La acusación popular que ejerce Manos Limpias se ha sumado a la petición que presentó la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) ante el Tribunal Supremo para que suspenda provisionalmente a Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado. Ello, «una vez se dicte auto de apertura de juicio oral» por presunta revelación de secretos contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
«Nos basta adherirnos a la misma interesando que se acuerde conforme a lo solicitado», ha señalado el sindicato en su escrito.
Manos Limpias se pronuncia después de que el magistrado instructor Ángel Hurtado diese un plazo de tres días a las partes para que informasen de si estaban a favor o en contra de la petición de suspensión.
Cabe recordar que la APIF presentó su solicitud el pasado julio al considerar que «la suspensión es imprescindible para garantizar el correcto desarrollo del proceso», en tanto que si García Ortiz continuara siendo fiscal general del Estado en el acto del juicio oral «él sería el superior jerárquico del fiscal designado para intervenir y, en calidad de tal, podría impartirle órdenes».
«Evidentemente, esto provocaría una distorsión inaceptable: el fiscal designado, en vez de promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, actuaría al servicio del propio acusado. Precisamente para evitar esta insólita situación, que dinamitaría los principios constitucionales que rigen el funcionamiento del Ministerio Fiscal, consideramos particularmente necesario que se suspenda de forma provisional a García Ortiz», defendió.
En este sentido, la asociación afirmó que «no puede delegarse en los miembros del Ministerio Fiscal a los que alude el reglamento la adopción de esta medida», porque García Ortiz, en tanto fiscal general del Estado, «no puede decidir si corresponde o no su propia suspensión cautelar». «Debería abstenerse por tener un interés directo en el asunto», añadió.
El Supremo, competente para la decisión en el caso García Ortiz
En su escrito, sostuvo que el Supremo es el tribunal competente para la adopción de esa medida. «A fin de cuentas, resultaría sumamente paradójico que el juez instructor estuviera legitimado para adoptar medidas cautelares tan contundentes como la prisión provisional o un embargo de millones de euros para asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieran generarse pero no para suspender provisionalmente de empleo a un funcionario ya acusado«, aseveró.
García Ortiz está a la espera de que el instructor dicte el auto de apertura de juicio oral después de que la Sala de Apelación confirmase su procesamiento por un presunto delito de revelación de secretos, por el que las acusaciones piden hasta seis años de cárcel y 12 años de inhabilitación.
