Carles Puigdemont, expresidente de la Generalitat y líder de Junts. Sus declaraciones en El Mundo sobre la negociación de la amnistía son la base de la denuncia de Manos Limpias contra Pedro Sánchez, que pide al Supremo citarle como testigo. Foto: El Mundo.

Manos Limpias denuncia a Sánchez ante el Supremo y pide que Puigdemont declare como testigo sobre el pacto de la amnistía

El sindicato acusa al presidente de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias y se apoya en las declaraciones del líder de Junts publicadas por El Mundo, a nueve días de las elecciones generales

20 / 11 / 2026 11:56

Actualizado el 20 / 11 / 2026 11:56

Puigdemont lo ha contado y Manos Limpias lo ha convertido en denuncia. El sindicato que dirige Miguel Bernad ha registrado hoy en la Sala Segunda del Tribunal Supremo un escrito contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Le atribuye tres delitos: prevaricación administrativa, cohecho y tráfico de influencias. El motivo, según el sindicato, es que Sánchez habría negociado la Ley de Amnistía a cambio de los votos que necesitaba para ser investido.

Lo que ha activado la ofensiva judicial es lo que el expresidente catalán ha dicho en El Mundo sobre aquellas negociaciones. Puigdemont ha hablado sin rodeos: “Nos hemos aprovechado de la ambición de Sánchez para derrotar a España”.

También ha dibujado al presidente como “una persona amoral y con una ambición desmedida” y ha dejado claro que, para Junts, la amnistía fue el pago de un acuerdo de investidura que su partido ya saldó con sus votos.

Para Manos Limpias, esas frases confirman lo que viene diciendo desde 2023. Sostiene que la ley se negoció en Waterloo entre emisarios de Sánchez y de Puigdemont, y que se cambiaron votos por una norma pensada para beneficiar a los dirigentes independentistas.

El propio Puigdemont, sin embargo, introduce un matiz en su relato: niega haber hablado nunca directamente con el presidente del Gobierno y destaca el papel de Zapatero como interlocutor en Suiza.

Dos testigos incómodos

Bernad no se limita a pedir que se abran diligencias. Quiere sentar ante el juez a dos personas: al propio Puigdemont y al periodista Esteban Urreiztieta, autor de la pieza de El Mundo.

Pide además que se investiguen todas las responsabilidades penales que puedan derivarse de los hechos.

El escrito rescata también un episodio de la tramitación parlamentaria. Tres días antes de que el Congreso votara la Ley de Amnistía, el sindicato se dirigió formalmente a la presidenta de la Cámara para advertirle de que los diputados de ERC y Junts debían abstenerse, porque sus partidos eran beneficiarios directos de la norma. Pidió que el aviso llegara a todos los grupos.

Nadie le hizo caso: la ley salió adelante con los votos de ambas formaciones, y Manos Limpias sostiene ahora que eso basta para cuestionar la validez de su aprobación.

“La Presidencia del Gobierno no puede estar por encima de la ley”, concluye el escrito.

Un camino ya recorrido

No es el primer intento. En noviembre de 2023, antes incluso de que se registrara la proposición de ley, el sindicato denunció a Sánchez y a varios ministros por el mismo pacto.

El Supremo no admitió la denuncia: no vio delito en los hechos y concluyó que se trataba de un acuerdo político.

Tampoco es nuevo que el sindicato se apoye en noticias de prensa. En marzo de 2025, la Sala de lo Penal rechazó otra querella suya contra el presidente, su esposa y miembros del Gobierno, y le reprochó un “manifiesto fraude de ley” por basarse en “la mera remisión de recortes o enlaces de prensa”. Hace apenas tres semanas, el Supremo rechazó denuncias y querellas de Manos Limpias y Vox contra los ministros Fernando Grande-Marlaska y Félix Bolaños, la senadora María Jesús Montero y la presidenta del Congreso, Francina Armengol.

Hay otros obstáculos jurídicos. La prevaricación administrativa exige una resolución dictada en un asunto administrativo, y la amnistía es una ley orgánica aprobada por las Cortes a propuesta del Grupo Socialista. El tráfico de influencias del artículo 428 del Código Penal exige que se busque un beneficio económico. Y el Tribunal Constitucional ya ha avalado el núcleo de la norma.

Con las urnas a la vista

El calendario añade presión. La denuncia llega en plena campaña: la campaña empezó el viernes 13 de noviembre y las elecciones generales se celebran el domingo 29. Puigdemont, mientras tanto, espera que el Supremo cierre el último fleco de su amnistía y estudia volver a Cataluña en diciembre.

Ahora le toca a la Sala de admisión del Supremo, que es la competente por el artículo 102.1 de la Constitución. Primero decidirá si la denuncia es de su competencia y después si los hechos tienen relevancia penal suficiente para abrir una causa contra el presidente del Gobierno.

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