Manuel Almenar, magistrado de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, ha sido elegido nuevo miembro de la Comisión de Ética Judicial por la carrera en una votación secreta y de forma directa.
Almenar ha obtenido 850 votos frente a los 695 de Juan Manuel San Cristóbal Villanueva, de la Sala de lo Social del Supremo y los 349 de Consuelo Uris Lloret, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal.
Para las dos vacantes en la categoría de magistrado, se han impuesto María Teresa Sáez Martínez, magistrada de la Audiencia Provincial de Málaga, y Juan Jesús García Vélez, magistrado de la Audiencia Provincial de Sevilla. Ambos empataron a votos: 850.
Detrás quedaron María Tardón Olmos con 723 votos, Claudio García Vidales con 685, Sandra María Piñeiro Vilas con 408 y David Ordóñez Solís con 128.
Los candidatos que no han obtenido plaza titular no salen con las manos vacías. Quedan como sustitutos y pueden ser llamados a integrarse en la Comisión si se produce una vacante en su categoría, por el orden que marca su número de votos y siempre que permanezcan en servicio activo.
Los elegidos vienen a sustituir a Eduardo de Porres Ortiz de Urbina, magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que ejercía la presidencia, y los vocales va María Atarés García y Francisco Javier Pereda Gámez.
Los tres completaban el mandato de cuatro años al que están sometidos todos los miembros judiciales del órgano, que se renueva por mitades cada dos años conforme a los Principios de Ética Judicial.
El proceso electoral arrancó el 1 de abril, precisamente para que la renovación pudiera completarse antes de que venciera ese mandato. Hoy, con la proclamación de resultados por parte de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, se cierra el círculo.
Qué es la Comisión de Ética Judicial
La Comisión de Ética Judicial está formada por siete miembros: dos magistrados del Tribunal Supremo, tres magistrados, un juez y un catedrático de Filosofía del Derecho.
Se renuevan por mitades tras cumplir un mandato de cuatro años.
La Comisión de Ética Judicial no sanciona. No instruye expedientes. No depura. Su función es más sutil y, a la vez, más trascendente: orienta. Resuelve consultas de Salas de Gobierno, Juntas de Jueces, asociaciones judiciales o cualquier juez o magistrada en activo que necesite saber dónde está el límite entre lo lícito y lo correcto.
Elabora también, de forma excepcional, informes sobre cuestiones de interés general relacionadas con el comportamiento ético que se espera de la Carrera Judicial.
Es el faro ético de la judicatura española. Sin capacidad coercitiva. Pero con una autoridad moral que, bien ejercida, pesa.
Sus miembros son elegidos por voto secreto y directo por parte de la carrera judicial, compuesta por 5.,643 jueces y magistrados. En estos comicios han votado 2.089, un 37,01 %.
Con la salida de Eduardo de Porres se impone la elección de un nuevo presidente de entre sus miembros. La norma no escrita es que la asuma el magistrado del Supremo más antiguo en la Comisión, que en este caso sería Ignacio Sancho Gargallo, presidente de la Sala de lo Civil del Alto Tribunal.
