La Asociación Profesional de la Magistratura (APM) ha participado este martes en la reunión de la Comisión Europea para la elaboración del informe sobre el Estado de Derecho 2026. Un acto en el que la asociación ha mostrado su preocupación ante la intromisión política en la Justicia en España, y el debilitamiento del Estado de Derecho en el país.
Muchas han sido las modificaciones que, en los últimos meses, ha sufrido el Poder Judicial en España.
Unos cambios, entre los que se encuentra el intento de reforma de la elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la llegada de la conocida como Ley de Eficiencia, o el cambio en el acceso a las carreras Judicial y Fiscal que, ahora, la APM ha llevado ante Europa.
En concreto, ante la Comisión Europea, donde la asociación de la magistratura ha mostrado su preocupación ante «la ausencia de mejoras estructurales en independencia judicial, contrapesos institucionales y dotación de medios».
Un contexto en el que la APM ha trasladado al organismo europeo «su preocupación por el deterioro de las garantías del Estado de Derecho» en España. Ello, enfocando esta preocupación en la intromisión política en el Poder Judicial.
La preocupación de la APM por la protección del Estado de Derecho
Una intervención ante la Comisión Europea en la que la APM ha puesto de manifiesto su preocupación ante el incumplimiento de España ante la recomendación europea en la reforma del sistema de elección del CGPJ.
Ello, recordando la asociación que, pese a que sí se ha renovado el órgano de los jueces, no se ha modificado el modelo de designación parlamentaria de los mismso.
Del mismo modo, la APM ha querido mostrar su reticencia hacia la reforma anunciada sobre el acceso a las carreras judicial y fiscal por parte del ministro Félix Bolaños. Una modificación que, para la asociación, «desplaza el control de los procesos de selección hacia el Poder Ejecutivo».
Injerencia política que también ha remarcado la asociación en cuanto a algunas declaraciones políticas que se han realizado, y que «deslegitiman genéricamente a jueces y tribunales».
Contexto en el que la asociación ha advertido de «serias disfunciones organizativas» provocadas por la implantación de la L.O. 1/2025, y en concreto, de los tribunales de instancia. Disfunciones derivadas de una reorganización diseñada desde el departamento ministerial, pero «sin inversión proporcional en jueces, personal, infraestructuras y tecnología».
Situación ante la que la APM ha asegurado que estas reclamaciones no son «privilegios», sino «condiciones estructurales» necesarias para que el Poder Judicial cumpla su función institucional. Y así, se siga defendiendo el Estado de Derecho.
