El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha hecho balance del primer año de funcionamiento de los tribunales de instancia, el nuevo modelo organizativo implantado en aplicación de la Ley Orgánica 1/2025, más conocida como Ley de Eficiencia. Un balance en el que, según el triministro, la reforma ha sido un éxito.
Así pues, siempre según el departamento ministerial, la reforma ha permitido aumentar la actividad judicial, reducir la entrada de nuevos litigios y sentar las bases para disminuir la pendencia acumulada en la jurisdicción civil.
Durante la presentación del balance, el ministro resumió el resultado de estos primeros doce meses con una fórmula: «más jueces, más juicios y menos litigios».
A su juicio, los datos evidencian que la Ley de Eficiencia está contribuyendo a lograr una Justicia «más ágil» y desmienten las críticas que auguraban problemas en la implantación del nuevo modelo organizativo.
De acuerdo con las cifras del Ministerio, entre julio de 2025 y junio de 2026, una vez implantado el sistema de tribunales de instancia, se señalaron un 7,3 % más de juicios y se celebraron un 5,4 % más de vistas.
Al mismo tiempo, la entrada de nuevos litigios descendió un 10 % con carácter general y más de un 21 % en el ámbito civil, una reducción que el departamento atribuye a la obligación de acudir previamente a los medios adecuados de solución de controversias (MASC) antes de presentar determinadas demandas.
Los datos corresponden al territorio gestionado directamente por el Ministerio —Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia, Baleares, Ceuta y Melilla—, al que se suman Asturias y La Rioja.
Bolaños destaca el descenso de la pendencia civil
Una evolución de los tribunales de instancia que ha permitido, según Bolaños, la reversión de la pendencia civil, en contraste con la tendencia mantenida durante los últimos años.
Así pues, según los datos ministeriales, por primera vez en la última década —con la excepción del periodo de la pandemia— los asuntos civiles pendientes han comenzado a disminuir, aunque de forma todavía moderada.
En este sentido, el ministro ha recordado que, conforme a los datos del Consejo General del Poder Judicial, los asuntos pendientes aumentaron un 13,7 % en 2024 y un 3,4 % en 2025, mientras que la entrada de nuevos procedimientos también había crecido en 2023 y 2024.
El descenso habría comenzado, según el Ministerio, coincidiendo con la entrada en vigor de la obligatoriedad de los MASC.
De casi 3.900 juzgados a 431 tribunales de instancia
La implantación de los tribunales de instancia comenzó el 1 de julio de 2025 y concluyó el pasado 31 de diciembre.
En ese periodo, 431 tribunales de instancia sustituyeron a cerca de 3.900 juzgados unipersonales, sin que, según el Ministerio, se produjeran incidencias estructurales ni demoras o suspensiones derivadas del cambio organizativo.
El nuevo sistema pretende sustituir una organización judicial diseñada en el siglo XIX por otra que facilite una utilización más flexible de los recursos disponibles, permita distribuir mejor la carga de trabajo entre jueces y oficinas judiciales y evite los denominados cuellos de botella.
Para llevar a cabo esta transformación, el Ministerio cifra la inversión realizada durante la legislatura en más de 1.120 millones de euros, de los cuales 850 millones se destinaron a digitalización, 192 millones a medios personales y 79 millones a infraestructuras.
Asimismo, recuerda que la necesidad de implantar este modelo fue planteada por las asociaciones judiciales en 2017 y que la reforma contó con el respaldo de gobiernos anteriores, partidos políticos, asociaciones profesionales y organizaciones sindicales.
La mayor ampliación de la carrera judicial y fiscal
Durante su intervención, Bolaños ha vinculado la implantación de los tribunales de instancia con el refuerzo previsto de las plantillas judiciales y fiscales.
En este contexto, el ministro ha recordado la reciente convocatoria de oposiciones para cubrir 700 plazas de jueces y fiscales y ha anunciado la próxima aprobación, por el Consejo de Ministros, de la creación de otras 500 plazas de jueces y 200 de fiscales, una medida que calificaba como la mayor ampliación de efectivos de la historia.
El Ministerio sostiene que esta ampliación resulta posible gracias al nuevo modelo organizativo, al reducir significativamente el coste de creación de nuevas plazas.
Según los datos aportados, mientras que con el sistema anterior cada nueva plaza judicial, junto con su correspondiente estructura de funcionarios, suponía un coste aproximado de 600.000 euros, con los tribunales de instancia esa cifra no supera los 100.000 euros.
