La «estrategia president Jordi Pujol», un recurso utilizado por algunos decanos de colegios de abogados catalanes
Carles McCraigh, decano del Colegio de Abogados de Girona y presidente del Consejo de la Abogacía Catalana, es un "usuario" de la "estrategia presidente Jordi Pujol".

La «estrategia president Jordi Pujol», un recurso utilizado por algunos decanos de colegios de abogados catalanes

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01/10/2017 06:15
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Actualizado: 16/11/2017 17:17
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El exhonorable Jordi Pujol ha dejado una profunda huella en las mentes de sus conciudadanos locales. Prueba de ello es que algunos decanos de colegios de abogados copian su estrategia, «la estrategia presidente Jordi Pujol».  ¿En qué consiste? En articular un discurso distinto, y en ocasiones opuesto, dependiendo de los escenarios en los que se actúe, y de acuerdo con sus intereses del momento.

Pujol fue un depurado artista de esta «estrategia», un maestro del doble lenguaje. Así, en Madrid decía unas cosas, y en Cataluña, otras que no tenían nada que ver. Y todos contentos porque los primeros no sabían lo que decía en el otro lado, y viceversa.

Pero hoy, con Internet, eso se ha acabado.

La convocatoria del referéndum independentista, prohibido por el Tribunal Constitucional, ha puesto al descubierto que cinco de los decanos de los 14 colegios de abogados de Cataluña hacen, en mayor o menor medida, lo mismo cuando están en un sitio y cuando están en otro.

Un discurso para Madrid, donde tiene su sede el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), órgano representativo a nivel estatal de los 83 colegios de abogados españoles, y otro discurso para su tierra chica.

En Madrid son respetuosos con el CGAE. Oficialistas como el que más.

Y en sus respectivos colegios mantienen posiciones que hoy están más cercanas al referéndum de autodeterminación de Cataluña, para decirlo de una forma elegante.

Son los decanos de los colegios de Girona, Carles McCragh -quien también es presidente del Consejo de la Abogacía Catalana-; de Manresa, Abel Pie; de Vic, Joan Riera; de Figueres,  Joan Ramón Puig; y de Lleida, Jordi Albareda Cantadell.

A este grupo hay que añadir a Josep Canicio Querol, exdecano del Colegio de Abogados de Tortosa, consejero electo del CGAE.

Sus compañeros decanos del Consejo General de la Abogacía Española del resto de España lo saben muy bien, pero prefieren interpretar la pantomima del mundo feliz en aras a facilitar la «habitabilidad» en el seno de la organización, según han confirmado fuentes de ese órgano a Confilegal.

Un discurso para Cataluña

El caso de McCragh es el mejor ejemplo para ilustrar el uso que se hace de la «estrategia president Jordi Pujol».

El Colegio de Girona hizo público, el 19 de septiembre pasado, un «Manifiesto del Ilustre Colegio de Abogados de Girona en relación a la convocatoria de referéndum del día 1-0«, en el que afirmaba que «las leyes deben ser interpretadas de acuerdo con la voluntad popular”. 

También afirmaba que “a lo largo de los siglos, Cataluña ha manifestado una voluntad de mantener su identidad propia”. Por ello ahora “a las puertas del 1-0” se ofrecía a asistir a todos aquellos que se vieran afectados por la respuesta del Estado que, a su juicio, es “incompatible con el anhelo de la ciudadanía”.

Y añadían su perplejidad ante la «rapidez» con la que el Estado «ha ido formulando instrucciones y querellas en relación con las personas vinculadas a la preparación del referéndum del 1-0, desde cargos electos a periodistas».

El Español lo puso blanco sobre negro: «El Colegio de Abogados de Girona se pone al servicio de la causa independentista».

El Manifiesto incurría en el mismo error que el Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB) cuando, en 2013, se adhirió al Pacto Nacional por el Derecho a Decidir.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJCat) obligó al ICAB a abandonarlo, mediante sentencia -en 2016- por vulnerar «la libertad ideológica, de expresión y de asociación» de los colegiados.

El TSJCat consideró que el Pacto partía «de un posicionamiento ideológico claro»: que el pueblo de Cataluña era un sujeto político y jurídico y soberano, y por eso, con derecho a decidir sobre su futuro político colectivo.

«Dado que la colegiación es obligatoria para quien ejerce la abogacía, no deja otra opción a los colegiados que alinearse con la opción ideológica o política que el Colegio Profesional ha asumido», sostuvo el TSJCat, corrigiendo a la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Barcelona.

Un discurso para Madrid

Sabedor McCraigh de que el Manifiesto había «escocido» a muchos de sus compañeros decanos en el CGAE con los que tenía que verse en Madrid el próximo 6 de octubre, les dirigió una carta disculpándose por no poder asistir. Y aprovechó para autoesculparse.

Decía sentir si había podido «herir alguna susceptibilidad, sentimiento o ideología».

«Tened por seguro que mi interés ha sido siempre tender puentes, no abatirlos», añadió.

CARTA AL CGAE PARA DESCARGAR: Carta decanos y decanas de Carles McCragh

«Vuelvo a repetiros -proseguía- que tanto el Consell, es decir, todos mis compañeros decanas y decanos catalanes, como el ICAG, como yo mismo personalmente, estamos con nuestra Presidenta, Victoria Ortega, que siempre nos ha comprendido y apoyado, y con todos vosotros, para que el CGAE sea, y siga siendo, nuestro centro de unión, entendimiento y apoyo en favor de todos los abogados y abogadas, y un ejemplo de muy buen servicio para la ciudadanía», concluía McCragh.

La misiva tiene fecha de 29 de septiembre.

Lo que de verdad cree

Dos días antes de enviar esa carta exculpatoria, el 27 de septiembre, McCragh declaró públicamente, en el marco de la entrega de premios de la Asociación Liberpress, de la que es presidente, que lo que están viviendo Cataluña es una «situación de falta de libertades» que no se veía «desde el franquismo», en referencia a las decisiones tomadas por la Fiscalía y los tribunales de Justicia.

«España sigue siendo una sociedad anclada en el autoritarismo y es normal, porque mucha gente viene de aquel tiempo», declaró en rueda de prensa.

Después añadió que «las libertades individuales de prensa, de expresión y asociación están realmente atacadas».

Ni que decir tiene que estas declaraciones han sentado bastante mal a muchos de sus compañeros decanos.

«Es el doble lenguaje de siempre. Ya no se lo cree nadie, pero somos personas educadas que tenemos que convivir», explican algunos colegas suyos.

Lo que piensan los decanos no es lo que piensan todos los colegiados

Una buena prueba de ello es lo que está sucediendo en el Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB).

La nueva decana, María Eugenia Gay -hija del que fuera vicepresidente del Tribunal Constitucional y presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Eugenio Gayno ha podido articular una postura clara a favor de la Constitución y la ley, como han hecho, por ejemplo, los decanos de los Colegios de Abogados hermanos de Madrid, Sonia Gumpert, y Málaga, Francisco Javier Lara.

Bajo la argumentación de que no existe una postura única porque se debe respetar la ideología de cada colegiado, la Junta de Gobierno del ICAB llegó a manifestar que se debía «preservar el Estado social y democrático de Derecho así como el respeto, la imparcialidad, la responsabilidad e independencia judiciales«.

Fue lo máximo a lo que pudo llegar en materia de consenso.

La Sección de Derecho Constitucional de la Comisión de Cultura del ICAB, sin embargo, fue más allá y emitió un comunicado en el que recordó que el referéndum convocado por la Generalitat estaba suspendido por el Tribunal Constitucional.

«Proseguir con la ejecución de normas suspendidas supone una clara violación de nuestro orden constitucional español y europeo por desobediencia, no tiene amparo en el Derecho Internacional, ni en el Derecho de la Unión Europea, que regula y protege la integridad territorial de todos sus Estados miembros», decían los miembros de esta sección.

Y agregaban que un «Estado de Derecho nunca puede permitir que, alguna de sus instituciones, desobedezca las leyes e incumplan las resoluciones del Tribunal Constitucional».

Frente a estos, se destapó la Comisión de Defensa de los Derechos de la Persona del ICAB, que en un informe -que no suscribe el Colegio- denunciaron la «vulneración de derechos fundamentales cometidas en las actuaciones posteriores a varias providencias dictadas por el Tribunal Constitucional» suspendiendo las votaciones.

Para los miembros de esta comisión, «convocar un referéndum no es delito, como tampoco lo es participar en él»; el 1-0, para ellos, «no es ilegal».

La división en la abogacía catalana, como en la sociedad, es la tónica general.

Unos la expresan abiertamente, como en el Colegio de Barcelona y otros optan por la «estrategia president Jordi Pujol», de eficacia contrastada; siempre y cuando unos y otros, de los dos lados, no se enteren de la verdad.

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