«Marruecos es un árbol cuyas raíces se hunden en África y que respira por sus hojas en Europa» – — Hassan II, rey de Marruecos (1961-1999)
El 30 de julio, mientras Rabat celebraba la Fiesta del Trono —el vigésimo séptimo aniversario de la entronización de Mohamed VI—, decenas de miles de personas comenzaron a lanzarse al agua y a los espigones de Ceuta. Diez días antes, Pedro Sánchez había viajado a Argel para escenificar la reconciliación con Argelia. En geopolítica, como en sismología, las fechas rara vez son casualidad.
En menos de cuarenta y ocho horas entraron decenas de miles de personas —hasta unas 72.000, según la estimación del propio Gobierno— en una ciudad de apenas ochenta y cuatro mil habitantes; el balance mortal, todavía provisional y discutido, superaba ya las setenta y cinco víctimas.
El seísmo, en sentido estricto, ya pasó: la fase más aguda de las entradas quedó contenida en cuestión de días, aunque la emergencia humanitaria y de acogida distaba de estar resuelta.
Lo que viene ahora son las réplicas —políticas, jurídicas, diplomáticas— y las réplicas, como saben los sismólogos, a veces derriban lo que el primer temblor sólo agrietó.
En el ambiente irrespirable de tensión que se vive en nuestro día a día, el dedo señala a Sánchez y a su Gobierno: por lo sucedido y por la gestión de lo sucedido.
No tengo nada contra ese ejercicio de exigencia democrática, y no soy sospechoso —lo he dicho en estas páginas hasta la saciedad— ni de sanchismo ni de socialismo; soy otra cosa muy distinta. Pero precisamente porque la crítica es legítima, conviene hacerla con el instrumental del analista y no con el del forofo. Y el análisis obliga a una pregunta incómoda: ¿cuál era, de verdad, el margen de maniobra de España?
Lo que Moncloa pudo hacer y lo que ningún gobierno podía impedir
Empecemos por lo que no admite excusa.
Los sindicatos policiales llevaban días advirtiendo de que los medios en Ceuta eran insuficientes. El CETI de la ciudad dispone de 512 plazas; los centros de menores funcionaban muy por encima de su capacidad. El Ejército se desplegó cuando ya habían cruzado miles de personas, y el Gobierno descartó declarar la emergencia nacional. Tarde y corto: esa es la crítica justa a la gestión doméstica, y no seré yo quien la atenúe.
Pero seamos igualmente objetivos con el otro platillo de la balanza.
En pocos días, la inmensa mayoría de quienes cruzaron —cerca de setenta mil personas, según el balance gubernamental— habían sido devueltas o habían regresado a Marruecos. La rapidez del resultado y de la respuesta española fue reconocida después por la Comisión y por los propios ministros europeos. Se puede discutir la previsión; es más difícil discutir la reacción. Y conviene desmontar, de paso, el chivo expiatorio favorito de estas semanas: el Tribunal Supremo.
Como defendí en mi anterior columna, el Supremo no tiene la culpa.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo se limitó a interpretar la disposición adicional décima de la Ley de Extranjería conforme a su tenor: el rechazo en frontera opera frente a quien intenta superar los elementos de contención del perímetro, no frente a quien es interceptado en el mar tratando de llegar a nado; en ese caso procede la devolución del artículo 58.3 de la misma ley, con resolución individualizada, asistencia letrada, intérprete y respeto de una eventual solicitud de protección internacional.
La sentencia no abre la frontera ni impide el retorno: obliga a realizarlo por el procedimiento legalmente previsto. Eso no es activismo judicial: es la aplicación de un marco normativo, nacional y europeo, que el Supremo no escribió.
Lo que desencadenó la avalancha no fue la sentencia, sino su manipulación: por redes sociales circuló masivamente una lectura grosera y falsa —«España ha abierto sus fronteras»—, explotada por las redes de tráfico como mercancía. Quién encendió exactamente la mecha está por acreditar; que la mecha existió y alguien hizo caja con ella, no. Culpar al Supremo de la avalancha es como culpar al termómetro de la fiebre.
La política del cheque: una frontera subcontratada
La pregunta de fondo no es qué hizo el Gobierno esos tres días, sino qué lleva haciendo la Unión Europea desde hace dos décadas con su frontera sur.
La respuesta cabe en una palabra: subcontratarla.
Bruselas ha delegado la gestión de la frontera exterior en los vecinos del sur mediante la política del cheque: en materia específicamente migratoria, Marruecos recibió 234 millones de euros del Fondo Fiduciario de Emergencia para África entre 2015 y 2021, a los que se sumaron partidas posteriores como los 150 millones en apoyo presupuestario del instrumento NDICI.
Esas ayudas se insertan, además, en una cooperación europea mucho más amplia —varios miles de millones en la última década, que abarcan desde el desarrollo económico hasta la energía— y que da la medida del capital político que Bruselas tiene invertido en Rabat. Rabat, por su parte, ha dejado clara su doctrina por boca de su ministro de Exteriores, Naser Burita: Marruecos no será «el policía ni el conserje de Europa».
Traducción: cobra por contribuir a guardar la puerta, pero conserva la capacidad material de relajar su vigilancia y de convertir la cooperación fronteriza en palanca de negociación.
Ese es el vicio estructural de la externalización de fronteras: quien paga por que otro le guarde la llave descubre, antes o después, que la llave se alquila pero no se vende.
Y que cada renovación del contrato es más cara: en 2021 fue el precio de la acogida de Brahim Ghali; en 2022, el giro español sobre el Sáhara; en 2026, quién sabe si el estatuto mismo de las ciudades autónomas. ¿Fue esta avalancha una operación deliberada de Rabat? Digámoslo con el rigor que el oficio exige: no está oficialmente acreditado; las investigaciones y comprobaciones abiertas en España no permiten aún una conclusión definitiva, Marruecos lo niega y concurren explicaciones alternativas —desinformación, redes de tráfico, simple fallo de vigilancia—.
Pero la coincidencia temporal con la Fiesta del Trono y con el viaje de Sánchez a Argel, el precedente de 2021 y las informaciones que apuntan a una progresiva relajación de los controles marroquíes durante julio permiten tomar completamente en serio la hipótesis de una utilización política de la presión migratoria. Si esa hipótesis se confirma, su nombre técnico es coerción híbrida: presión migratoria como munición diplomática dosificada. Y para el argumento que aquí importa basta la estructura del incentivo, que esa sí está probada: quien cobra por guardar una puerta conserva siempre la tentación de recordar cuánto vale abierta.
Moroccogate: no perdamos la memoria
Y aquí conviene refrescar la memoria europea, tan frágil ella.
Cuando en diciembre de 2022 estalló en el Parlamento Europeo el escándalo conocido como Qatargate, la instrucción belga reveló pronto una segunda rama que la prensa bautizó como Moroccogate o Marocgate: una presunta red de sobornos orientada a comprar voluntades de eurodiputados en favor de los intereses de Rabat, con el exeurodiputado Antonio Panzeri como pieza central y con la sombra de los servicios exteriores marroquíes planeando sobre la trama, según la investigación.
El Parlamento Europeo aprobó entonces resoluciones pidiendo esclarecer la injerencia. Después, el silencio administrativo de siempre.
Retengamos la imagen, porque pocas veces la ironía institucional alcanza esta pureza: la misma Unión que subcontrata su frontera sur a Marruecos mediante cheques descubrió que su propio Parlamento había sido, presuntamente, penetrado por el subcontratista.
Y sin embargo, en la reunión extraordinaria de ministros del Interior convocada tras la crisis, veintidós Estados miembros encontraron tiempo para firmar una carta señalando las decisiones españolas —la sentencia sobre el rechazo en frontera y la regularización extraordinaria— como factores de atracción de la avalancha.
Ni una línea, en cambio, sobre el papel del socio al otro lado de la frontera, todavía bajo investigación. Ni una línea tampoco de autocrítica. La UE es así: implacable con el Estado miembro, exquisita con el proveedor.
Francia va a lo suyo (y lo suyo pasa por Rabat)
En este tablero, Francia ha jugado como juega siempre: a lo suyo, y sin disimulo. En julio de 2024, Emmanuel Macron escribió a Mohamed VI reconociendo que el presente y el futuro del Sáhara Occidental se inscriben «en el marco de la soberanía marroquí», giro que culminó con una visita de Estado a Rabat meses después y con una lluvia de contratos para las empresas francesas.
París no se limitó a cambiar de postura: respaldó sin reservas la resolución del Consejo de Seguridad que elevó el plan marroquí a base principal de la negociación sobre el Sáhara.
Cuando Francia abraza a Rabat, la experiencia enseña que Madrid acaba pagando el peaje: cada cesión francesa eleva el listón de lo que Marruecos considera exigible al resto, y España es siempre el resto más cercano.
Es verdad que París respaldó formalmente a España durante la crisis de Ceuta; también lo es que ese respaldo retórico no le costó ni un contrato, ni un matiz en su política saharaui, ni un euro.
Washington mira el Estrecho con los ojos de Rabat
El tercer vértice es el decisivo, porque ordena a los otros dos.
Desde que Donald Trump reconoció en diciembre de 2020 la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental como contrapartida a la normalización de relaciones entre Marruecos e Israel en el marco de los Acuerdos de Abraham, Washington ha ido consolidando a Rabat como su socio estructural en el noroeste de África.
Marruecos es aliado principal extra-OTAN desde 2004 y anfitrión habitual del mayor ejercicio militar anual de Estados Unidos en África. El 31 de octubre de 2025, el Consejo de Seguridad —con Estados Unidos como redactor— aprobó la Resolución 2797, que elevó el plan marroquí de autonomía a base principal de la negociación y presentó una autonomía genuina bajo soberanía marroquí como el desenlace más viable para el Sáhara, sin llegar a reconocer formalmente la soberanía de Rabat ni a cerrar jurídicamente la cuestión de la autodeterminación: once votos a favor, ninguno en contra, y una Argelia que se negó a participar en la votación. En enero de 2026, Rabat y Tel Aviv acordaron un plan de trabajo militar conjunto.
Las razones de Washington son tan comprensibles como incómodas para nosotros.
Estados Unidos desconfía de una Europa que considera estratégicamente inane y prima a los socios regionales que percibe como previsibles y útiles en materia de seguridad. Marruecos, en cambio, ofrece lo que la superpotencia busca: una monarquía musulmana estable, de identidad árabo-bereber y ajena a las pulsiones del panarabismo de Oriente Próximo, capaz de sostener la normalización con Israel sin que le tiemble el trono, situada sobre la orilla sur del Estrecho.
Para el Pentágono, Rabat es la llave segura del Mediterráneo occidental. Y las llaves seguras se miman: por eso un informe de la Comisión de Asignaciones de la Cámara de Representantes —en la que ocupa una posición destacada el congresista republicano de Florida Mario Díaz-Balart— describió Ceuta y Melilla como ciudades administradas por España situadas en territorio marroquí y aludió a la prolongada reivindicación de Rabat; por eso Michael Rubin, analista del American Enterprise Institute, pidió en marzo, en un artículo de opinión, declararlas «territorios ocupados»; y por eso el embajador de Israel ante la ONU, Danny Danon, pudo permitirse tuitear sobre los «enclaves coloniales» españoles en África, mensaje del que su propio Gobierno se desmarcó.
Un informe de comisión, el artículo de un analista y el exabrupto de un diplomático no tienen el mismo valor institucional, y ninguno constituye por sí solo política oficial. Pero, intencionadamente o no, funcionan como globos sonda; y los globos sonda permiten medir el viento, que hoy sopla de popa para Rabat.
El margen que no existía en Ceuta
Vuelvo, pues, a la pregunta inicial: ¿pudo Sánchez hacer más? En la gestión doméstica, sin duda: prevenir, reforzar, desplegar antes. Ahí la crítica es merecida y debe mantenerse. Pero ¿pudo ser decisivo? ¿Pudo un presidente del Gobierno español —este o cualquier otro; conviene recordar que la avalancha de 2021, con alrededor de diez mil entradas en horas, ocurrió con el mismo vecino y otra coyuntura— disuadir a un Marruecos que ha hecho de su frontera una palanca de negociación, respaldado por la primera potencia mundial, cortejado por Francia, financiado por Bruselas y consciente de que la UE le necesita más de lo que él necesita a la UE? La honestidad intelectual obliga a responder que no. España afronta con palancas nacionales un problema cuya escala es imperial, y las palancas que deberían ser europeas o no existen o se alquilan a Rabat.
Porque la réplica más grave del seísmo de Ceuta no se ha producido en España, sino en el edificio europeo. Italia reintrodujo unilateralmente controles fronterizos para los viajeros procedentes de España —una medida excepcional dentro del espacio Schengen— y los desplegó en sus puertos; veintidós capitales firmaron el reproche a Madrid; la Comisión felicitó los retornos mientras preparaba más vigilancia y más externalización, es decir, más de lo mismo que nos ha traído hasta aquí. Cuarenta y ocho horas bastaron para que la solidaridad europea se resquebrajara y para que la libre circulación —el logro que Bruselas exhibe como su joya— fuera moneda de cambio entre socios.
Una ciudadanía que ve esto empieza a preguntarse, abiertamente y sin complejos, para qué sirve tanta burocracia en Bruselas si cuando tiembla el suelo cada cual corre a su propia puerta. No es euroescepticismo de pancarta: es una pregunta racional que la Unión lleva demasiado tiempo sin responder, con complicidades nacionales incluidas, pues los gobiernos de todos los colores han encontrado en Bruselas un cómodo desván al que subir los problemas que no quieren gestionar.
Nuestro vaticinio es doble.
Primero: Rabat cobrará esta crisis, como cobró las anteriores; la factura llegará en forma de nuevas exigencias sobre pesca, aduanas, espacio aéreo o, en el límite, sobre el estatuto internacional de Ceuta y Melilla, que Marruecos intentará deslizar hacia los foros donde ha logrado inclinar decisivamente a su favor el tablero del Sáhara.
Segundo: la UE responderá con otro cheque, porque es lo único que sabe firmar. Frente a eso, España necesita algo más exigente que el señalamiento ritual del presidente de turno: una política de Estado hacia Marruecos que sobreviva a las alternancias, y una voz en Bruselas que deje de confundir la externalización de la frontera con su defensa.
Pero por encima de todo lo apuntado, España necesita algo previo a cualquier diseño de política exterior: superar esta etapa de bronca continua, de corrupción goteando en los titulares y de desasosiego ciudadano.
La política exterior es la prolongación de la fortaleza interior de un Estado, y un país instalado en la crispación permanente es incapaz de sostener en el tiempo la política de Estado consensuada que un vecino como Marruecos exige. Rabat —como Washington y París— no lee solo nuestros comunicados: lee nuestras encuestas, y un Estado enfrentado consigo mismo llega descontado a todas las mesas. No hay política exterior que ordenar si la casa está hecha un desastre; y en las casas agrietadas, las réplicas no encuentran resistencia alguna.
El seísmo se sintió en Ceuta. El epicentro estaba en Bruselas. Y Rabat, que lleva medio siglo leyendo los sismógrafos de Europa, ya está calculando la siguiente réplica.
