La Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y Foro Judicial Independiente (FJI) han solicitado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) la paralización inmediata de la licitación de un servicio externo de apoyo sanitario y técnico vinculado a la denominada “salud judicial”, al considerar que carece de cobertura normativa suficiente y podría entrar en colisión con la regulación actualmente vigente sobre prevención de riesgos laborales en la carrera judicial.
La petición se formalizó mediante un escrito dirigido al Pleno del CGPJ el pasado 11 de junio, dos días después de que el Boletín Oficial del Estado publicara el anuncio de licitación del denominado Servicio Externo especializado de apoyo sanitario y técnico en materia de salud judicial, identificado con el expediente 26/007.0.
Según explican ambas asociaciones, el concepto de “salud judicial” sobre el que se articula el contrato deriva de un acuerdo adoptado por el Pleno del CGPJ el 25 de marzo de 2026 para impulsar una reforma del Reglamento de la Carrera Judicial que, a día de hoy, todavía no ha sido aprobada y, por tanto, no ha entrado en vigor.
A juicio de AJFV y FJI, resulta jurídicamente cuestionable promover una contratación pública basada en una regulación futura que todavía no forma parte del ordenamiento aplicable.
Alegan una posible contradicción con la normativa vigente
Las asociaciones recuerdan que el actual artículo 317 del Reglamento de la Carrera Judicial ya reconoce el derecho de jueces y magistrados a una protección eficaz en materia de seguridad y salud durante el ejercicio de sus funciones y encomienda al CGPJ la adopción de medidas de protección conforme a la normativa de prevención de riesgos laborales.
Por ello sostienen que la licitación anunciada podría entrar en conflicto con el sistema actualmente vigente de protección de la salud laboral de los miembros de la carrera judicial, que se encuentra respaldado por normas con rango legal.
En el escrito también apuntan que la convocatoria parece obedecer a un acuerdo adoptado por la Comisión Permanente del CGPJ el pasado 2 de junio de 2026, aunque afirman que dicho acuerdo no les ha sido notificado.
Reclaman acceso a los acuerdos que sustentan la decisión
Además de pedir la suspensión de la licitación, AJFV y FJI reclaman la notificación formal del acuerdo de la Comisión Permanente de 2 de junio y de cualquier otra resolución, ya sea de la propia Comisión o del Pleno, que haya servido de fundamento para impulsar el procedimiento.
Las asociaciones consideran necesario conocer esos antecedentes para poder valorar la legalidad de la actuación del órgano de gobierno de los jueces y verificar si el procedimiento se ajusta al marco normativo actualmente vigente.
Debate abierto sobre el modelo de protección de la carrera judicial
La iniciativa pone de manifiesto un debate que lleva años presente dentro de la judicatura: cómo proteger la salud física y psicológica de jueces y magistrados en un contexto marcado por elevadas cargas de trabajo, presión institucional y crecientes exigencias profesionales.
Sin embargo, en esta ocasión la discusión no gira sobre la conveniencia de reforzar esa protección, sino sobre el instrumento jurídico elegido para hacerlo y sobre si el CGPJ puede avanzar en la implantación de un nuevo modelo de “salud judicial” antes de que exista una regulación específica plenamente aprobada.
La respuesta que dé ahora el Consejo a la petición de AJFV y FJI determinará si el procedimiento de contratación continúa adelante o si queda temporalmente suspendido mientras se aclara el encaje normativo de una iniciativa que ya ha generado controversia dentro de la carrera judicial.
