La fiscal general del Estado (FGE), Dolores Delgado, va a escuchar hoy a la Junta de Fiscales de Sala como paso preceptivo para decidir si entrega a la Fiscalía Europea la investigación sobre el contrato de emergencia para la compra de mascarillas realizado por Tomás Ayuso, hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

O si sólo le entrega una parte.

El “sanedrín” de la Junta de Fiscales de Sala tendrá que pronunciarse sobre este evidente conflicto de competencias.

La pasada semana Delgado tomó la decisión de que fuera la Fiscalía Anticorrupción la que se encargara de la investigación, pero, al darse cuenta de que tenía que haber pasado este trámite, como establece el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, dio marcha atrás para consultar al “sanedrín” de la Junta de Fiscales de Sala. Un detalle que no ha sentado muy bien a muchos de ellos.

Lo que no había esperado es que la Fiscalía Europea entrara en el caso, requiriendo a la Fiscalía Anticorrupción que le entregara la totalidad de las diligencias pre procesales llevadas a cabo hasta ahora al entender que se podía malversado dinero proveniente de los fondos europeos.

Desde la Fiscalía Europea, cuya representante en España es Concepción Sabadell –fiscal anticorrupción en servicios especiales, subalterna del fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón antes de cambiar de destino– se ha pedido así avocar las diligencias a un procedimiento que se ha abierto en su seno por malversación y fraude a los intereses de la Unión Europea, habida cuenta de que ese contrato se pagó con fondos europeos y por tanto tienen competencia en esa materia.

Según fuentes fiscales, la idea de la fiscal general del Estado es que la Fiscalía Europea investigue eso, precisamente, la supuesta malversación y el fraude de las subvenciones y que la Fiscalía Anticorrupción se centre en el resto de los presuntos delitos.

La entrada de la Fiscalía Europea en el caso no le ha sentado nada bien al fiscal jefe Anticorrupción, Luzón. Porque entiende que parte de las diligencias se centran en posibles delitos de corrupción de una Administración pública española.

Cabe recordar que fue en febrero cuando el fiscal jefe de Anticorrupción decretó que abría diligencias preprocesales al entender que sí resultaba procedente la práctica de determinadas pesquisas, a pesar de que no se dirigía inicialmente contra personas físicas o jurídicas.

De hecho, apuntaba que no trasladaba el asunto a la Fiscalía del Supremo, donde es aforada Ayuso, porque de los hechos denunciados no apreciaba de momento indicio verosímil de delito por parte de ella.

Fuentes fiscales consultadas indican que Anticorrupción, ante esa petición, no puede negarse a enviar la documentación recabada, a pesar de que advierten de que no ven que haya malversación porque de hecho las mascarillas llegaron a su destino.

Así, entienden que desde la Fiscalía Europea pueden abrir el procedimiento por malversación, algo en lo que no puede entrar el Ministerio Público español, aunque ya desde Anticorrupción les habrían trasladado que no ven indicios porque las mascarillas se pagaron y se entregaron.

DELITOS DE CORRUPCIÓN

Sin embargo, lo que desde Anticorrupción no enviarán la Fiscalía Europea todo lo relativo a los delitos conexos que se investigan, que nada tienen que ver con la malversación, y que están relacionados con el tráfico de influencias, la posible falsedad en la factura emitida por Tomás Ayuso, la prevaricación y las negociaciones prohibidas a los funcionarios.

Y se niegan porque estos son delitos de corrupción que no tienen nada que ver con los fondos de la Unión Europea sino que se refieren al funcionamiento de una administración pública española.

Este es el motivo del conflicto de competencias que debe resolver ahora la fiscal general tras escuchar a la Junta de Fiscales de Sala.

Sin embargo, otras fuentes fiscales, aseveran que la Fiscalía Europea por de pronto ya ha asumido las competencias de la investigación, y que ya el pasado 23 de marzo la fiscal general decidió sobre el conflicto y lo notificó, si bien su decisión habría quedado sin efecto al día siguiente porque no convocó con carácter previo la Junta de Fiscales de Sala.

Estas fuentes indican que hasta que no ocurra ese trámite –la Junta–, la Fiscalía Europea mantiene su competencia.

EL DECRETO DE ANTICORRUPCIÓN

Cabe recordar que Anticorrupción decidió abrir diligencias sobre el contrato de emergencia para la adquisición de mascarillas al entender que era procedente la práctica de determinadas pesquisas aunque «no se dirija inicialmente contra personas físicas o jurídicas».

En el decreto emitido por Luzón, se indicaba que estas diligencias permitirán «confirmar o descartar la trascendencia penal de los hechos denunciados» por los grupos parlamentarios de Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos.

Añadía que la decisión de abrir investigación derivaba de «la relevancia que tiene el recto y normal funcionamiento de la Administración Pública con sujeción al sistema de valores instaurado en la Constitución» y por «la indiscutible trascendencia social del contexto en el que tienen lugar los hechos descritos en las denuncias».

Apuntaba además que las denuncias de los grupos de la Asamblea de Madrid se limitaban a solicitar la investigación de los hechos que en ellas se relatan, y por lo que se refiere a la presidenta de la Comunidad de Madrid, aforada ante el Tribunal Supremo, proponían distintas hipótesis sobre su eventual participación en presuntos delitos de tráfico de influencias, malversación, prevaricación y negociaciones prohibidas a los funcionarios.

El Ministerio Público indicaba no obstante que la secuencia de los hecho denunciados «no permite acordar la remisión a la Fiscalía del Tribunal Supremo» de las actuaciones porque no constituyen «indicios razonablemente verosímiles de la realización del hecho investigado, de su carácter delictivo y de la responsabilidad en el mismo de la persona aforada», en el sentido que exige la Consulta 1/2005 de la Fiscalía General del Estado, sobre competencias de las Fiscalías para tramitar Diligencias de Investigación que afecten a personas aforadas.

Así, señalaba que a la vista de que los hechos denunciados pudieran llegar a ser constitutivos de delitos que resultan de la competencia de esta Fiscalía Anticorrupción y apreciando en los hechos una especial trascendencia, el fiscal jefe acordaba incoar estas diligencias y asumir la investigación él mismo.

Ahora la Junta de Fiscales de Sala tiene que pronunciarse.

LAS DENUNCIAS Y LO APORTADO POR LA CAM

En su denuncia, Unidas Podemos considera que Tomás Díaz Ayuso –el hermano de la presidenta– medió con el Gobierno regional y que consiguió una «comisión» por ello. El PSOE entiende que con ese contrato para la compra de mascarillas en lo más duro de la pandemia pudo haberse cometido «tráfico de influencias» y «malversación de caudales públicos»; y Más Madrid señala en su denuncia que podría haber «cohecho» y «tráfico de influencias».

Díaz Ayuso aclaró que su hermano cobró 55.000 euros más IVA de la empresa Priviet Sportive no por obtener un contrato con la Administración regional sino por el cobro de las gestiones realizadas para conseguir el material sanitario en China y su traslado a Madrid. Y entregó documentación al respecto a Anticorrupción.