2025 pasará a la historia como uno de los años más intensos (y tensos) para la justicia española.
Reformas largamente anunciadas que entraron por fin en vigor, decisiones judiciales con enorme trascendencia han sido dictadas, sentencias europeas con impacto directo en millones de ciudadanos y un malestar creciente en la carrera judicial marcaron un ejercicio en el que los tribunales estuvieron en el debate público.
Desde la aplicación de la Ley de Eficiencia Jurídica hasta el pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre la amnistía, pasando por la sentencia condenatoria del que era el fiscal general del Estado o el enésimo capítulo del IRPH, Confilegal repasa los momentos en clave jurídica que definieron 2025 y cuyos efectos se proyectaran, inevitablemente, sobre los próximos años.
El año que la Justicia cambió las reglas del juego
La Ley Orgánica 1/2025, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, entró en vigor el 3 de abril de 2025 con la promesa de convertirse en la mayor transformación de la Justicia en décadas. Sin embargo, aún hay detractores de la nromativa..
La norma puso en marcha dos importantes cambios: la obligación de las partes de someterse a métodos alternativos de resolución de conflictos (MASC) como paso obligatorio antes de interponer una demanda y la conversión de 3.8000 juzgados unipersonales en 641 tribunales de instancia, de forma escalonada.
El objetivo del Ministerio de Justicia: favorecer, la especialización, la unificación de criterios y acelerar la justicia, para así evitar el colapso de los tribunales.
Profesionales del Derecho y asociaciones judiciales han alertado desde que el texto salió a la luz que una norma llamada a ser “eficiente” estaba, en algunos casos, encareciendo y ralentizando el acceso a la Justicia, especialmente para el ciudadano.
A la obligación de intentar los MASC se sumaron interpretaciones dispares, falta de medios, carencias en la digitalización y un riesgo claro de convertir la mediación en un trámite meramente formal.
Mientras el Ministerio de Justicia defiende la ley como una herramienta clave para una justicia más ágil, flexible y cercana, desde la práctica diaria se ha llegado a una conclusión incómoda: sin una dotación suficiente de recursos materiales y humanos, la LO 1/2025 esta corriendo el riesgo de convertirse no en una vía de acceso, sino en una barrera adicional entre el ciudadano y los tribunales.
El pronunciamiento del TC sobre la amnistía: Lo que no está prohibido está permitido
El Tribunal Constitucional en su STC 137/2025, de 26 de junio) declaró que la Constitución no prohíbe la amnistía, validando la LO 1/2024, de amnistía para la normalización institucional de Cataluña, para normalizar la situación con la región catalana tras los sucesos del 1-O.
A su vez declaró inconstitucional el artículo 1.1 de dicha Ley Orgánica, por discriminación en el trato de los delitos amnistiables según la orientación política de quienes los cometieron.
Según el fallo, la exclusión de quienes actuaron en oposición al procés vulneró el artículo 14 de la Constitución, que consagra la igualdad ante la ley, aunque la sentencia matiza que esta inconstitucionalidad no implica la nulidad del precepto, proponiendo su corrección mediante inclusión de los casos omitidos.
El fallo no ha estado exento de polémica. La controversia en torno a dicha resolución reflejó la tensión entre la letra y el espíritu de la Constitución. Para muchos referentes del sector, en esta normativa debería haber primado el diálogo y consenso entre los distintos partidos políticos para preservar la estabilidad del sistema democrático español.
Multa histórica a META por parte de los tribunales españoles: 479 millones por uso ilícito de datos frente a la prensa digital
El Juzgado de lo Mercantil nº 15 de Madrid dictó una histórica sentencia contra Meta, obligando a la compañía a indemnizar con 479 millones de euros a 87 medios de comunicación digitales por competencia desleal.
Según el juez, la empresa se benefició ilícitamente del uso masivo de datos personales de usuarios de Facebook e Instagram, obteniendo una ventaja competitiva frente a la prensa española que operaba dentro de la ley.
La resolución exploró que Meta realizó cambios en la base legal del tratamiento de datos tras la entrada en vigor del Reglamento General de Protección de Datos en 2018. En ella, sustituyó el consentimiento del usuario por la ejecución del contrato. Lo que le permitió tratar los datos personales de forma lícita.
La sentencia reconoció el perjuicio económico a la prensa digital española y condenó a la gigante tecnológica a indemnizar con 479 millones a las 87 editoras.
El fiscal general del Estado fue condenado a dos años de inhabilitación por revelación de secretos
El Tribunal Supremo dio un golpe histórico en la justicia española al condenar al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos.
Según la STS 1000/2025, Ortiz permitió que un correo confidencial y una nota oficial sobre un acuerdo de conformidad penal se filtraran a la prensa, vulnerando la presunción de inocencia del afectado.
La resolución, que fue mandada a ejecutar el pasado 17 de diciembre, impuso multa de 7.200 euros, inhabilitación temporal para el cargo que hasta aquel entonces ostentaba y una indemnización por daños morales al novio de Ayuso cifrada en 10.000 euros, y subrayó que quien dirige la Fiscalía tiene un deber reforzado de reserva y neutralidad.
Susana Polo García y Ana María Ferrer García emitieron voto particular, cuestionando la atribución de la filtración y la relevancia de la nota de prensa.
Tras conocerse la condena, García Ortiz presentó su dimisión como fiscal general del Estado, reconociendo la gravedad de los hechos y los efectos sobre la credibilidad de la institución.
Su salida abrió paso al nombramiento de Teresa Peramato, quien asumió el cargo con el compromiso de restaurar la confianza en la Fiscalía, reforzar los mecanismos de confidencialidad y garantizar la neutralidad y el correcto uso de la información penal sensible en el futuro.
El TJUE criticó los contratos «indefinidos no fijos»
El abogado general del TJUE, Imvydas Norkus, emitió un veredicto el pasado mes de octubre contundente sobre la figura del «indefinido no fijo» en España: convertir contratos temporales abusivos en esta categoría no sanciona el fraude, sino que lo perpetúa. Norkus criticó que, tras años de encadenamiento de contratos, los trabajadores siguen en precario mientras la Administración elude una responsabilidad real.
Norkus propone un sistema de reparación completo basado en tres pilares: indemnización sin límite calculada según la duración y gravedad del abuso, conversión en fijo en un plazo razonable y responsabilidad concreta de los responsables. Advierte que los procesos de estabilización actuales no bastan, ya que no compensan el daño acumulado durante años de temporalidad indebida.
Más de medio millón de plazas temporales a estabilizar en España, según el Gobierno, reflejan un sistema que premia la precariedad. Su informe, aunque no vinculante, suele ser seguido en el 67 % de los casos, por lo que podría forzar cambios significativos en la normativa laboral española.
El Supremo flexibilizó el IRPH y deja en manos de los jueces la protección de los consumidores
El Tribunal Supremo volvió a poner el foco sobre el polémico IRPH con las sentencias 1590/2025 y 1591/2025, ofreciendo criterios restrictivos sobre la transparencia de los bancos.
Las resoluciones consideran suficiente que los contratos mencionen la Circular 5/1994 del Banco de España, en lugar de explicar activamente cómo funciona el IRPH o su impacto económico real. Asociaciones como ASUFIN advierten que esta visión “pasiva” reduce la protección de los clientes, especialmente de los más vulnerables, que históricamente han pagado intereses más altos que con el Euríbor.
Pese a ello, el Supremo ha dejado abierta la puerta a reclamaciones individuales en los juzgados de primera instancia. Cada hipoteca se analizará caso por caso, teniendo en cuenta la información proporcionada al cliente y posibles perjuicios. De este modo, miles de consumidores mantienen la esperanza de recuperar sus derechos y seguir cuestionando la validez del IRPH en España.
La huelga de los magistrados: una protesta inédita
No podía faltar en este recopilatorio del año las huelga de tres días que magistrados y fiscales protagonizaron en julio de 2025 en señal de protesta ante las reformas legales impulsadas por el Ministerio de Justicia para el acceso a las Carreras Judicial y Fiscal .
La convocatoria fue promovida por cinco de las asociaciones de jueces y fiscales al entender que dicha modificación supondría un ataque al Estado de Derecho. Además, consideraron la falta de comunicación y transparencia sobre estas normativas, y que estas diferencias podrían haber sido salvadas si las asociaciones hubiese sido escuchadas.
Aunque las cifras bailaron, ya que el Ministerio de Justicia ofrecía una cifra inferior que la aportada por las asociaciones, esta huelga evidenció el descontento de jueces y fiscales.
