La Unión Progresista de Fiscales (UPF) quiere que las grandes plataformas tecnológicas puedan responder civilmente por los daños que su falta de actuación contribuya a causar o agravar cuando permitan la difusión de material de abuso sexual infantil. Para ello, reclama estudiar una reforma del Código Penal que contemple expresamente esa responsabilidad.
La propuesta, formulada este jueves 12 de noviembre, llega después de que la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, encargara a la fiscal de Sala Coordinadora contra la Criminalidad Informática, Elvira Tejada de la Fuente, investigar los posibles delitos de elaboración y difusión de material de abuso sexual infantil y corrupción de menores relacionados con TikTok.
La asociación judicial —integrada por fiscales— respalda la decisión, pero considera que las investigaciones no deben limitarse a perseguir a quienes producen y distribuyen los contenidos ilícitos. También deben examinar la eventual responsabilidad de las empresas que permiten su circulación.
La cuestión jurídica que plantea la UPF es hasta dónde alcanza la responsabilidad de una plataforma cuando conoce la existencia de material delictivo y no adopta las medidas que legalmente le corresponden para impedir su difusión.
Una reforma del Código Penal para proteger a las víctimas
La propuesta de los fiscales progresistas se centra en los daños que puede ocasionar la falta de diligencia de las empresas tecnológicas.
La UPF considera necesario introducir una previsión expresa sobre la responsabilidad civil de estas compañías cuando su pasividad negligente contribuya a causar o agravar los perjuicios sufridos por las víctimas.
No se trataría de responsabilizar automáticamente a una plataforma por todos los contenidos ilícitos que publiquen sus usuarios, sino de examinar su propia conducta, las obligaciones legales que le correspondan y su posible contribución al daño.
La asociación subraya que la difusión continuada de imágenes de abuso sexual infantil puede prolongar durante años el sufrimiento de las víctimas.
Cada nueva publicación puede incrementar las secuelas psicológicas, afectar a las relaciones familiares y sociales y mantener el temor de que el material vuelva a aparecer en internet.
De ahí que los fiscales planteen reforzar las posibilidades de exigir reparación por los daños vinculados a la actuación negligente de las plataformas.
La propuesta no parte de la inexistencia de mecanismos legales de responsabilidad, sino de la conveniencia de establecer una regulación más explícita, sin perjuicio de las acciones que actualmente permite el ordenamiento jurídico.
También plantea estudiar la responsabilidad penal de las empresas
La UPF no se limita a la responsabilidad civil.
También considera necesario profundizar en la posible responsabilidad penal de las personas jurídicas en los supuestos más graves, especialmente cuando existan conductas conscientes que favorezcan la difusión de contenidos delictivos.
Esta segunda propuesta introduce una distinción jurídica relevante.
Mientras que la responsabilidad civil persigue reparar los daños causados, la penal exige que concurran los presupuestos establecidos para atribuir un delito a una persona jurídica.
Por tanto, una eventual falta de diligencia no equivale necesariamente a la comisión de un delito.
Los fiscales progresistas plantean examinar particularmente aquellas situaciones en las que la conducta de la empresa pueda constituir una contribución consciente y penalmente relevante a la actividad delictiva.
El objetivo declarado es evitar posibles espacios de impunidad cuando la actuación de una compañía tecnológica participe en la difusión de contenidos de abuso sexual infantil.
Las plataformas ya tienen obligaciones legales
La asociación recuerda que las grandes plataformas digitales no operan al margen del Derecho.
El Reglamento Europeo de Servicios Digitales y la legislación de protección de datos establecen obligaciones que afectan a la gestión de contenidos ilícitos, la diligencia de los prestadores de servicios y la protección de los derechos de los usuarios.
Estas exigencias adquieren especial relevancia cuando los afectados son menores de edad.
El Reglamento de Servicios Digitales contempla mecanismos de notificación y actuación frente a contenidos ilegales, así como obligaciones adicionales para las plataformas de muy gran tamaño.
Sin embargo, su régimen jurídico no implica que las empresas sean automáticamente responsables de cualquier contenido ilícito difundido por terceros.
Para la UPF, lo determinante es investigar los posibles incumplimientos de esas obligaciones y exigir responsabilidades cuando se acrediten los requisitos legales correspondientes.
La asociación considera que la capacidad tecnológica y los recursos de estas compañías deben tenerse en cuenta al examinar su actuación frente a contenidos delictivos.
Una investigación iniciada tras la denuncia de Maldita.es
El pronunciamiento de los fiscales progresistas responde a la investigación periodística realizada por Maldita.es sobre la circulación de material de abuso sexual infantil en TikTok.
El medio presentó una denuncia ante la Unidad de Criminalidad Informática de la Fiscalía General del Estado en la que alertaba de la publicación, difusión y venta de estos contenidos.
También puso en conocimiento del Ministerio Público la existencia de mecanismos de recomendación que podrían facilitar el acceso a ese material y de emisiones en directo protagonizadas por menores en las que se solicitaban compensaciones económicas.
Los denunciantes comparecieron el miércoles ante Elvira Tejada para ratificar su denuncia y aportar material probatorio.
La fiscal de Sala deberá analizar la documentación y determinar las actuaciones que correspondan.
La UPF ha reconocido el trabajo desarrollado por las fiscalías especializadas, los órganos judiciales y las unidades policiales dedicadas a perseguir esta criminalidad.
Pero insiste en que la respuesta institucional también debe alcanzar, cuando proceda legalmente, a quienes gestionan las infraestructuras digitales utilizadas para difundir esos contenidos.
