Será el TJUE quien determine si comparte la interpretación del abogado general sobre los laudos renovables respecto a España. Foto: EP

La Justicia europea abre un nuevo frente a España por los laudos de las renovables: 2.367 millones de euros en juego

20 / 11 / 2026 11:59

Actualizado el 20 / 11 / 2026 11:59

El abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), Athanasios Rantos, ha cuestionado uno de los argumentos jurídicos utilizados por España y la Comisión Europea para oponerse al pago de las indemnizaciones reconocidas a inversores extranjeros por los recortes de las primas a las energías renovables.

En sus conclusiones presentadas el 19 de noviembre de 2026, Rantos sostiene que el pago de una indemnización destinada a reparar los perjuicios ocasionados por una modificación normativa no constituye necesariamente una ayuda de Estado incompatible con el mercado interior.

El pronunciamiento se produce en el marco del denominado caso Micula, un litigio relacionado con Rumanía que ha servido como referencia jurídica en los procedimientos arbitrales abiertos contra España.

Aunque las conclusiones del abogado general no son vinculantes, su criterio podría tener consecuencias para la estrategia procesal del Estado español, que afronta cerca de una treintena de laudos desfavorables por los cambios introducidos en el régimen retributivo de las renovables.

Según las cifras comunicadas por los fondos acreedores, las cantidades pendientes ascienden a 2.367 millones de euros, incluyendo las reclamaciones derivadas de estas controversias.

El argumento jurídico que cuestiona el abogado general

La controversia gira en torno a la aplicación del artículo 107 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), que regula las ayudas de Estado y establece las condiciones en las que determinadas ventajas económicas concedidas mediante recursos públicos pueden resultar incompatibles con el mercado interior.

España y la Comisión Europea han defendido que satisfacer determinadas indemnizaciones reconocidas mediante arbitrajes internacionales puede constituir una ayuda estatal prohibida por el Derecho comunitario.

Sin embargo, Rantos distingue entre conceder una ventaja económica a una empresa e indemnizar un perjuicio previamente sufrido como consecuencia de una actuación estatal.

Esta diferenciación resulta relevante para determinar si el cumplimiento de un laudo arbitral implica realmente otorgar una ayuda pública o, por el contrario, reparar un daño reconocido jurídicamente.

En el procedimiento rumano, correspondiente a los asuntos acumulados C-890/24 P y C-891/24 P, el abogado general propone revocar la sentencia del Tribunal General de 2024 y anular parcialmente la decisión de la Comisión Europea que calificó como ayuda de Estado la indemnización reconocida a los inversores del caso Micula.

España también ve cuestionada su posición procesal

Las conclusiones abordan igualmente el recurso de casación adhesiva presentado por España, que intervino en el procedimiento en apoyo de la Comisión Europea.

El Estado español había cuestionado el interés legítimo de los inversores para recurrir las decisiones comunitarias que impedían ejecutar las indemnizaciones arbitrales.

Rantos rechaza ese planteamiento y considera que los afectados pueden impugnar las decisiones de Bruselas que inciden directamente en sus intereses, sin que la controversia sobre la compatibilidad del laudo con el Derecho europeo elimine automáticamente su legitimación procesal.

Las renovables afectan a los casos Antin y JGC Holdings

El criterio del abogado general también podría influir en otros procedimientos relacionados con España.

Uno de ellos es el caso Antin, en el que la Comisión Europea prohibió en marzo de 2025 el pago de una indemnización de aproximadamente 101 millones de euros reconocida a inversores afectados por los recortes de las renovables.

Los fondos acreedores consideran que el razonamiento de Rantos cuestiona los fundamentos jurídicos empleados por Bruselas para bloquear ese desembolso.

También señalan sus posibles repercusiones sobre la investigación abierta por la Comisión en agosto de 2026 en relación con el pago de 32,95 millones de euros a la empresa japonesa JGC Holdings.

Asimismo, el dictamen podría incorporarse a los argumentos de las partes en los procedimientos de reconocimiento y ejecución de laudos que se desarrollan fuera de la Unión Europea, en jurisdicciones como Estados Unidos, Reino Unido, Australia y Singapur.

No obstante, las conclusiones no anulan las decisiones adoptadas respecto de España ni obligan automáticamente a pagar las indemnizaciones.

Será el TJUE quien determine, mediante su sentencia definitiva, si comparte la interpretación del abogado general y qué alcance tiene para el régimen europeo de ayudas de Estado.

Hasta entonces, permanece abierta la controversia jurídica sobre la relación entre la protección internacional de las inversiones, el cumplimiento de los laudos arbitrales y las normas de competencia de la Unión Europea.

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