El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha expulsado al Colegio de la Abogacía de Barcelona (Icab) del Pacto Nacional por el Derecho a Decidir, al que se había adherido en octubre de 2013, por vulnerar «la libertad ideológica, de expresión y de asociación» de los colegiados.
En la resolución, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC ha estimado el recurso que tres abogados han presentado contra la decisión de un juzgado contencioso –que había desestimado su petición– y concluye que este Pacto tiene «un marcado carácter político«.
Al suscribir este Pacto, «se rompe con la neutralidad ideológica o política que se espera del Colegio Profesional» y se pone a disposición de la Comisión de Estudios por el Derecho a Decidir una serie de medios personales y materiales que sólo pueden estar a disposición de los colegiados.
EL ICAB ESTUDIA RECURRIR
Fuentes del Colegio de la Abogacía de Barcelona consultadas por Europa Press han explicado que están estudiando el contenido de la sentencia del TSJC para decidir si presentan un recurso de casación contra la misma.
El TSJC considera que el Pacto parte «de un posicionamiento ideológico claro»: que el pueblo de Cataluña es un sujeto político y jurídico y soberano, y por eso, con derecho a decidir sobre su futuro político colectivo.
«Dado que la colegiación es obligatoria para quien ejerce la abogacía, no deja otra opción a los colegiados que alinearse con la opción ideológica o política que el Colegio Profesional ha asumido», sostiene el TSJC.
El tribunal añade que no puede exigirse a nadie que asuma una ideología como condición para el ejercicio de una profesión, ya que hacerlo supone una vulneración de la libertad ideológica, de expresión y de asociación, «todas ellas indisolublemente unidas al pluralismo político que propugna la Constitución Española».
La sentencia cree que «es evidente que con dicha actuación se produce un enfrentamiento entre la colegiación obligada para ejercer –de abogado– y el derecho de no asociarse, quedando vulnerado este últimos».
NO VULNERA LA LIBERTAD POLÍTICA
Sin embargo, rechaza, como denunciaban los apelantes, que vulnere la libertad de participación política, ya que una cosa es que asuma una posición ideológica o política determinada y otra diferente que esto suponga una merma del derecho de los colegiados a participar en los asuntos políticos.
El Icab se adhirió al Pacto por el Derecho a Decidir y apoyó a la Comisión de Estudio del Derecho a Decidir, creada con el objetivo de trabajar para la celebración de una consulta sobre el futuro político de Cataluña.
Bajo el epígrafe del manifiesto ‘Por todo esto nos comprometemos’ los firmantes asumieron una serie de compromisos que implican obligaciones como poner en marcha iniciativas de ámbito sectorial y territorial para «hacer pedagogía» para reclamar el ejercicio del derecho a decidir. (EP)
