La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, comparecerá el próximo viernes ante la Comisión de Justicia del Senado. No porque quiera. La ha llamado la mayoría absoluta del PP, y lo ha hecho después de que la propia Fiscalía General admitiera algo que durante meses no figuraba en ninguna parte: que excargos del organismo, cuando lo dirigía su antecesor, Álvaro García Ortiz, se reunieron con investigados del ‘caso Leire Díez’.
El relato del PP es contundente, casi épico. Su portavoz en la Cámara Alta, Alicia García, sostuvo en rueda de prensa que los españoles, la Asociación de Fiscales y la Fiscalía Anticorrupción «merecen respuestas», porque fueron —dijo— «víctimas de la delincuencia de Estado del ‘comando cloacas'».
La expresión no es nueva, pero conviene retenerla, porque marca el tono de toda la comparecencia.
A Peramato la llamó «digna sucesora» de García Ortiz. El adjetivo no era un elogio. García Ortiz fue condenado por el Tribunal Supremo a inhabilitación por revelación de secretos en el asunto de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.
Heredar ese sillón, en boca de la oposición, es una herencia envenenada. Y la pregunta que el PP quiere ver respondida es sencilla de formular y endiablada de contestar: «cuándo se enteró de las reuniones».
La pregunta del juez que lo destapó todo
El origen de todo esto no está en el Senado. Está en la Audiencia Nacional.
El magistrado instructor de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, que investiga la presunta trama urdida para desestabilizar causas judiciales que afectan al PSOE y al Gobierno, hizo a la Fiscalía General una pregunta directa: ¿hubo visitas a su sede de la exmilitante socialista Leire Díez, de los abogados Jacobo Teijelo e Ismael Oliver o del empresario Javier Pérez Dolset —todos investigados— o del abogado de Villarejo, Antonio García Cabrera, citado como testigo?
La respuesta abrió una grieta.
Dos reuniones, una «compañera de despacho» y el abogado de Cerdán
Fue el pasado miércoles cuando la Fiscalía General del Estado reconoció lo que reconoció. Que Diego Villafañe —teniente fiscal de la Secretaría Técnica en la etapa de García Ortiz, de quien era su mano derecha— se reunió dos veces con Leire Díez y con Teijelo.
Y aquí conviene afinar, porque Teijelo no es un abogado cualquiera: es el letrado de Santos Cerdán, el exsecretario de Organización del PSOE, también investigado en la causa.
Hay un detalle que escuece. Según fuentes del Ministerio Público, «no existen registros» de esas visitas en la sede de la Fiscalía General. Y no precisaron dónde se celebraron los encuentros que sí admiten. Es decir: hubo reuniones, pero no consta dónde. Reconocen el hecho y difuminan el lugar.
El primero de esos encuentros, fechado el 6 de marzo de 2025, lo mantuvieron Villafañe y la entonces fiscal de la Secretaría Técnica Beatriz López con Teijelo. El abogado, según las mismas fuentes, «informó de la existencia de una serie de hechos presuntamente cometidos por terceras personas que podrían tener relevancia penal».
Entre finales de marzo y principios de abril, Villafañe volvió a verse con él.
¿Y Leire Díez? Ahí está lo curioso. En ambas reuniones, el abogado «estuvo acompañado de una mujer que tuvo una intervención menor y fue presentada como una compañera de despacho del letrado». Esa compañera de intervención menor era Leire Díez. La protagonista de la causa, reducida a acompañante discreta.
De ahí la batería de preguntas que el PP llevará al Senado: quién ordenó a Peramato «que escondiera» las reuniones «hasta que se ha visto obligada a contarlo al juez», y cuál fue el «contenido» de esos encuentros.
Las asociaciones de fiscales no se callan
Y por si el frente político fuera poco, llegó el de la propia carrera. Dos de las tres asociaciones de fiscales —la mayoritaria Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF)— han plasmado esta semana, en sendos comunicados, su «preocupación» y su «indignación».
La AF fue dura. Lamentó la respuesta «insuficiente» y «vaga» de la Fiscalía General ante la «presencia en sus dependencias de una persona vinculada a un grupo criminal» —Díez— «que pretendía actuar contra instituciones del Estado y contra varios integrantes» de la carrera.
Y deslizó el dardo más afilado: resulta difícil de comprender que se celebraran sucesivas reuniones, con intervención de «los más altos responsables» de la FGE, si los hechos «carecían» de relevancia penal. Y al revés: si la tenían, cuesta entender por qué no se siguieron los cauces previstos por la propia Fiscalía.
O era importante, y entonces no se hizo lo que debía hacerse. O no lo era, y entonces, ¿a qué venían tantas reuniones al más alto nivel? El silogismo es incómodo, y la AF lo dejó por escrito: «La gravedad de los hechos exige transparencia. La defensa de la institución exige responsabilidad, y responsabilidades».
La APIF apuntó en la misma dirección, con tres preguntas que ardían: por qué se aceptaron dos entrevistas, cuál era su objetivo y por qué no se informó a la Fiscalía Anticorrupción.
Y recordó el contexto: todo esto ocurre cuando el Ministerio Fiscal apenas se recupera de ver a García Ortiz convertido en acusado «sin dimitir de su cargo», en un procedimiento en el que la propia APIF ejercía la acusación popular. La asociación pidió que la Inspección Fiscal «incoe diligencias», recabe datos y tome declaración al «penado» García Ortiz.
El documento que lo vuelve todo más turbio
Pero si algo eleva este asunto desde el terreno de lo cuestionable al de lo inquietante, es un informe de la UCO de la Guardia Civil remitido al juez Pedraz. Según ese informe, Díez habría ofrecido a la defensa de Villarejo —investigado en la macrocausa ‘Tándem’— un pacto con la Fiscalía.
Y aquí los términos dejan de ser interpretables. La UCO volcó los dispositivos de Díez y halló unas instrucciones que se leen como un guion. «Os avisarán para acudir a un despacho donde os encontraréis con una persona de la Fiscalía General del Estado y Leire (la que manda)». La que manda. El paréntesis lo escribió, presuntamente, su propio entorno.
El texto seguía como un manual de negociación. «La idea es entrar en esa reunión y no salir hasta tener un acuerdo firmado», un acuerdo en el que «el cliente aceptará una pena de cárcel» que «no conllevará la pena de prisión», con una multa económica de por medio, aunque «se preservará parte del patrimonio».
A cambio, el cliente «deberá colaborar con la Fiscalía para el esclarecimiento» de las causas.
¿Colaborar cómo? El documento lo detalla con una frialdad notable: entrega de «material de audio, ‘emails’ y documentos comprometidos» de un listado de personas y temas.
¿El objetivo declarado? «Limpiar la corrupción del Estado». La prioridad, decía el texto, serían «las víctimas, la limpieza de los procesos del Estado corruptos o contaminados y terminar inmediatamente con las causas viciadas, manipuladas o creadas por encargo».
Léase despacio. Un acuerdo firmado a cambio de documentación comprometida, gestionado en un despacho sin registro, con «una persona de la Fiscalía General del Estado» sentada al otro lado de la mesa.
Esa es, en esencia, la película que Peramato tendrá que ayudar a revelar este viernes. Y la pregunta de fondo, despojada de retórica parlamentaria, sigue siendo la misma con la que el PP abrió la semana: qué se habló en aquellas reuniones, quién las autorizó y, sobre todo, por qué tardaron tanto en aparecer.
