José Luis Rodríguez Zapatero vuelve esta semana al lugar donde menos le gustaría estar. No a un acto institucional, no a una conferencia. A la plaza 4 de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia de la Audiencia Nacional, citado para declarar como investigado.
Dos días. Miércoles y jueves. Frente al magistrado José Luis Calama, instructor de la causa que escarba en las circunstancias que rodearon el rescate público de la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia y, muy en particular, en el papel que pudieron desempeñar distintas personas en la concesión de aquella ayuda.
53 millones de euros de dinero público. Esa es la cifra que lo ha empezado todo.
Y llega en mal momento para el procedimiento. O en el peor, según se mire. Porque a las pesquisas sobre el rescate se ha sumado algo que nadie esperaba al arrancar la causa: una pieza separada para investigar el origen de varias joyas intervenidas durante el registro del despacho del exjefe del Ejecutivo. Valoración preliminar, 1,3 millones de euros. Conviene subrayar lo de «preliminar», pero también lo de 1,3 millones.
La declaración, por cierto, debía haberse celebrado el pasado 2 de junio. No pudo ser. La defensa de Zapatero, dirigida por Víctor Moreno Catena, pidió más tiempo para estudiar una documentación que no para de engordar, en una causa cuya dimensión ha crecido de forma notable en los últimos meses.
El abogado alegó que no había tenido acceso completo al sumario cuando se produjo la citación, y que sin ese acceso difícilmente podía armar una estrategia de defensa. El juez aceptó. De ahí el aplazamiento hasta esta semana.
La tesis del instructor: una estructura «estable y jerarquizada»
Aquí conviene ir con pies de plomo, porque lo que sigue son indicios que sostiene el juez, no hechos probados. Rige la presunción de inocencia, y rige para todos.
Dicho esto, la decisión de sentar a Zapatero ante el juez no nace de una corazonada. Nace de una resolución contundente.
En ella, Calama sostiene que la investigación ha reunido indicios sobre la posible existencia de una estructura organizada de influencia, pensada para favorecer intereses empresariales mediante la intermediación ante responsables públicos.
¿Cómo habría funcionado, según el instructor? De forma estable y jerarquizada. Con contactos institucionales. Con capacidad de acceso a distintos niveles de la Administración para empujar decisiones favorables a terceros. Esa es la hipótesis.
Y en su centro, Plus Ultra.
La aerolínea recibió en plena crisis sanitaria 53 millones de euros del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, gestionado por la SEPI.
Una operación que desde el primer día arrastra polémica: política, económica y jurídica, las tres a la vez. Ahora toca lo difícil. Determinar si hubo irregularidades alrededor de aquel rescate o si, por el contrario, todo se ajustó al marco legal vigente.
Las dos posibilidades siguen abiertas sobre la mesa del instructor.
Las joyas: Ansorena, el Instituto Gemológico y una cifra incómoda
Pero el rescate no será el único asunto del interrogatorio. Ni mucho menos.
El pasado viernes, Calama acordó comunicar formalmente a Zapatero su condición de investigado en esa pieza separada sobre el origen de las joyas halladas en el registro de su despacho.
Y no es un asunto menor, por más que pueda parecer accesorio frente a los 53 millones.
El magistrado no improvisó. Encargó una valoración técnica a dos referencias del sector: la histórica firma Ansorena y el Instituto Gemológico Español. ¿El objetivo? Determinar la naturaleza de las piezas, su autenticidad, su procedencia y su valor.
El resultado preliminar situó el conjunto en torno a 1,3 millones de euros.
Para el instructor, la ecuación es elemental y, a la vez, espinosa. Bienes de lujo de elevadísimo valor, más dudas sobre la trazabilidad de su adquisición, igual a indicio que justifica seguir tirando del hilo.
Calama lo razona con frialdad fiscal: operaciones de esa magnitud suelen generar obligaciones tributarias relevantes —IVA, Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, Sucesiones y Donaciones o IRPF, según cómo se hubiera producido la compra—.
Y de ahí su conclusión: hay que esclarecer el origen de las piezas y verificar si esas obligaciones se cumplieron. Sencillo de enunciar. Nada sencillo de responder bajo juramento.
El teléfono de Reyes: la batalla que puede decidir la causa
Hay un frente que apenas sale en titulares y que, sin embargo, puede pesar más que ninguno. Un teléfono móvil. El de Rodolfo Reyes, exdirectivo de Plus Ultra también investigado.
La defensa de Zapatero ha colocado el foco sobre cómo accedieron las autoridades estadounidenses a ese dispositivo y, sobre todo, sobre las garantías que rodearon su extracción y conservación.
Moreno Catena reclama que se incorporen al procedimiento todos los documentos que permitan reconstruir la cadena de custodia del terminal y verificar la legalidad de su obtención.
El razonamiento es de manual procesal, y por eso es tan eficaz. Si los mensajes que cuelgan de ese teléfono no reúnen los requisitos de autenticidad, integridad y licitud, no pueden usarse como prueba en un proceso penal.
Por eso Moreno Catena ha pedido al juez que requiera a Estados Unidos la resolución judicial, la autorización administrativa o el instrumento legal que amparó tanto la incautación como el posterior análisis del dispositivo.
Y aquí está el quid. Si la defensa lograra tumbar la validez procesal de esos mensajes, una parte relevante del material probatorio acumulado hasta ahora quedaría en el aire. No es un detalle técnico.
Es, potencialmente, la columna que sostiene buena parte del edificio acusatorio.
Los mensajes que apuntan a la política
Porque, ¿qué hay en ese material? Entre los documentos incorporados figuran intercambios de mensajes entre directivos de Plus Ultra, analizados por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF).
Según los informes policiales, algunas de esas conversaciones reflejarían intentos de localizar apoyos políticos para facilitar la obtención de las ayudas públicas.
Y en varios de esos mensajes aparecen referencias a distintas figuras políticas. Entre ellas, la de José Luis Rodríguez Zapatero, cuya influencia es ahora objeto de análisis.
La Policía considera que esos intercambios forman parte del haz de indicios que justifican seguir investigando.
La defensa lo niega, como es lógico. Rechaza las conclusiones de los investigadores y sostiene que los elementos incorporados a la causa carecen de la solidez necesaria para sustentar imputación alguna.
Dos lecturas opuestas del mismo material. La de la Policía y la del abogado. Y, en medio, un juez que tendrá que decidir cuál pesa más.
Será la declaración de esta semana la que permita escuchar, por primera vez ante el instructor, la versión del propio expresidente. Su relato sobre unos hechos que han colocado a la Audiencia Nacional ante una investigación de enorme calado político, económico y judicial.
Lo que diga Zapatero entre el miércoles y el jueves no cerrará la causa. Pero puede orientar todo lo que venga después. Dentro y fuera de los tribunales, habrá pocos ojos que se aparten de Calama.
