El pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha debate hoy para su aprobación el Proyecto de ley por una Sociedad Libre de Violencia de Género que incorpora ayudas a menores huérfanos por violencia de género.
Estos menores, a los que se les considerará huérfanos absolutos aunque el padre no haya fallecido recibirán 4.000 euros anuales.
Con esta iniciativa, la norma busca garantizar que la pérdida de la madre no suponga perjuicios económicos ni para los hijos ni para sus familias de acogida. Por eso, también contempla que los familiares que se queden con la custodia de estos menores, tengan acceso preferente a la vivienda.
Será la segunda CC.AA en adoptar esta medida después de que Castilla y León aprobara un Decreto el pasado mes de mayo. En Aragón, se está tramitando.
Desde que en España se empezó a contabilizar en 2013 el número de menores víctimas de violencia de género, la cifra de huérfanos asciende a 194, según datos del Fondo de Becas Fiscal Soledad Cazorla.
Fuente: Fondo Becas Soledad Cazorla
Actualmente, la pensión de orfandad que presta la Seguridad Social se cobra si la víctima estaba dada de alta o en situación asimilada al alta, haber cotizado 500 días en los últimos 5 años, y si no estuviera dada de alta tener, al menos, 15 años cotizados. Son las mismas condiciones que para cualquier otro huérfano.
José Antonio Picazo, ‘Josean’, hermano de Andrea, asesinada a manos de su marido en la localidad de Villanueva de la Jara (Cuenca) en 2013, tiene mucho que ver en esta decisión del Gobierno de Castilla-La Mancha.
En este tiempo ha llevado a la Seguridad Social ante los tribunales porque sus dos sobrinos no tienen derecho a la pensión de orfandad ya que su hermana no tenía 15 años cotizados ni era demandante de empleo. Lo único que reciben estos menores es una ayuda familiar de 75 euros al trimestre.
Josean lleva peleando estos cinco años para que sus dos sobrinos reciban una prestación y que esa situación se haga extensible a todos los huérfanos de violencia de género.
En declaraciones a Confilegal, Picazo valora la medida que previsiblemente aprobará el Parlamento regional de manera muy positiva pero espera que la clase política no se deje llevar por intereses partidistas y la partida para las ayudas se apruebe en los presupuestos.
Es un tema «suficientemente delicado y sensible» para que dependa de colores. En esto, «hay que ir todos a una», subraya.
Asimismo, la ley prevé que, en los casos en los que el agresor asesine a los hijos de su pareja o expareja como forma de venganza, la madre será considerada víctima de violencia de género.
La futura norma también incluye como violencia de género delitos como el feminicidio, es decir, asesinato por cuestión de género, o la trata de mujeres.
El Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad en mayo de 2017 la toma en consideración de la Proposición de Ley de mejora de la pensión de orfandad de los hijos víctimas de violencia de género propuesta por el PSOE.
El texto plantea este derecho dentro del sistema de pensiones y de la Seguridad Social aunque las madres no hubieran cotizado y establece una prestación mínima de 677 euros al mes para estos menores.
También reclama una mejora de la cuantía para los menores que si la perciben con un aumento hasta el 70% de la base reguladora de las madres. En los casos en los que la víctima tuviera más de un hijo, se aplicará el 118 % de la base reguladora a repartir entre los menores.
Sin embargo, esta iniciativa legislativa no ha pasado de momento de su tramitación en Ponencia.