Las XXI Jornadas de Presidencias de Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) de España han culminado su celebración en Zaragoza, con un claro mensaje unánime: la preocupación por los ataques al Poder Judicial, y la necesidad de una unión de directrices tras la aplicación de la Ley de Eficiencia.
Los presidentes de los TSJ de todo el territorio nacional se han reunido, un año más, para poner en común las directrices y necesidades de la Justicia española.
Un acto, celebrado en Zaragoza, que ha concluido con una declaración institucional unánime de preocupación de estos presidentes: la «profunda preocupación por el deterioro institucional y la tensión inaceptable entre dos poderes del Estado, Ejecutivo y Judicial».
«Rechazamos todo ataque que exceda de la legítima crítica a las decisiones judiciales, descalificaciones personales y acusaciones veladas de las que están siendo objeto directo algunos integrantes del Poder Judicial», han criticado en su declaración institucional, en la que han insistido en la necesidad de que sea efectivo «el respeto debido a la independencia judicial».
Misiva de los presidentes de los TSJ que también ha incorporado otras preocupaciones, íntimamente relacionadas con la aplicación de las modificaciones en el sistema judicial planteadas en la Ley de Eficiencia.
En concreto, a través de tres bloques: los tribunales de instancia, la Justicia digital, y los aspectos institucionales.
Las oficinas judiciales, a examen
«La existencia de servicios comunes únicos para distintos tipos de tribunales de instancia, audiencias provinciales y TSJ genera graves disfunciones por su dispersión normativa y heterogeneidad en el objeto de regulación», lamentan en cuanto a los tribunales de instancia.
Una realidad ante la que los presidentes han puesto en relieve a las Oficinas Judiciales. Especialmente, en la necesidad de que se profundice «en la especialización de los grupos de trabajo que se integran en los distintos servicios comunes».
«La flexibilidad que define legalmente a la oficina judicial no puede ser entendida solamente en lo referente a su diseño. Es preciso centrarla preferentemente en la funcionalidad, y llevarla al terreno práctico de la dinámica diaria», han criticado.
Ello, al ser aún necesario diseñar estas oficinas judiciales, de cara a que tengan «un diseño que procure su homogeneidad y garantice la seguridad jurídica».
La digitalización de la Justicia
Unificación de criterios que también preocupa a los presidentes de los TSJ de cara al proceso de transformación digital que sufre actualmente la Justicia.
«No puede desarrollarse de forma desigual entre territorios», lamentan. Ello, resultando «imprescindible que la Administración implemente un modelo tecnológico común».
Desarrollo común que también debe producirse en la incorporación de la IA, bajo el impulso del CGPJ.
Ello, advierten los presidentes de los TSJ, remarcando que «la modernización tecnológica debe estar indisolublemente unida a la protección de la Carrera Judicial».
Un impulso material y humano en la comunicación de los TSJ
Misiva única de los presidentes de los TSJ reunidos en Zaragoza en la que se ha puesto especialmente de relevancia la necesidad de tomar medidas «que refuercen la calidad de la atención al público y de profesionales» de la Justicia.
Ello, en primer lugar, a través del «incremento sostenido de la planta judicial», para aproximar a España al ratio jueces/habitantes europeo.
Eso sí, remarcan, respetando «en cualquier reforma relativa al acceso a la Carrera Judicial, los principios de mérito, capacidad y excelencia».
Del mismo modo, los presidentes de los TSJ también reconocen la necesidad de convertirse en una entidad cada vez más cercana a la ciudadanía. Especialmente, en estos momentos convulsos.
Algo para lo que consideran «necesario potenciar las oficinas de comunicación, a fin de crear una imagen institucional del Poder Judicial a nivel territorial, de manera coordinada con el CGPJ».
Nuevos retos en los que será necesario «adecuar a estas oficinas de medios materiales y personales».
Todo ello, en busca de una Justicia más cercana a la ciudadanía, más eficiente, pero que garantice su independencia ante las presiones políticas.
