La demanda ha presentado el sindicato ELA, a través del abogado de 'Bidelagun Fundazioa' David Pena, por “vulneración al derecho a la integridad física para la plantilla”.

Por un delito de descubrimiento y revelación de secretos de otro, en su modalidad de utilización de artificios técnicos de grabación del sonido y de la imagen sin consentimiento.

La SGAE tiene que rehacer el reparto de 64 millones de euros, reintegrando las cantidades a aquellos asociados a los que les ha afectado.

La juez le imputa un delito de agresión sexual y ha fijado una fianza de 150.000 euros.

La Sala del 61 no encuentra ningún indicio de delito cometido por los magistrados, fiscales y letrados de la Administración de Justicia.

No cabe recurso contra la decisión, ya que las cuestiones planteadas "han de entenderse esencialmente resueltas" en la jurisprudencia.

Destaca que el operativo no fue "desproporcionado".

La Audiencia de Valladolid confirma la sentencia de primera instancia que estimó la demanda del afectado y le impuso esta pena.

El abogado Francisco Ignacio López Lera analiza el caso en Confilegal.

Fue condenada junto a la Corporación Radiotelevisión Española a pagar conjunta y solidariamente una indemnización de 10.000 euros a la vecina aludida en el reportaje.