El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha rechazado, por el momento, solicitar a Estados Unidos información adicional sobre el acceso al teléfono móvil de Rodolfo Reyes, exconsejero de Plus Ultra y una de las piezas centrales de la investigación sobre el rescate público de 53 millones de euros concedido a la aerolínea durante la pandemia.
La petición había sido formulada por el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, investigado en la causa por su presunta influencia en la concesión de esas ayudas.
Su defensa reclamó que se aclararan aspectos relacionados con la intervención del dispositivo, el acceso a su contenido, los métodos de clonado empleados y la forma en que la información fue remitida a España, al entender que existían dudas sobre las garantías procesales observadas en la obtención de esa prueba.
La petición de cooperación jurídica internacional puede desbloquear las piezas
Sin embargo, en un auto, el magistrado considera prematuro pronunciarse sobre esa solicitud. Calama explica que no puede realizar una valoración fundada mientras las autoridades estadounidenses no respondan a la petición de cooperación jurídica internacional que remitió semanas atrás para poder incorporar como prueba el contenido del teléfono de Reyes.
El móvil del empresario venezolano constituye una de las principales fuentes probatorias de la investigación. Reyes permanece en paradero desconocido y sobre él pesa una orden internacional de busca y captura emitida por Interpol.
Rechaza nuevas diligencias solicitadas por las acusaciones
La resolución también responde a varias peticiones formuladas por la acusación popular unificada, liderada por el Partido Popular.
El instructor descarta, de momento, citar como investigados al exministro de Transportes José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García. Tampoco accede a llamar como testigo al exsecretario de Estado de Transportes Pedro Saura.
Asimismo, rechaza imponer una fianza equivalente a la deuda impagada por Plus Ultra, tal y como solicitaban las acusaciones populares.
Calama recuerda que el objeto del procedimiento no es analizar la legalidad administrativa de la concesión de la ayuda pública ni el funcionamiento del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas. La investigación se centra, según señala, en determinar si determinadas actuaciones pudieron influir de forma indebida en la concesión del rescate y ser constitutivas de un delito de tráfico de influencias.
Por ello, sostiene que las acusaciones populares no están legitimadas para reclamar indemnizaciones, restituciones patrimoniales o medidas cautelares de carácter económico como la fianza interesada.
Zapatero autoriza al juez a investigar su patrimonio en el extranjero
Por otra parte, Zapatero ha presentado un escrito ante la Audiencia Nacional en el que otorga su consentimiento expreso para que el juez pueda solicitar información a autoridades administrativas, financieras o bancarias de cualquier país sobre bienes, activos, participaciones societarias o intereses económicos que pudieran estar vinculados a él.
La iniciativa llega después de que el expresidente negara ante el magistrado tener empresas en el extranjero y rechazara cualquier relación con una supuesta sociedad instrumental en Dubái.
En el auto por el que acordó su imputación, Calama apuntó de forma indiciaria a que esa mercantil podría haber servido para canalizar el cobro de 530.000 euros —el 1 % del rescate de Plus Ultra— que presuntamente habría percibido la red investigada a cambio de sus gestiones para facilitar la concesión de la ayuda pública.
Zapatero negó categóricamente esa versión durante su declaración judicial.
