Hoy, 3 de enero de 2025, el BOE estrena año publicando la Ley Orgánica 1/2025 de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.
Llegan los tribunales de instancia con la Ley de Eficiencia Procesal, pero sin dotación ni más plazas de jueces
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03/1/2025 14:04
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Actualizado: 04/1/2025 00:50
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Hoy, 3 de enero de 2025, el Boletín Oficial del Estado (BOE) estrena año publicando la Ley Orgánica 1/2025 de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia. Una norma que vio la luz el pasado 19 de diciembre tras haber sido aprobada en el Congreso de los Diputados.
La ley introduce dos líneas de actuación, una reforma organizativa y otra procesal. Para el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, la aprobación de esta norma da un paso «fundamental» en la transformación de la Administración de Justicia para adaptarla a las necesidades de la ciudadanía en el siglo XXI.
Uno de los principales cambios que contempla esta ley es la creación de los tribunales de instancia, que integrarán los actuales juzgados unipersonales en una estructura colegiada por partido judicial. Un cambio que reducirá los más de 3.800 juzgados unipersonales existentes a 431 Tribunales de Instancia.
Además, se establecerán las Oficinas de Justicia en los Municipios, que funcionarán como enlaces directos entre los ciudadanos y la Administración de Justicia. En ellas se podrán realizar toda una serie de actos y trámites procesales de manera telemática sin tener que desplazarse a una capital de provincia.
Sin embargo, en lo que respecta a los tribunales de instancia, las asociaciones judiciales plantean serias dudas.
«Será un fracaso» al no ir acompañada de la suficiente dotación de medios
Para María Jesús del Barco, presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), esta ley será «un fracaso» al no ir acompañada de la dotación suficiente de medios. A pesar de que considerarse una persona optimista, en este caso no lo es. Pues esta nueva organización, «más allá de cambiar el cartel de juzgado a tribunal de instancia, no va a hacer muchos más cambios».
A del Barco le parece imposible hablar hoy, e incluso en un año y medio, de su aplicación efectiva tal y como se pretende en la ley de los tribunales de instancia. Además apunta que supone un cambio en la propia estructura del edificio judicial.
Por otra parte, cree que es una reforma -«otra más»- que les diluye. Según concreta, cada ley ha ido poco a poco reduciéndoles sus competencias. «Y ahora con el tribunal de instancia, donde ni siquiera tienes tu juzgado, tu destino, nos arrinconan todavía más y perdemos el control del procedimiento y de la tramitación sobre los asuntos que tenemos que resolver».
Le parece un desastre lo que va a pasar. No obstante, señala que tiene cosas buenas como, por ejemplo, la mediación. Algo que ve que en algunas materias como en derecho de familia va a funcionar muy bien.
Pero por otra parte cree que los tribunales de instancia van a servir de «excusa» para no hacer la dotación de medios al no crear ni juzgados ni plazas de jueces. Está convencida de que a medio plazo no funcionará.
Una ley como «múltiples ambigüedades»
Desde la Asociación Francisco de Vitoria (AJFV) explican que tendrán que constatar si están ante una verdadera transformación positiva de la Administración de Justicia o, como se temen, ante un «mero cambio de denominación ineficaz e insuficiente».
El portavoz Sergio Oliva resalta que el texto legal presenta ambigüedades, imprecisiones y faltas de concreción que dejan abierta la posibilidad de que todo cambie de nombre para que finalmente siga igual.
Todo ello, además, «si se toma en consideración que la normativa no va acompañada de dotación presupuestaria alguna que permita garantizar la efectiva implantación del nuevo modelo». Algo que sería muy importante porque «la extraordinaria carga de trabajo de los jueces no se va a aliviar con la reforma».
Pone como ejemplo que los jueces destinados en juzgados de violencia sobre la mujer tendrán que asumir más competencias sin más medios, ni personales, ni materiales, lo que provocará su colapso.
«Y lo que es más grave, la tutela judicial efectiva de la ciudadanía, con pleitos señalados dentro de muchos años seguirá quebrándose si no hay una inversión económica real para dar solución al grave problema», confiesa Oliva.
AJFV se ha pronunciado en el pasado sobre la necesidad de un nuevo modelo organizativo que redunde en una mayor flexibilidad y optimización de los recursos existentes, que respete la independencia del juez y su función jurisdiccional. Pero esta nueva ley «sin una decidida inversión económica, no podrá cumplir su finalidad».
«Un paso en el camino adecuado a la modernización»
Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) está a favor de esta ley. Su portavoz, Edmundo Rodríguez, explica que es un paso en el camino adecuado a la modernización y a la búsqueda de un mejor servicio a la sociedad.
Desde su punto de vista, los tribunales de instancia son un avance. «Permitirán el trabajo colegiado y más racional en la primera instancia, y al tiempo, incrementar la dotación judicial sin necesidad de crear nuevos juzgados».
Por otro lado, señala que la creación de las oficinas de justicia municipales permitirá realizar actuaciones telemáticas y dotará a los 3.800 ayuntamientos españoles «de una forma práctica de cooperación judicial».
Ahora bien, destaca que, para ello, hace falta dotación y presupuestos, así como un mayor número de jueces, lo que se traduce en «multiplicar las plazas en las oposiciones e inversión para hacer realidad sus previsiones».
«Mueve los muebles de sitio», pero no soluciona «los males de la Justicia»
Para Foro Judicial Independiente (FJI) esta ley parte de un presupuesto equivocado. Según su portavoz, Fernando Portillo, la sobrecarga no se arregla dejando los mismos medios materiales y humanos pese a organizarse de otra forma. Esto no acaba con «los males de la Justicia» y es «ilusorio».
«Organizar las cosas de forma diferente puede mejorar en algún punto», pero ello no se puede solucionar «sin una suficiente dotación presupuestaria que ya sabemos que no se va a acompañar». Recuerda que el principal problema que tiene España es su gran numero de asuntos al haber una gran litigiosidad, algo que revela un informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Una norma que, tal y como apunta, «mueve los muebles de sitio» pero con el mismo número de jueces sacando los asuntos, por lo que se pregunta el motivo por el cual no se ha aprovechado esta ley para dar solución a este problema.
Además, Portillo considera que esta ley trae riesgos según como se desarrolle. Explica que no queda claro el articulado de la ley, el cual califica de «deficiente» desde el punto de vista de la técnica legislativa. Cree que esta nueva organización acabará siendo un castigo para los jueces y que se convertirán «en una especie de fiscalías».
Es decir, que lo que ocurrirá será que cuando un juez se ponga enfermo o este de vacaciones sea sustituido de forma inmediata por otro. Lo que hará que lleve su juicio y el de su compañero, trayendo consigo un empeoramiento de las condiciones. Portillo hace hincapié en que se obvia que el trabajo de los jueces no sólo es estar en sala de vistas, sino que tienen que estudiar los asuntos para poner sentencias, autos de recurso o atender a los abogados.
«Todavía está por llegar aquel Gobierno que de verdad se empeñe en querer solucionar el problema de la Justicia» y «que inviertan en dónde hace falta».
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