«No todo lo que disgusta al poder es lawfare». Con esa frase, corta y seca a propósito, Maríen Ortega, portavoz nacional de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), marcó el tono de la Asamblea Nacional que la asociación ha celebrado en Córdoba.
Después llegó la segunda mitad, dirigida a quien corresponda: «Y ningún interés político, por importante que sea, puede justificar que se intente amedrentar a un juez».
Ante más de 400 asociados, Ortega hizo un diagnóstico en tres frentes: el respeto institucional a la función judicial, el modelo de elección del Consejo General del Poder Judicial y las condiciones en que trabajan cada día jueces y magistrados. Ninguno es nuevo. Los tres siguen sin resolverse.
La confianza, en juego
El primer frente es el de más calado. La AJFV denuncia que los tribunales se usan como herramienta de confrontación política. Pide a los responsables públicos que respeten las resoluciones judiciales y que dejen de poner en duda, sin pruebas, la imparcialidad de quien las firma.
También reclama una respuesta institucional «inequívoca» ante los ataques.
«Llevamos años defendiendo la independencia judicial y la imparcialidad de los jueces, porque todas esas sospechas planteadas por la clase política acaban erosionando la confianza de los ciudadanos en sus jueces y es importante recuperarla», explicó Ortega a los medios.
«No estamos aquí para agradar al poder. Tampoco para enfrentarnos a él por sistema. Estamos aquí para defender una Justicia independiente y a los jueces que la hacen posible», afirmó la portavoz de la AJFV.
Y concretó qué está en juego: que los ciudadanos «sepan que tienen derecho a que los jueces resuelvan sus asuntos libres de todas las presiones».
En el fondo, el argumento es que la sospecha lanzada desde la tribuna no se queda en el adversario político. Acaba en el ciudadano que espera una sentencia.
Un Consejo «para garantizar la independencia»
En cuanto al CGPJ, la asociación no considera cerrada la cuestión. Su renovación, desbloqueada en el verano de 2024 tras más de cinco años de mandato caducado, no ha acabado, según la AJFV, con las negociaciones entre bloques políticos ni con el reparto de nombramientos discrecionales.
Su alternativa es la de siempre, y la repite: que los doce vocales de procedencia judicial los elijan directamente los propios jueces. «El Consejo no está para administrar cuotas de influencia. Está para garantizar la independencia judicial», defendió la portavoz.

Tribunales de instancia: sí a la idea, no a la forma
Sobre los tribunales de instancia, la gran reforma organizativa de la Ley Orgánica 1/2025, Ortega distinguió entre la idea y cómo se ha puesto en marcha. «Forman parte de la modernización de la Justicia, que es necesaria, no criticamos la idea, pero sí criticamos la forma en la que se han implantado, porque modernizar no es solo cambiar la organización, sino conseguir que funcione mejor y hay problemas organizativos e informáticos que terminan repercutiendo en el ciudadano».
Su propuesta para corregirlo pasa por el diálogo. Pide que se escuche «a los que estamos dentro y sabemos lo que funciona y lo que no». Admite que el resultado ha sido desigual: «Hay territorios donde la implantación ha funcionado bien y otros en los que no. Por eso, vamos a sentarnos y estudiar qué ha funcionado y qué no y por qué, pero para eso hay que dialogar».
Vocación no es sinónimo de aguante
El cierre de su discurso fue el más personal. Ortega describió el día a día en los juzgados: sobrecarga de asuntos, agendas difíciles de asumir, poco tiempo para descansar y una presión profesional que muchas veces llega también a la vida personal y familiar.
Insistió en que la salud laboral no afecta solo a la carrera judicial: «Un juez sobrecargado y saturado no puede resolver igual».
Su advertencia fue que la vocación no puede seguir tapando las carencias estructurales de la Administración de Justicia. «Vuestra vocación no puede seguir siendo la excusa para que las instituciones incumplan sus responsabilidades», dijo a los asistentes.
La portavoz presentó a la AJFV como la organización que defiende a los jueces cuando reclaman medios, protección de su independencia o condiciones dignas.
Según subrayó, esa defensa no supone enfrentarse por sistema al poder, sino exigir el respeto que se debe a una institución esencial del Estado de Derecho. Y lo resumió así: «No estamos aquí para agradar al poder. Tampoco para enfrentarnos a él por sistema. Estamos aquí para defender una Justicia independiente y a los jueces que la hacen posible».