La convocatoria de elecciones generales para el 29 de noviembre no ha paralizado las agendas judiciales. En las dos semanas de campaña, la Audiencia Nacional, los juzgados de Plaza de Castilla y el Tribunal Supremo seguirán con algunas de las causas de mayor carga política del momento: el ‘caso Koldo’, el ‘caso Leire Díez’, el ‘caso Plus Ultra’, la investigación sobre la entrada masiva de migrantes en Ceuta y la del rescate de Air Europa.
En periodo electoral cambia el tipo de resolución, no el ritmo de trabajo. Por una regla no escrita, los magistrados suelen evitar dictar sentencias que puedan afectar a los partidos políticos en liza mientras dura la campaña.
Las diligencias de instrucción, en cambio, siguen su curso: declaraciones de investigados y de testigos.
Zaldívar abre el calendario
Ignacio Zaldívar, excargo de Adif, declarará el 17 de noviembre ante el juez instructor del ‘caso Koldo’, Ismael Moreno. La Fiscalía Anticorrupción le atribuye un presunto delito de tráfico de influencias por su supuesto papel en la contratación de Jéssica Rodríguez, expareja del exministro José Luis Ábalos, en la empresa pública Tragsatec.
Comparecerá a petición propia: fue él quien pidió declarar como investigado de forma voluntaria “a fin de poder completar, precisar y aclarar los hechos”.
Al día siguiente, el 18, declarará el exdelegado del Gobierno en Ceuta Miguel Ángel Pérez Triano. Es el primer imputado en la causa en la que la magistrada María Tardón investiga la entrada masiva de migrantes en la ciudad autónoma desde Marruecos, ocurrida en julio.
Plus Ultra y Air Europa: dos rescates bajo instrucción
El 19 de noviembre declararán como testigos en el ‘caso Plus Ultra’ José Ángel Partearroyo, exdirector de Participadas de la SEPI, y Félix Martín, exdirector financiero.
Lo harán ante el magistrado José Luis Calama, que investiga al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero como presunto líder de una red de tráfico de influencias.
Según la investigación, esa red habría obtenido beneficios económicos por su supuesta mediación en el rescate de 53 millones de euros que el Gobierno concedió a la aerolínea durante la pandemia.
Partearroyo volverá a declarar días después en Plaza de Castilla, en la causa sobre el préstamo de 475 millones de euros que el Ejecutivo concedió a Air Europa en noviembre de 2020.
El 23 están citadas como testigos Ana de la Cueva, exsecretaria de Estado de Economía y actual presidenta de Patrimonio Nacional, y Pilar Paneque, directora de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad, entre otros.
El 24 llegará el turno de la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen; del exportavoz parlamentario de Sumar Íñigo Errejón, y de Manuel de la Rocha, director de la Oficina Económica y G20 de la Presidencia del Gobierno.
El 24, jornada doble en el ‘caso Leire Díez’
Ese mismo martes, el magistrado Santiago Pedraz tomará declaración como imputado al exviceministro venezolano Nervis Villalobos.
Antes, el Registro Civil Central remitió al instructor documentación sobre supuestas irregularidades en el expediente por el que este excargo del Gobierno de Hugo Chávez obtuvo la nacionalidad española. Lo hizo a través de la llamada ‘ley de nietos’, la disposición de la Ley de Memoria Democrática dirigida a descendientes de exiliados.
Pedraz escuchará también como testigo a Cintia Rocho, presuntamente vinculada a un clan de narcotráfico de Badajoz. Según la investigación, el exmagistrado Luis Sáenz de Tejada, imputado en la causa, le habría hablado de “eliminar” a la jueza Beatriz Biedma, que instruyó el procedimiento contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno.
La causa investiga una presunta trama para desestabilizar procedimientos judiciales que afectan al PSOE, al Gobierno y a familiares de Pedro Sánchez. Según la investigación, la trama habría estado dirigida por el exdirigente socialista Santos Cerdán y coordinada por la exmilitante Leire Díez, conocida como la «fontanera» del PSOE:
El Supremo, entre el voto exterior y la amnistía
La Sala Tercera del Supremo seguirá analizando los efectos electorales de la ‘ley de nietos’. Mantiene suspendido el voto de los ‘nietos’ residentes en el extranjero que no han acreditado descender de exiliados, una medida que adoptó el 10 de septiembre y ratificó en octubre y noviembre.
Sin embargo, rechazó extender la suspensión a sus hijos, unas 189.678 personas, por “seguridad jurídica y estabilidad electoral”. Los magistrados alegaron que la petición llegó con “más de la mitad del periodo electoral” ya transcurrido y a dos semanas de que empezara el depósito del voto en los consulados.
un así, dejaron constancia de las “presuntas irregularidades” con las que sus padres habrían accedido al CERA.
Queda pendiente, además, la decisión de la Sala de lo Penal sobre la amnistía a Carles Puigdemont. El Tribunal Constitucional ordenó aplicar la amnistía al delito de malversación por el que está procesado, y el instructor del ‘procés’, Pablo Llarena, lo consideró amnistiable.
La Sala ya aplicó la amnistía a Oriol Junqueras y a los exconsejeros Jordi Turull, Toni Comín, Lluís Puig, Raül Romeva y Dolors Bassa.