Los hechos que Fernando Presencia denunció el pasado mes de mayo ante el Juzgado de Instrucción 1 de Madrid contra el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero y contra la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, son los mismos hechos que denunció previamente ante el Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional (AN) en abril pasado.

Aquella denuncia ante la AN no solo fue inadmitida por el magistrado de refuerzo de dicho Juzgado, Joaquín Gadea, sino que remitió su contenido a los Juzgados de Talavera de la Reina, Toledo, por considerar que estaba basada en documentación falsa. Allí el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 5 ya ha abierto una causa contra Presencia por ello.

Ahora el Ministerio Fiscal ha informado al magistrado titular del Juzgado de Instrucción 1 de Madrid, Pedro López Jiménez, donde Presencia volvió a repetir su denuncia. Por lógica, a la vista de la opinión del fiscal, López Jiménez tiene que inadmitirla.

La Fiscalía califica la denuncia de Presencia como «desordenada y confusa» y carente de «suficiente fundamento», además de recordar que hay una investigación abierta en Talavera de la Reina contra el exjuez.

Y subraya que la denuncia presentada, en la que Presencia afirma que Zapatero habría transferido 3 millones de dólares a Dolores Delgado a una cuenta de Panamá, «ya fueron denunciados en el referido Juzgado Central de Instrrucción 6 [de la AN]. Dicho Juzgado acuerda el sobreseimiento provisional (…) por entender que la denuncia carece de suficiente fundamento».

Añade: «ya existe un pronunciamiento previo judical sobre los hechos ahora denunciados, que se reiteran ante un Órgano Judicial diferente, entendemos que con el fin de obtener un pronunciamiento distinto y más favorable».

Sobre estos hechos, por lo tanto, «se podría hablar de que existe ‘cosa juzgada’ al existir ya un pronunciamiento judicial sin que queda ahora hacer una nueva valoración judical de esos hechos por un órgano judicial diferente«.

En relación a las imputaciones sobre Delgado, el escrito del Ministerio Fiscal refiere que «sobre estos hechos, los mismos no van acompañados de elementos o de algo que los avale o aporte indicios de su realidad. Por lo que entendemos, no procede practicar diligencia alguna en relación con estos hechos denunciados».

UNA REPETICIÓN DE LA DENUNCIA ANTE LA AN QUE INADMITIÓ GADEA EN SEMANA SANTA

El magistrado de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción 6 de la AN, Joaquín Gadea, al que Presencia incluyó en esta denuncia ante los Juzgados de Madrid, acusándolo de prevaricación judicial por no haber trámite a su denuncia contra el expresidente del Gobierno y la Fiscal General del Estado.

El delito de prevaricación en un juez consiste en tomar una decisión a sabiendas de que es injusta. Precisamente el delito que cometió Presencia por partida doble, por lo que fue apartado de la carrera judicial y perdió su condición de juez. Le cayeron 20 años de inhabilitación.

Gadea, en un auto muy duro, subrayó que los documentos que había presentado Presencia para sustanciar su denuncia contra Zapatero y Delgado adolecían «de cualquier sustento mínimo que haga verosimil la denuncia, limitándose el denunciante a afirmar su existencia, sin ningún apoyo mínimamente objetivo que permita apreciar ni siquiera de forma inicial su credibilidad, lo que conlleva a que se rechace de plano la apertura de un procedimiento penal para su comprobación, tal como pretende el denunciante».

Días más tarde de presentar la denuncia, Presencia aportó varios «documentos escaneados, cartas manuscritas, sin fecha, sin firma, sin datos del remitente ni destinatario, acabadas con el texto ‘poner fecha, pasar a limpio y enviar’ y documentos mecanografiados, presuntamente de una entidad bancaria, sin sello, sin membrete, sin ninguna otra identificación que permita determinar su origen», relataba el magistrado.

La fuente de dichos papeles era un buzón creado por ACODAP para recibir denuncias.

«No se aporta información ni de quién la ha presentado, ni de dónde han sido obtenidos los documentos aportados, ni, en definitiva, quién los ha elaborado, cuándo o a quien le han sido remitidos», añadía.

«Es más, debemos poner de manifiesto que la forma de transmitir la denuncia (o como refiere la Fiscalía ‘la burda composición de unas cartas’) no permite descartar en absoluto la posibilidad de encontrarnos ante una documentación creada ‘ex profeso’ para el hecho concreto que se denuncia, lo que no excluiría, desde la provisionalidad de este momento inicial, una ulterior actuación en orden a investigar el posible carácter espurio de las mismas», subrayaba.

EL MAGISTRADO GADEA NO HA COMETIDO EL DELITO DE PREVARICACIÓN

De acuerdo con el informe del Ministerio Fiscal, en el caso de la denuncia ante los Juzgados de Madrid, «no se puede hablar de resolución injusta, pues la resolución del magistrado de la Audiencia Nacional no hace más que observar su parecer sobre los hechos denunciados, tras dar traslado previo al Fiscal en lugar de hacerlo directamente en el mismo Auto de incoación».

No observa, la Fiscalía, que el auto de Gadea sea ilegal o injusto, irracional o arbitrario. Y no es contradictorio con el auto de incoación de diligencias previas, «ni implica un cambio de criterio y no se aprecia en ella un elemento subjetivo de intencionalidad de que así fuera, en todo caso. Y por consiguiente, no procede la práctica de diligencia alguna en cuanto a estos hechos».

Un criterio que también aplica al fiscal de la AN, Emilio Miró Rodríguez, autor del informe que emitió el 11 de abril pasado a petición del magistrado en su auto de incoación de diligencias previas. «Los hechos imputados a Emilio Miró Rodríguez no tienen encaje penal». Por lo tanto, procede inadmitir la denuncia de Presencia.

Lo que también es aplicable en lo referido a Yolanda Rodríguez, directora de Comunicación del Ministerio de Defensa, a la que Presencia acusaba de haber pasado a los medios de comunicación el auto de Gadea. Según Presencia, se lo habría pasado el letrado de la Administración de Justicia del Central de Instrucción 6 para articular una campaña de desprestigio contra su persona.

«Presencia se limita a hacer estas aseveraciones sin apñortar indicio alguno de las mismas. De ahí que entedmamos que nuevamente no procede admitir la denuncia respecto a estos hechos denunciadosm peusta carecen de sustento fáctico», destaca.