Los integrantes de la 72ª promoción de la Carrera Judicial –formada por 160 jueces– y de la 62ª de la Fiscal –compuesta por 79 abogados fiscales–, han emitido un comunicado mostrando su preocupación ante diversas modificaciones legislativas propuestas en el Anteproyecto de Ley Orgánica que afecta a la Ley Orgánica del Poder Judicial y al Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.
Estas medidas, según los firmantes, todos los cuales recibieron sus despachos en 2024, suponen un grave perjuicio para las condiciones laborales y la estabilidad del sistema judicial español.
Una de las principales denuncias del colectivo es la intención de restablecer el traslado forzoso a los tres años de ascender a las categorías de magistrado o fiscal.
Según el comunicado, esta medida es «anacrónica y gravemente lesiva para la conciliación personal y familiar», ya que obliga a una movilidad geográfica incompatible con las realidades sociales y familiares actuales.
Los firmantes subrayan que el traslado forzoso «perjudica especialmente a los integrantes de zonas con pocas plazas disponibles, forzándoles a abandonar sus residencias».
Además, critican que esta propuesta, eliminada en 2009 por considerarse inadecuada, «no contribuye a mejorar la Administración de Justicia, sino que genera más perjuicios», afectando la estabilidad de los órganos judiciales y el conocimiento en profundidad de los casos por parte de los jueces.
En contra de que los jueces y los fiscales sustitutos entren de la forma propuesta
Otro punto destacado es la oposición a la convocatoria extraordinaria de estabilización de plazas, que permitiría el ingreso de jueces y fiscales sustitutos con el reconocimiento de su antigüedad.
Según el comunicado, esta medida vulnera el artículo 103 de la Constitución y podría convertirse en una «tercera vía de acceso a las Carreras Judicial y Fiscal», en detrimento de los principios de igualdad, mérito y capacidad.
Los firmantes señalan que esta propuesta «desincentiva a los actuales opositores» y perjudica a quienes han accedido por turno libre, especialmente a las promociones más recientes, que han dedicado años de esfuerzo y sacrificio económico para alcanzar sus puestos.
«La estabilización no puede realizarse a costa de quienes han superado un proceso selectivo altamente exigente», afirman.
El comunicado también destaca la preocupante falta de personal en la Administración de Justicia en España, que cuenta con 11 jueces por cada 100.000 habitantes, muy por debajo de la media europea de 24.
Para solucionar este déficit, los firmantes proponen «aumentar el número de plazas en el turno libre» en lugar de recurrir a procesos de estabilización extraordinarios que consideran inconstitucionales.
Preservar los valores constitucionales
Finalmente, el colectivo subraya que el ejercicio de la función judicial y fiscal requiere una formación rigurosa, avalada por un exigente proceso selectivo que garantiza la idoneidad y responsabilidad de los profesionales. «La entrada de nuevos jueces y fiscales debe realizarse respetando los principios constitucionales que rigen el acceso a la función pública», concluyen.
Con este comunicado, la 72ª promoción de la Carrera Judicial y Fiscal insta a las autoridades a reconsiderar estas medidas y a garantizar que cualquier reforma se ajuste a los principios de mérito, capacidad e igualdad que deben presidir la justicia en España.
Tres de las cuatro asociaciones de jueces –la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente– han manifestado su apoyo a este comunicado.
