El presidente catalán, Carles Puigdemont, se reunirá este viernes en el Palau de la Generalitat con representantes de la comisión prodiálogo impulsada por el Colegio de la Abogacía de Barcelona, para recibir el acuerdo marco ésta ha redactado.
Según ha informado el Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) Puigdemont se reunirá por la tarde con los miembros Comisión Independiente para la Mediación, el Diálogo y la Conciliación, liderada por Mª Eugenia Gay, decana del ICAB, y formada por representantes sindicales, patronales, universidades y otros colegios profesionales con el fin de conseguir una salida pactada a la situación política de Cataluña.
Los miembros de la Comisión prodiálogo entregarán a Puigdemont el acuerdo marco que han redactado para impulsar la negociación, que pide «normalidad policial» y que se renuncie a declarar la independencia de forma unilateral.
Asimismo, desde la comisión se insta a la Generalitat y al Gobierno a llevar a cabo una mediación que conduzca «al restablecimiento de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en Cataluña a la situación anterior a las actuaciones desplegadas como consecuencia de la convocatoria del 1-O» y al «restablecimiento ordinario de las instituciones de autogobierno en Cataluña, descartando por todas las partes ninguna decisión inmediata sobre el modelo político organizativo».
Entienden que para poder llevar a cabo la mediación, la Comisión considera imprescindible que las dos partes -Gobierno de Cataluña y Gobierno central- renuncien a alguno de sus postulados.
Impulsada por el ICAB, forman parte de la comisión los líderes en Cataluña de CCOO, Javier Pachecho, y UGT, Camil Ros, y los presidentes de Pimec, Josep González, y la Cámara de Comercio, Miquel Valls, entre otros.
En ella, también se encuentran la rectora de la Universidad Autónoma de Barcelona, Margarita Arbós; el presidente de la abogacía catalana, y del Colegio de Abogados de Girona -que hizo público un manifiesto a favor del derecho a decidir, Carles McCragh; el presidente de la Asociación para las Naciones Unidas en España, Eduard Segarra, y el decano del Colegio de Economistas de Cataluña, Joan B.Casas.
Una Comisión contestada desde dentro del propio ICAB
El anuncio de la creación de la Comisión de Mediación se ha encontrado con una respuesta jurídica en forma de una demanda ante la jurisdicción contencioso-administrativo presentada por la letrada Vanessa González Fornás, quien fue uno de los candidatos al Decanato en las últimas elecciones del ICAB.
En la demanda de protección de defechos fundamentales contra el ICAB, la letrada viene a solciitar la adopción de medidas cautelarísimas de acuerdo con los artículos 135 y 129 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativo.
En la misma solicita la disolución de la comisión creada porque ni la Junta de gobierno, ni la decana, ni el vicedecano tienen la potestad de erigirse «en mediadores de conflictos politicos».
En síntesis: El Colegio de Abogados no tiene potestad para tal fin. A lo que hay que añadir que ningún colegiado ha sido informado de ello ni se le ha pedido opinión alguna.
González Fornás cita la sentencia de 16 noviembre del 2005 del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 5a RJCA\2005\1069, que dice que los Estatutos Colegiales no pueden “auto-atribuirse” potestades o competencias distintas de las previstas en las leyes reguladoras citadas, debiendo limitarse a la distribución de las previstas en la ley entre los distintos órganos de la Corporación, como expresión del principio de autonomía organizativa, y con este preciso alcance.
La letrada argumenta, además, que con el comunicado realizado antes de ayer, anunciando la creación de la Comisión, se daba a entender que «todos los abogados de Barcelona» pedían que existiera una mediación entre el Gobierno central y Autonómico, que se constituyera una comisión interinstitucional, que el vicedecano, Jordi Pina, «sobradamente conocido por sus ideas independentistas y su vinculación a CiU y PdeCat, así como defensa en exclusiva de altos cargos de la Generalitat, como la consellera Rigau y el señor Montull, en el caso Palau…», era persona imparcial, no se ha dicho la verdad.
