Este martes el Consejo de Ministros volverá a abordar medidas en materia de vivienda. Con las elecciones generales convocadas para el próximo 29 de noviembre y las Cortes disueltas, el Gobierno considera que el problema de la vivienda no puede esperar.
La dificultad de acceso a una vivienda es sobradamente conocida. Muchos jóvenes no imaginan ya un futuro en el que puedan abrir la puerta de una casa propia. Para otros, mantener un alquiler es una preocupación permanente.
La vivienda es presente, pero también futuro. Es la posibilidad de independizarse, formar una familia y saber dónde se va a vivir dentro de unos años. Cuando esa certeza desaparece aparece el miedo: a que los números nunca salgan, a que trabajar no sea suficiente, a que aquello que durante generaciones fue una expectativa razonable termine siendo inalcanzable.
Hay otro colectivo que conoce bien esa sensación.
Miles de abogados se acercan al final de su vida laboral sin saber en qué condiciones podrán jubilarse.
También ellos miran hacia delante y no encuentran una respuesta clara.
Quien tiene 30 años y no sabe si podrá acceder a una vivienda teme no poder construir su futuro. Quien tiene 60 y ha trabajado toda su vida sin saber qué pensión tendrá teme no poder sostenerlo. Son momentos distintos, pero la incertidumbre se parece mucho.
En ambos casos hay una pregunta elemental: después de trabajar y aportar durante años, ¿qué seguridad tengo sobre mi mañana?
En el caso de los mutualistas, esa incertidumbre tiene un nombre: pasarela al RETA.
El pasado 29 de julio las Cortes Generales aprobaron la Ley 2/2026, que abrió la posibilidad de que determinados profesionales integrados en mutualidades alternativas pudieran transferir sus derechos económicos acumulados al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos y convertirlos en periodos cotizados.
Un reglamento en tres meses
Pero aprobar la pasarela sobre el papel no era suficiente. Por eso la propia ley estableció que sus términos y condiciones debían desarrollarse reglamentariamente en un plazo máximo de tres meses.
No hablamos de una aspiración pendiente de debate político. Tampoco de pedir al Gobierno que inicie una política nueva. Hablamos de cumplir una ley aprobada por las Cortes y de ejecutar un mandato sometido a un plazo concreto.
Y ahí surge una pregunta difícil de eludir.
Si el problema de la vivienda merece que el Gobierno siga buscando respuestas pese al calendario electoral, ¿por qué miles de mutualistas tienen que asumir que su problema puede esperar?
¿Hay urgencias de primera y urgencias de segunda?
¿Quién establece esa jerarquía?
Plantear estas preguntas no significa enfrentar a unos ciudadanos con otros. La vivienda necesita soluciones. Lo difícil de entender es que la capacidad de actuar ante una necesidad social dependa del asunto del que estemos hablando.
La urgencia no debería depender de su presencia en titulares, en el debate político o en las encuestas.
También existe una urgencia silenciosa.
La de quien abre cada mañana su despacho sabiendo que lleva décadas trabajando pero continúa sin poder calcular con certeza su jubilación.
La de quien ha realizado aportaciones durante años y sigue esperando saber cómo serán reconocidas.
La de quien necesita decidir si continúa trabajando, cuándo puede retirarse o qué recursos tendrá cuando deje de ejercer.
Eso también es miedo al futuro. Y para muchos es ya un problema del presente.
El Gobierno lo único que tiene que hacer es aprobarlo
En los mutualistas hay una circunstancia clara: el Gobierno no tiene que crear desde cero una solución política. Las Cortes ya la aprobaron. Lo que falta es desarrollar el reglamento que permita hacerla efectiva.
Cada mes de retraso importa. La ley establece que los mutualistas dispondrán de un año desde la entrada en vigor del reglamento para solicitar la transferencia. Sin reglamento, ese plazo ni siquiera puede empezar.
La consecuencia es paradójica. El Parlamento reconoció el problema, aprobó una solución y fijó un plazo para desarrollarla, pero quienes esperan beneficiarse de ella continúan sin poder ejercer ese derecho porque falta la norma que debe hacerlo posible.
Por eso desde la abogacía debemos plantear una cuestión sencilla: ¿qué justifica que una urgencia permita seguir actuando y otra obligue a esperar?
Los ciudadanos difícilmente entenderían que el calendario electoral sirva para unas cuestiones y no para otras. Mucho menos cuando lo que se reclama no es una promesa nueva, sino el cumplimiento de una ley ya aprobada.
No hay ciudadanos de primera y de segunda. Tampoco debería haber miedos de primera y de segunda.
El miedo a no tener una casa donde construir una vida merece respuestas. Y el miedo a llegar al final de una vida de trabajo sin una jubilación suficiente también.
Las Cortes ya hablaron. Aprobaron la pasarela, encargaron al Gobierno su desarrollo y fijaron un plazo.
Ahora corresponde cumplirlo.
Porque la abogacía tampoco puede esperar.
