El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha decidido no callarse. La Comisión Permanente del órgano de gobierno de los jueces ha aprobado hoy un acuerdo en el que reclama al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, que dirige Félix Bolaños, que dé marcha atrás en la supresión de una decena de medidas de refuerzo en juzgados y audiencias de Cataluña, la Comunidad Valenciana y también Madrid.
El origen del conflicto tiene fecha: 29 de junio de 2026. Ese día, el Ministerio que dirige Bolaños dictó una resolución denegando la autorización económica previa para múltiples medidas de apoyo y refuerzo que habían solicitado los órganos de gobierno del Poder Judicial.
El problema no es solo el fondo de la decisión. Es también la forma. La resolución llegó al CGPJ la víspera del 30 de junio, fecha en la que esas medidas debían aprobarse o prorrogarse. Un día de margen. Prácticamente ninguno.
Esa notificación de última hora, subraya la Comisión Permanente, le ha impedido ejercer una función que sí está dentro de sus competencias: proponer la reconsideración de la medida o buscar alternativas que paliaran el impacto antes de que el plazo venciera. El Consejo se ha encontrado, en la práctica, ante un hecho consumado.
La propuesta, impulsada por la vocalía de Carlos Hugo Preciado Doménech, sostiene que detrás del argumento presupuestario se esconde otro patrón: la eliminación sistemática de los refuerzos en aquellos órganos que tenían «encapsuladas» las causas relacionadas con condiciones generales de la contratación, la avalancha de litigios que desde hace años satura los juzgados civiles españoles por cláusulas abusivas, usura en tarjetas revolving y control de las normas MASC en los monitorios.
¿Quiénes son los principales beneficiados de esta decisión tomada por el Ministerio? Evidentemente, los bancos.
El pulso entre el órgano de gobierno de los jueces y el departamento de Bolaños queda así abierto, con la pendencia judicial en materia de consumo como principal rehén.
Diez expedientes en el punto de mira
La Resolución de la Dirección General para la Eficiencia del Servicio Público de Justicia, fechada el 29 de junio, ha denegado la prórroga de refuerzos en los siguientes expedientes: 231/2026 (Barcelona), 235/2026 (Castellón de la Plana), 239/2026 (Valencia), 250/2026 (Alicante), 256/2026 (Alicante), 257/2026 (Alicante), 259/2026 (Madrid), 305/2026 (Valencia), 316/2026 (Barcelona) y 333/2026 (Valencia).
Todas se amparan en el artículo 216 bis.5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que exige autorización económica previa para las comisiones de servicio, pese a contar con informe favorable del Servicio de Inspección del CGPJ.
Las comisiones de servicio implican retribuciones adicionales a jueces y magistrados, y en el reparto constitucional de competencias es el Ministerio —no el CGPJ— quien gestiona los recursos económicos de la Administración de Justicia (salvo en las comunidades autónomas con competencias transferidas).
El CGPJ gobierna a los jueces, pero no tiene autonomía presupuestaria propia para esta partida. De ahí que la ley exija ese doble filtro: el CGPJ certifica la necesidad judicial, el Ministerio certifica la disponibilidad económica. Es el que controla el dinero.
Cataluña, al borde del colapso civil
El diagnóstico que traslada la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJCat), y que la Comisión Permanente hace suyo, es contundente: el territorio catalán arrastra 143 vacantes judiciales, la bolsa de sustitutos está agotada y el flujo de asuntos sobre condiciones generales de contratación no da tregua.
Suprimir el refuerzo de la plaza número 50 de la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Barcelona —el órgano que concentra buena parte de esa litigiosidad— aboca, según el acuerdo, «al hundimiento de la plaza» y al colapso de todos los órganos civiles de la provincia.
Ante la negativa ministerial, el TSJCat no se ha limitado a protestar. Ha planteado una fórmula de compromiso: en lugar de los seis comisionados de refuerzo transversal ya autorizados para las secciones civiles de la Audiencia Provincial de Barcelona, propone duplicar la cifra a doce, repartiendo la carga de trabajo a la mitad entre cada magistrado.
El coste para las arcas del Ministerio, subraya la propuesta, sería idéntico. Si Justicia rechaza esta vía, la Sala plantea una propuesta subsidiaria que mantiene los seis comisionados ya aprobados, organizados en dos ternas rotatorias.
Valencia, un plan de trabajo desmantelado a medio camino
El golpe en la Comunidad Valenciana tiene nombre propio: el plan de refuerzo puesto en marcha el 1 de enero de 2026 en la Audiencia Provincial de Valencia, que organizaba seis comisiones de servicio en dos secciones funcionales dedicadas en exclusiva a los recursos sobre condiciones generales, usura y control MASC.
El objetivo era resolver 1.680 recursos en seis meses. Se estaba cumpliendo. La negativa a prorrogar cuatro de esas seis comisiones —dos con relevación de funciones y dos sin ella— da al traste con un proyecto que, según el acuerdo, «estaba ofreciendo un excelente rendimiento» y amenaza con disparar de nuevo los plazos de señalamiento por encima de los tres años.
El caso de la plaza número 25 de la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Valencia ilustra la magnitud del problema: acumula 15.095 procesos contenciosos pendientes, 762 ejecuciones sin resolver y 311 escritos por proveer.
Un solo magistrado, advierte el CGPJ, «necesitaría años y años» para reducir esa pendencia sin el apoyo de las comisiones de servicio.
Alicante, la provincia que más ha notado la reforma de 2022
La Audiencia Provincial de Alicante concentra en sus secciones 4ª, 5ª y 6ª el conocimiento de todos los recursos sobre cláusulas abusivas de la provincia desde que la Ley Orgánica 7/2022 reformó el reparto competencial.
Los datos que aporta el acuerdo hablan por sí solos: los asuntos por cláusulas abusivas pasaron de 686 en 2022 a 3.009 en octubre de 2025. Actualmente se están resolviendo recursos que entraron a principios de 2023.
Retirar las dos comisiones de servicio con relevación de funciones dejaría a dos de esas secciones con solo tres magistrados, un escenario que el CGPJ califica de agravante inmediato para la tutela judicial efectiva.
A ello se suma la situación de la plaza número 5 de la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Alicante, con 4.274 procesos contenciosos, 2.255 ejecuciones y 21.380 escritos pendientes de proveer, y la de Castellón de la Plana, con 7.300 demandas por incoar y 7.665 asuntos en trámite según el último boletín estadístico trimestral.
La Comisión Permanente ha resuelto pedir formalmente al Ministerio que reconsidere la denegación de los diez expedientes señalados, mantener las medidas de refuerzo en Cataluña y la Comunidad Valenciana en los términos planteados por las respectivas salas de gobierno, y trasladar el acuerdo a los tribunales superiores de justicia afectados y al Servicio de Inspección del CGPJ.
