Una concentración en Valencia, debida a la huelga educativa del sector desde el pasado 11 de mayo, se ha convertido en polémica, debido a un altercado entre un agente de la Policía Nacional y una de las manifestantes. Un suceso que pronto se hacía viral en las redes sociales, y tras el que el agente podría enfrentarse a consecuencias administrativas y penales.
Más de veinte días han pasado desde el comienzo del parón indefinido de la Educación pública valenciana, que reclama, entre otros, nuevos consensos de retribuciones salariales, ratios, inversiones en Educación, etc.
Una huelga educativa que parece enquistarse dentro de las negociaciones entre sindicatos y Consejería de Educación de la Comunidad Valenciana, provocando situaciones de tensión en las distintas protestas callejeras.
Y ha sido una de estas protestas la que se ha convertido en el foco de la polémica.
No debido a su contenido, sino a un suceso que se producía este domingo, cuando un empujón de un agente de la Policía Nacional, que buscaba controlar las protestas en plena carretera, provocaba que una manifestante cayera al suelo, fracturándose la nariz.
Hechos ante los que la mujer, profesora jubilada, ha presentado una denuncia por los hechos, y abriendo la Policía Nacional un expediente al agente que llevó a cabo la acción.
Un empujón que, tal y como explican expertos a Confilegal, puede tener serias consecuencias para el agente.
La vía del derecho administrativo
Por un lado, el agente se enfrenta a consecuencias por este empujón desde la perspectiva del derecho administrativo.
«De un lado, el inicio de un expediente disciplinario, para evaluar si efectivamente se ha producido una extralimitación en el ejercicio de sus funciones», explica a Confilegal Antonio Benítez Ostos, socio director de Administrativando Abogados.
Una investigación que, según la gravedad, puede incluir dos tipos de sanciones internas. Por un lado, si se considera una falta muy grave o grave, puede conllevar «la suspensión de funciones, pérdida de destino o la separación definitiva del servicio».
Por otro lado, también pueden decidirse «medidas cautelares, como la suspensión provisional de empleo y sueldo mientras se resuelve formalmente el expediente».
«Asimismo y de forma paralela, cabe la posibilidad de que la afectada inicie una acción de responsabilidad patrimonial frente al Ministerio de Interior. Es decir, que solicite una indemnización por los daños y perjuicios ocasionados», explica Benítez Ostos.
Una apertura de posibilidades en el determinar si la fuerza interviniente fue proporcionada a la gravedad de los hechos será, según Antonio Benítez Ostos, la clave del caso.
«Cierto es que la actuación policial se produjo por la espalda y con cierta vehemencia pero hay otras muchas cuestiones y extremos que personalmente desconozco y que deberían de ser analizados, tales como: ¿se había advertido antes a la viandante y/o a los manifestantes de que se encontraban fuera del perímetro autorizado y habían desobedecido?, ¿se estaba poniendo en riesgo la seguridad en el tráfico e incluso la integridad de los manifestantes al intentar cortar por la fuerza una carretera en plena circulación?», plantea.
Una vía penal para el agente de la Policía Nacional
Sin embargo, el agente de Policía también podría enfrentarse a consecuencias penales, según las imágenes que se han hecho públicas de los hechos en redes sociales.
«En los vídeos se aprecian acciones por parte de los agentes que aisladamente consideradas podrían ser constitutivas de delitos contra la integridad física», explica a Confilegal Gonzalo Bentabol, especialista en Derecho Penal.
En concreto, la imagen del presunto empujón del agente a una mujer que camina de forma pacífica, la cual cae al suelo.
«La calificación indiciaria de esta acción desde el punto de vista penal dependerá de los daños corporales que presente la perjudicada, que si no presenta lesión podría calificarse de un delito leve de maltrato. O, si presenta lesiones, podría ser constitutivo de un delito de lesiones grave o leve», explica el experto.
Situación ante la que «sólo cabría imponer una pena de suspensión o inhabilitación en el hipotético caso de que se calificasen los hechos como delitos de lesiones grave, y se le impusiera una pena de prisión».
Un contexto en el que Bentabol advierte que es importante la prudencia.
«Se entiende, sin perjuicio, que el video examinado no es suficiente para valorar la actuación del agente, puesto que no debemos olvidar que aquel actuaba en el ejercicio de sus funciones» expone el experto.
Algo por lo que será clave «valorar el contexto, para analizar si su actuación fue necesaria y proporcionada para el cumplimiento de su deber. O sí, por el contrario, fue abusando de sus funciones, con ánimo de atentar contra la integridad de la mujer afectada».
