Miguel Pallarés deja la presidencia de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) después de algo más de seis años, ejercidos de forma discontinua, al frente de la organización. Se marcha reivindicando la independencia del Ministerio Fiscal y una de las decisiones más relevantes de su mandato: la personación de APIF como acusación en el procedimiento que terminó con la condena del ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz.
El relevo se producirá durante el congreso que la asociación celebrará este viernes y sábado, 13 y 14 de noviembre, en el que se procederá a la renovación de su Ejecutiva.
En un comunicado difundido este jueves, Pallarés considera que ha llegado el momento de dar paso a una nueva dirección y hace balance de una etapa marcada por la defensa de las condiciones profesionales de los fiscales, las movilizaciones contra las reformas judiciales y los debates sobre la independencia del Ministerio Público.
«Después de algo más de seis años en los que, de forma discontinua, he asumido la presidencia de la APIF, es el momento de poner fin a esta responsabilidad, dando paso a la necesaria renovación de nuestra Ejecutiva», afirma.
La acusación contra García Ortiz, una decisión «difícil pero coherente»
Pallarés dedica una parte destacada de su despedida a justificar la participación de APIF en el procedimiento penal contra Álvaro García Ortiz.
La asociación se personó como acusación popular en la causa por revelación de datos reservados de Alberto González Amador, empresario y pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
El Tribunal Supremo condenó al entonces fiscal general del Estado en noviembre de 2025 a dos años de inhabilitación especial para el cargo, una multa de 7.200 euros y una indemnización de 10.000 euros a González Amador por daños morales.
La sentencia, dictada por cinco votos frente a dos, contó con el voto particular discrepante de las magistradas Ana Ferrer y Susana Polo, partidarias de la absolución.
Para Pallarés, la decisión de APIF de intervenir en aquel procedimiento fue «difícil pero coherente» con los principios que defiende la organización.
El fiscal sostiene que la asociación asumió las consecuencias de aquella actuación, incluso cuando pudieron afectar a algunos de sus miembros.
Y explica el motivo por el que considera que no podía permanecer al margen del procedimiento.
«Ni podemos callar ni podemos dejar de actuar cuando está en juego el buen funcionamiento de nuestra institución», afirma, recordando que el Ministerio Fiscal debe regirse por los principios de legalidad e imparcialidad.
Pallarés interpreta la participación de APIF en el proceso como una manifestación de independencia frente a cualquier consideración ajena al ejercicio de la función fiscal.
La independencia del Ministerio Fiscal, una reivindicación constante
El presidente saliente también recuerda las iniciativas impulsadas por la asociación durante estos años para mejorar el funcionamiento del Ministerio Fiscal.
Según explica, APIF ha mantenido su disposición a colaborar con la Fiscalía General del Estado y con el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.
El objetivo, asegura, ha sido contribuir a una Administración de Justicia más eficiente y alejada de la confrontación política.
Pallarés defiende que las intervenciones públicas de la asociación han estado guiadas por los principios de profesionalidad e independencia, que considera consustanciales a su identidad.
La reivindicación de una Justicia ajena a la política partidista ha constituido uno de los ejes de su mandato, tanto en sus posicionamientos institucionales como en las movilizaciones desarrolladas junto a otras organizaciones profesionales.
En este sentido, destaca la colaboración mantenida con asociaciones de fiscales y jueces, aunque señala expresamente las diferencias con la Unión Progresista de Fiscales (UPF) y Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD).
Entre las actuaciones conjuntas que reivindica figura la concentración celebrada ante el Tribunal Supremo y la huelga de jueces y fiscales convocada en defensa de la independencia judicial.
Un respaldo electoral que Pallarés califica de histórico
Otro de los aspectos que destaca en su balance son los resultados obtenidos por APIF en las elecciones al Consejo Fiscal celebradas en mayo de 2026.
La asociación consiguió mantener su representación en este órgano consultivo del fiscal general del Estado, donde resultó elegida María Teresa Gálvez Díez.
De los nueve vocales electivos, seis correspondieron a la Asociación de Fiscales (AF), dos a la Unión Progresista de Fiscales (UPF) y uno a APIF.
Aunque el reparto de puestos no cambió respecto a las anteriores elecciones, Pallarés considera que el apoyo recibido por su organización fue especialmente significativo.
«Hemos estado muy cerca de conseguir dos —e incluso tres— vocales en el Consejo Fiscal. Nos han faltado escasamente diecinueve votos», sostiene.
El presidente saliente interpreta este resultado como un reconocimiento de la labor realizada por la asociación.
El Consejo Fiscal desempeña funciones relevantes en la organización interna del Ministerio Público, entre ellas informar sobre propuestas de nombramientos y ascensos, asesorar al fiscal general del Estado e impulsar reformas que afecten a la carrera fiscal.
Por ello, la representación de las distintas asociaciones constituye una vía de participación de los fiscales en las decisiones que afectan a su institución.
Pallarés concluye su despedida asegurando que el respaldo de sus compañeros supone un estímulo para continuar defendiendo mejores condiciones profesionales y una Justicia completamente independiente.
La renovación de APIF abrirá una nueva etapa en la organización, tras una presidencia marcada por su intervención en el proceso contra García Ortiz y por la defensa de una mayor independencia institucional del Ministerio Fiscal.
