El abogado general por Francia, Jean Richard de la Tour, considera que la Directiva europea permite a los Estados miembros ajustar sus normativas nacionales de insolvencia de manera flexible.
Señala que aplicada de manera general e indiferenciada, esta norma puede estar justificada por la voluntad de un ayuntamiento de organizar un entorno administrativo completamente neutro.
Concluye que el acceso ilícito a datos personales por parte de terceros genera la responsabilidad por culpa presunta del responsable del tratamiento y puede dar lugar a un daño moral indemnizable.
Y destaca que la resolución por la que se autoriza o deniega la prórroga del ejercicio de la función jurisdiccional no puede basarse en criterios excesivamente vagos y difícilmente verificables.
La Inspección Judicial es el órgano judicial que lleva a cabo investigaciones disciplinarias y abre procedimientos disciplinarios contra los jueces y fiscales en Rumanía.