que deben primar en nuestra sociedad.

También afirma que a pesar de la baja en la población reclusa, las agresiones contra estos trabajadores se mantienen, y que si bien han bajado de las 475 registradas en 2010 a las 159 en 2021, la “tasa de agresión” por cada mil internos prácticamente se ha mantenido del 2000 al 2021 en torno al 4%.

En los primeros cinco meses de 2022, hasta mayo, se han producido 59 agresiones de internos a funcionarios, y ello, según recalca, «sin contar las tentativas de agresión al colectivo, en las que hay cada vez más agresiones indiscriminadas, con pérdidas de autoridad y de respeto, unido a las altas cifras de conflictividad entre internos, con peleas y autolesiones constantes». 

«Si a todo ello sumamos la fiscalización de nuestro trabajo desde la Inspección Penitenciaria con la apertura de informaciones y su remisión a las autoridades judiciales por si acaso, sin ningún indicio de mala praxis profesional, cada agresión a trabajadores con trayectorias profesionales impecables ha provocado en forma de secuelas la reducción de la moral, la desmotivación y el debilitamiento de la confianza y la legitimidad del principio de autoridad que debe primar a la hora de abordar este tipo de situaciones conflictivas», lamenta el presidente de la APFP.

En este sindicato consideran que debería primar la “seguridad de los funcionarios”, pero sostienen que es de «imposible» cumplimiento sobre una política penitenciaria pensando en el «buenismo» de la población reclusa y la «culpabilidad” de sus trabajadores, «porque se niega la presunción de veracidad a los informes de los funcionarios de prisiones, llegando a la absurda conclusión de que estos funcionarios siempre serán presuntamente culpables de maltrato hasta que se demuestre lo contrario». 

«Todo ello, de muy difícil solución ante la falta de apoyo institucional del Sr. Ortiz, que les da la espalda y no reconoce y protege sus derechos, empecinado únicamente en blanquear a todos los reclusos y vender un descenso del 26,5% de las agresiones sufridas entre 2018 y 2021, cuando la realidad es la falta de confianza en sus profesionales y en la institución en su conjunto», critica Llamazares.

La APFP destaca que la violencia en prisión es un problema fundamental para todos los sistemas penitenciarios, ya que compromete los derechos humanos, la seguridad pública, la vida de los internos, así como de los propios funcionarios y puede incrementar la reincidencia delictiva. 

AGRESIONES POR AÑO Y LOS CENTROS PENITENCIARIOS QUE ENCABEZAN EL ‘TOP TEN’

La Secretaria General de Instituciones Penitenciarias firmó el protocolo conocido con el nombre de PEAFA para tratar de frenar las agresiones que sufre el personal penitenciario durante su actividad laboral. Este protocolo, firmado por los sindicatos UGT (ACAIP) y CSIF, contempla un catálogo de medidas para intentar frenar las agresiones de la población reclusa a funcionarios, que entre 2000 y 2016 habían sufrido 6.296 agresiones, una media diaria de una agresión con lesiones; 427 agresiones en 2011; 406 en 2012; 314 en 2013; 359 en 2014; 351 en 2015 y 359 en 2016.

Dentro de este colectivo profesional, el grupo mayoritario más afectado por las agresiones es el del funcionario de interior y vigilancia V1, los que tienen un mayor trato directo las 24 horas del día con la población reclusa.

En 2017 -año de la firma del protocolo- la cifra de agresiones se situó en 305. Las agresiones directas de internos a funcionarios de prisiones fueron 223 en 2018 y en 2019, y en 2020 y 2021, a pesar del confinamiento de presos en sus celdas por la incidencia de la pandemia, se produjeron 176 y 159, respectivamente, a las que se suman en 2022 un total de 59 hasta el pasado mayo.

«A pesar del PEAFA, las agresiones continúan, con una media de tres agresiones a funcionarios cada ciclo de trabajo, lo que evidencia que trabajamos en un medio hostil, duro y peligroso», señala Llamazares, por lo que reclama «más medios personales y actualización de normativa ejemplarizante para estos casos».

Según informa la APFP, tras u nestudio detallado de las agresiones sufridas por internos durante los últimos 22 años, en el ranking de los 10 centros penitenciarios con mayor número de agresiones se encuentran el de Córdoba, con 399; Valencia, con 365; Soto del Real (Madrid), con 342; Mallorca, con 276; Albolote (Granada), con 227; Algeciras, con 224; Estremera (Madrid), con 218; Puerto 3 (Cádiz), con 200; Teixeiro (La Coruña), con 196; y Zuera (Zaragoza), con 194.

Además, el centro penitenciario de Córdoba ha sido el que ha registrado mayor número de agresiones en seis ocasiones, que se corresponde con los años 2004, 2005, 2006, 2007, 2010 y 2012, y posee el récord de padecer el mayor número de agresiones a funcionarios en un mismo año, con 57, en 2007.

Por comunidades autónomas, donde más se han registrado son Andalucía (2.276); la Comunidad de Madrid (1.120); la Comunidad Valenciana (952); Castilla y León (739); Galicia (472); Canarias (402); Baleares (299); Aragón, (295); el País Vasco (222) -la gestión fue transferida en 2021-; Asturias (157); la Región de Murcia (145); Extremadura (128); Castilla-La Mancha (125); Melilla (61); la Comunidad Foral de Navarra (56); Cantabria (41); Ceuta (38); y La Rioja (32).                                                                                       

La evolución en el número de agresiones y el número de internos recluidos por años desde 2000 a mayo de 2022: 

Fuente: APFP

NEGATIVA A DENUNCIAR EN ALGUNOS CASOS

Según la APFP, existe “negativa” por parte de muchos funcionarios víctimas de conductas violentas a denunciar la agresión sufrida, «y más si estas no tienen unas consecuencias o daños físicos importantes». 

«El motivo no es otro que cuando el personal penitenciario sufre lesiones como consecuencia de una agresión, si pides el PEAFA se fuerza, entre otras medidas, a la investigación interna por parte de la Subdirección General de Análisis e Inspección, supervisándose los vídeos del incidente regimental, analizando pormenorizadamente si se han cumplido las normas de protección y prevención, etc.», aclara Francisco Llamazares.

«El protocolo PEAFA sirve para analizar y evaluar la actuación del funcionario de prisiones, que en algunos casos ante el temor o duda de una situación con garantías suficientes de una correcta actuación opta por no poner en funcionamiento el PEAFA», explica.

La APFP pone el foco en que este «efecto colateral» está provocando en muchos casos que los trabajadores se abstengan de denunciar casos de agresiones, y por este motivo bajarán las estadísticas, «no porque se hayan reducido las agresiones, sino porque habrá menos denuncias registradas».

Según afirma, desde el caso Villena, con la suspensión de empleo y sueldo a los dos funcionarios «acusados/implicados sin pruebas de la falsa agresión a un interno en el módulo de aislamiento de la prisión alicantina y a la subdirectora de la cárcel de Villena (Alicante), el temor a represalias desde la SGIIPP ha aumentado».

Para la APFP, no es comprensible que a pesar de abrirse un expediente informativo por cada agresión sufrida desde mayo de 2017, con la entrada en vigor del PEAFA, más de mil situaciones que acabaron en agresión, «y habiéndose analizado supuestamente por técnicos y expertos todas las circunstancias que dieron lugar a que se produzca la agresión, solo se haya emitido un informe de fecha 28 de abril de 2021, de la Dirección General de Ejecución Penal y Reinserción Social, ‘Informe Balance en Materia de Seguridad y Tratamiento’, para que por parte de las subdirecciones de seguridad se lleven a cabo de forma cíclica prácticas con los útiles, medios, formas y procedimientos que requieren dichas intervenciones, así como al análisis del abordaje de situaciones conflictivas, ligadas, principalmente, para la óptima utilización de los distintos medios coercitivos (contenciones mecánicas, esposas, defensas de goma).

«Nos habla de utilización de medios coercitivos, de practicar la utilización de esposas, cuando lo han prohibido y sólo se aplica de forma preventiva para aquellos internos muy peligrosos, incluidos en el Ficheno Internos Especial Seguimiento (FIES), como en el caso del conocido ‘Igor el ruso’, que agredió en abril de 2021 a cuatro funcionarios con un azulejo tras negarse a salir de la celda para ser juzgado como autor confeso por el triple asesinato ocurrido en Andorra en 2017″, critica este sindicato.

«Seamos serios, el no reconocer desde una institución como la penitenciaria que hay un porcentaje de presos inadaptados y muy peligrosos para la convivencia en sociedad, que no respetan normas, es ir contra la cruda y dura realidad de la sociedad de la que el sistema penitenciario forma parte. No todos los internos son reinsertables. Se les da una oportunidad tras otra, pero algunos la rechazan sistemáticamente haciendo el uso de la violencia y la delincuencia su forma de vida», expone indignado.

Estamos hablando, según informa, de entorno al 10% de la población reclusa, lo que según cifras actuales del sistema supondría sobre 4.600 internos, y añade que actualmente hay en prisión más de 2.500 internos con antecedentes por agresiones a funcionarios, incluidos en el fichero I.E.O., de internos de especial seguimiento.

LAS OTRAS CAUSAS QUE INCIDEN EN LAS AGRESIONES A FUNCIONARIOS: INTERNOS CON ENFERMEDAD MENTAL

Este sindicato expone que son muchos los elementos que intervienen en el índice tan elevado de agresiones que vienen soportando. Llamazares manifiesta que a la «falta de personal y medios», hay que sumar la proliferación de internos con patologías psiquiátricas y la carencia formativa de los funcionarios de prisiones en el manejo de las múltiples situaciones de alteración que sufren y provocan las personas con enfermedades mentales. En la APFP consideran que las prisiones no son el lugar idóneo para su estancia y tratamiento.

También informa que producida una situación de riesgo para el propio interno o con terceras personas, los funcionarios de prisiones se encuentran con el hándicap de que se ven obligados a intervenir desconociendo «la mayoría de veces, por no decir en el 100% de los casos», por la política de protección de datos, ante qué situación se encuentran y cómo han de intervenir con el menor coste.

Indica que las personas presas con trastornos mentales no son más violentas que la población en general, siempre que sigan un tratamiento apropiado y tengan un seguimiento médico especializado, ya que si no tuvieran un tratamiento o no fuese apropiado sí que son más proclives a tener actuaciones agresivas. Sin embargo, dice que «lamentablemente, por la mala gestión de los responsables de la Administración Penitenciaria, el Ministerio y la Secretaría General han convertido las prisiones en psiquiátricos, eso sí, sin psiquiatras, sin médicos, sin sanitarios, sin personal asistencial de apoyo y sin un número de funcionarios de vigilancia adecuado a las necesidades reales que genera este tipo de enfermo».

Según explica, el desarrollo de las enfermedades mentales en prisión se encuadran por lo general en el círculo de las adicciones, dependencias y necesidades biológicas, encontrándonos fundamentalmente con el alcoholismo y la drogodependencia, habiendo incrementado exponencialmente los trastornos por consumo de sustancias psicoactivas (farmacológicos), opioides y benzodiazepinas, «siendo lo más habitual el policonsumo de tóxicos, afectando a su estado de ánimo y a su conducta, conllevando a un deterioro físico y mental progresivo». También señala los «brotes psicóticos» e indica que cada vez están siendo diagnosticados más internos con trastorno bipolar.

«Hasta el propio secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, aseguró en su comparecencia en el Congreso de los Diputados en abril de 2021 que el 30% de incidencias de agresiones a funcionariosuna de cada tres, estaban relacionadas con la población reclusa que padece enfermedad mental o discapacidad intelectual. Lo que omitió de forma intencionada es que para este tipo de internos la comisión de una agresión no tiene ningún tipo de repercusión sancionadora desde un punto de vista regimental y, en la mayoría de las veces, sin trascendencia penal. Son inimputables a efectos de responsabilidad penal y a lo sumo se les podría imponer por los tribunales una medida de seguridad, previstas en los artículos 95 y siguientes del Código Penal», relata Francisco Llamazares.

Además, apunta que también hay que tener en cuenta la bajada de la población reclusa en 4.526 internos menos entre los años 2017 y mayo de 2022, un 8,87% en este periodo; otro motivo más, según la APFP, para el leve descenso en las estadísticas del número de agresiones.

«Otro problema es el envejecimiento de la plantilla, entre otras cosas porque no ha habido una planificación adecuada en la política de personal de la SGIIPP hacia los centros penitenciarios a través de convocatoria de oferta de empleo público, ya que con una edad media de 55 años o más, hay 3.500 vacantes en las relaciones de puestos de trabajo y 6.942 funcionarios que en los próximos 10 años se jubilarán», agrega.

Llamazares manifiesta que todos estos condicionantes se ven agravados por la ausencia de un desarrollo legislativo que les incluya como agentes de la autoridad a todos los efectos, «con el factor disuasorio que ello supondría, y un protocolo contra agresiones que no se preocupe en maquillar las estadísticas buscando poner cada vez más trabas a la hora de denunciar las agresiones».

Ya por último, asegura que la legislación que regula el régimen personal de los funcionarios de prisiones se ha quedado «obsoleta» y «no tiene en cuenta la especificidad y especialidades del trabajo de los cuerpos penitenciarios, incluidos en un marco normativo de carácter generalista creado para los cuerpos administrativos de la Administración general del Estado, a todas luces insuficiente».

En la APFP consideran imprescindible una nueva organización a través de una ley que les dote de un Estatuto propio que recoja las singularidades que implica el trabajo en el ámbito penitenciario.

Los funcionarios de prisiones demandan «respeto y dignidad a su profesión” y que a los agresores se les aplique «la ley con la máxima contundencia. Y se modifique y modernice a las circunstancias actuales de violencia que se vive en las prisiones». «Estamos cansados de ser agredidos y humillados desde nuestra propia administración», critica Llamazares.

«Ojalá la Secretaría General escuche al Defensor del Pueblo en todas aquellas recomendaciones que le indique y las asuma como propias», concluye.

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La Corte Suprema de los Estados Unidos anula la protección del derecho al aborto tras 49 años de vigencia https://confilegal.com/20220624-la-corte-suprema-de-los-estados-unidos-anula-la-proteccion-del-derecho-al-aborto-tras-49-anos-de-vigencia/ Fri, 24 Jun 2022 17:26:35 +0000 https://confilegal.com/?p=337296 Era una sentencia cantada desde que el pasado 3 de mayo el presidente de la Corte Suprema de los Estados Unidos, John G. Roberts Jr., confirmara la autenticidad del borrador de la sentencia de 98 folios que anulaba el histórico fallo de «Roe versus Wade», de 1973, por el que se reconoció por vez primera en la historia el derecho de las mujeres al aborto sin ninguna restricción durante los tres primeros meses de embarazo.

El fallo, conocido, hoy confirma lo que ya se sabía: El derecho constitucional al aborto ya es historia en Estados Unidos. 49 años después, las mujeres han perdido la protección federal a interrumpir sus embarazos. A partir de ahora cada uno de los 50 estados decidirán si permitirlo y, si es así, en qué condiciones.

Se calcula que 26 estados están dispuestos a acabar con ello.

La votación ha sido por mayoría absoluta –6 jueces a favor, conservadores, y 3 en contra– en el caso Dobbs, funcionario de salud estatal del Departamento de Salud de Mississipi y otros contra la Organización de la Salud de las Mujeres de Jackson y otros.

A favor han votado los conservadores Samuel Alito, Neil M. GorsuchBrett M. Kavanaugh, Amy Coney Barrett,Clarence Thomas y el presidente Roberts. Y en contra los progresistas –allí denominados liberales– Elena Kagan, Sonia Sotomayor Stephen Breyer, que en enero anunció su retirada y será reemplazado próximamente por la juez Ketanji Brown Jackson.

Según esta nueva sentencia, el fallo «Roe consideró que la Constitución confería implícitamente el derecho a obtener un aborto, pero no fundamentó su decisión en el texto, la historia o los precedentes. Se basó en una narración histórica errónea; dedicó gran atención a cuestiones que no tienen relación con el significado de la Constitución y presumiblemente se basó en ellas; ignoró la diferencia fundamental entre los precedentes en los que se basó y la cuestión que se planteaba al Tribunal; inventó un elaborado conjunto de normas, con diferentes restricciones para cada trimestre del embarazo, pero no explicó cómo este verdadero código podía extraerse de la Constitución, de la historia de las leyes sobre el aborto, de los precedentes o de cualquier otra fuente citada; y su norma más importante (que los Estados no pueden proteger la vida fetal antes de la «viabilidad») nunca fue planteada por ninguna de las partes y nunca ha sido explicada de forma plausible. El razonamiento de Roe no tardó en suscitar críticas académicas mordaces, incluso por parte de los partidarios de un amplio acceso al aborto».

Y añade: «Los puntos débiles del razonamiento de Roe son bien conocidos. Sin ningún fundamento en el texto constitucional, la historia o los precedentes, impuso a todo el país un conjunto detallado de normas muy parecidas a las que cabría esperar encontrar en una ley o reglamento».

Los progresistas Kagan, Sotomayor y Breyer suscriben un voto particular disidente en el que refieren que “La ley de Misisipi prohíbe los abortos tras la decimoquinta semana, pero otros Estados podrían hacerlo después de 10 semanas, o de cinco, o de tres, o de una, o, de nuevo, desde el momento de la fecundación. (…) Algunos han promulgado leyes que se extienden a cualquier forma de aborto, incluida la toma de medicamentos en casa. Han aprobado normas sin ninguna excepción para cuando la mujer es víctima de una violación o de incesto. En virtud de esas leyes, una mujer tendrá que dar a luz al hijo de su violador o a una niña al de su padre, sin importar que hacerlo destruya su vida. Tras la sentencia de hoy, algunos Estados pueden obligar a las mujeres a llevar a término un feto con graves anomalías físicas. Pueden incluso argumentar que una prohibición del aborto no tiene por qué proteger a la mujer del riesgo de muerte o daño físico. En una amplia gama de circunstancias, un Estado podrá imponer su elección moral a una mujer y obligarla a dar a luz a un niño”.

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CSIF denuncia que las leyes de Eficiencia que impulsa Justicia facilitan la privatización y dificultan el acceso del ciudadano a un servicio básico https://confilegal.com/20220624-csif-denuncia-que-las-leyes-de-eficiencia-que-impulsa-justicia-facilitan-la-privatizacion-y-dificultan-el-acceso-del-ciudadano-a-un-servicio-basico/ Fri, 24 Jun 2022 13:09:00 +0000 https://confilegal.com/?p=337157 La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) denuncia que los royectos de ley de Eficiencia -organizativa y procesal- que se están tramitando en el Congreso de los Diputados, «abren la vía de la privatización de la Justicia al exigir una mediación al ciudadano, que debe sufragar de su bolsillo, como requisito previo para que se admita su demanda».

Además, advierte de que esta mediación «se pone en manos de personas ajenas a la Administración, es decir, profesionales liberales y despachos de abogados», puesto que CSIF aboga porque «la Justicia sea un servicio público y prestado por los funcionarios».

«CSIF no apoya los textos de las leyes de Eficiencia que el Gobierno ha remitido al Congreso y así se lo hemos hecho saber a los grupos parlamentarios», ha declarado a Confilegal el presidente de CSIF Justicia, Javier Jordán de Urríes Sagarna.

El presidente de CSIF Justicia, Javier Jordán de Urríes Sagarna.

«Para CSIF es inaceptable que se pisotee el derecho fundamental de negociación colectiva y libertad sindical y, además, como ya hemos advertido en varias ocasiones, cualquier reforma de la Justicia debe contar con la participación real y efectiva de quienes tienen que llevar a cabo esos cambios en el diseño e implantación de la Oficina Judicial», concluye.

Este sindicato, presidido por Miguel Borra, señala que «los actuales proyectos de ley contemplan la creación dentro de la oficina judicial de un servicio para apoyar la entrada de estos agentes externos en la aplicación de un servicio público, como es la administración de Justicia». «Esta circunstancia incrementa los trámites y la burocracia para los ciudadanos en el ejercicio del derecho fundamental a obtener una resolución judicial definitiva», asegura este sindicato.

«La Ley de Eficiencia Procesal establece como obligatorio la realización de un acto de mediación con carácter previo a presentar la demanda sin el cual ésta no se admite», aclara.

Frente a este escenario, CSIF plantea la creación de un sistema de mediación público y que al mismo tiempo, «permita desarrollar al personal de Justicia -como letrados y gestores- una carrera profesional en estos momentos de cambio, y asumir un servicio como ya existe en el ámbito judicial de lo social». 

«La eficiencia y sostenibilidad de un servicio público se garantiza aprovechando al máximo el potencial de la plantilla, en vez de buscar soluciones fuera y privatizando ese servicio público», subraya.

INFORMACIÓN ‘OCULTA’ Y ‘FUERA DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA’

Por otra parte, CSIF denuncia que el Gobierno ha «ocultado» a las organizaciones sindicales documentación complementaria, como los modelos de referencia de la oficina judicial y las relaciones de puestos de trabajo, aspectos que acordaron ayer el Ministerio de Justicia con las Comunidades Autónomas en una reunión celebrada en Toledo.

CSIF considera que «se impone así un esquema de servicios, funciones y tareas que afectan a las retribuciones y jornada del personal de Justicia, creando una gran incertidumbre entre el personal en los concursos de traslado y atribución de funciones».

Y recuerda que todas estas materias son objeto de negociación colectiva según el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP), por lo que sostiene que la futura ley “responde al más puro despotismo ilustrado, donde el Ministerio de Justicia y las CC. AA. imponen de forma autoritaria un modelo que afecta a las condiciones de trabajo”.

Ante esta situación, advierte de «un otoño caliente” en la Administración de Justicia «si el Gobierno sigue rehuyendo la negociación colectiva, como sucedió en diciembre de 2018 por una situación similar sobre los destinos, y CSIF convocó entonces una jornada de huelga y una gran manifestación en Madrid».

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El Ministerio dará respuesta individualizada a los 68 afectados por la conexión en el examen de acceso a la abogacía: un 1 % https://confilegal.com/20220624-el-ministerio-de-justicia-dara-respuesta-individualizada-a-los-68-afectados-por-la-conexion-en-el-examen-de-acceso-a-la-abogacia/ Fri, 24 Jun 2022 12:42:01 +0000 https://confilegal.com/?p=337115 De los 6.435 aspirantes a abogados que realizaron ayer el examen de acceso a la abogacía de manera «online» solo 68 –un 1%– presentaron quejas ante el Ministerio de Justicia por problemas técnicos.

«Estamos haciendo un estudio de cada uno de ellos para darles respuesta de manera individualizada. También hemos pedido un informe de trazabilidad a la UNED para ver qué ha pasado con cada uno de esos 68 casos», explicaron fuentes oficiales del Ministerio de Justicia.

El Ministerio dará solución a estos contratiempos en los próximos días.

Varios alumnos publicaron sus quejas en redes sociales criticando la organización y el funcionamiento de la plataforma. La prueba se llevó a cabo a través de  AvEX de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). La web fue testada el día 14 de junio, a través de una prueba mock que simulaba los tiempos reales del examen. 

La denuncia generalizada en varios perfiles, es que han sido expulsados de la plataforma durante el examen de manera errónea “cuando estaba realizando el examen de acceso a la abogacía, en la parte general la plataforma Avex me echó del examen y salió un error diciendo que había estado más de 15 min sin conexión. Pero esto no es cierto, en todo momento estuve conectada …” denuncia María Luz VF (@MaraLuzVF1) una de las perjudicadas.

De momento, las personas afectadas por los fallos se han empezado a movilizar a través de Twitter formando un grupo de WhatsApp.

Según el apartado 13 de la Orden PCM/219/2022, de 21 de marzo, por la que se convoca la prueba de evaluación de aptitud profesional para el ejercicio de la profesión de la abogacía para el año 2022, “en el supuesto de que se produzca alguna incidencia de tipo técnico que afecte de manera general a todos los aspirantes y que les impida el acceso a la plataforma, como una caída del sistema o de la red de transmisión de datos, la Comisión Evaluadora, después de escuchar el criterio de los técnicos responsables de la plataforma acerca de la naturaleza de la incidencia y de su alcance, podrá adoptar las decisiones que considere procedentes teniendo en cuenta el interés de los aspirantes, incluyendo las de ampliar el tiempo para la realización de la prueba, repetir la prueba en otro momento o dar la misma por finalizada, en cuyo caso, se puntuará el examen en función de las preguntas contestadas hasta ese momento”.

El examen fue una repetición del que se llevó a cabo en 2021.

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