Apenas una semana después de que el Congreso diera luz verde a la Pasarela RETA el presidente del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Salvador González, se ha sentado frente a la ministra Elma Saiz con el objetivo de que no se quede en papel mojado por culpa de la burocracia.
González, acompañado por Ignacio Gally y Borja Vargues, ha trasladado a la ministra la necesidad de acelerar al máximo el desarrollo reglamentario. No es para menos; tras años de reivindicaciones, miles de abogados y abogadas aguardan una solución que les permita acceder a una jubilación digna, un derecho que la propia Constitución reconoce y que hoy es el centro de la preocupación de todo un sector.
Un diálogo necesario con todos los frentes
La postura de la Abogacía es clara: no basta con legislar rápido, hay que legislar bien. El presidente del CGAE ha insistido en que el reglamento debe ser fruto del consenso, pidiendo expresamente que se escuche a las asociaciones, plataformas y sindicatos de mutualistas.
«La aprobación de la ley ha sido un paso importante, pero ahora comienza la fase decisiva», ha advertido el presidente, subrayando que la seguridad jurídica es innegociable para quienes enfrentan su retiro con inquietud.
Por su parte, la ministra Saiz ha recogido el guante, calificando la norma como «imprescindible» para proteger a los profesionales y comprometiéndose a una tramitación de urgencia para los plazos reglamentarios.
Hoja de ruta para septiembre
Mientras el Ministerio se pone manos a la obra, el CGAE no baja la guardia. El mismo día del encuentro, González ha dado cuenta de los avances ante el Pleno del Consejo y ya ha marcado en rojo una fecha en el calendario: el 3 de septiembre, día en el que se reunirá con los diferentes colectivos de mutualistas afectados para coordinar los próximos pasos.
El compromiso de la institución parece firme, no solo con quienes ya están dentro de la Pasarela RETA, sino también con aquellos abogados que han quedado fuera y por quienes el presidente ha prometido seguir trabajando. La batalla por una jubilación justa para la abogacía entra ahora en su «etapa de los detalles», donde la agilidad reglamentaria decidirá el futuro de toda una generación de profesionales.
